Uri Landman
Para Lampadia
La semana pasada analicé muy sucintamente la sentencia del “Caso Barrios Altos” y “La Cantuta”, por la cual se condenó a Fujimori a 25 años de cárcel por ser el autor mediato de asesinato y secuestro. Expuse por qué Fujimori no podía ser condenado por delitos de lesa humanidad, tal y como reconoció el mismo presidente de la Sala Penal, el juez Cesar San Martín. También alcé mi voz de protesta, ante la esperada dilación de la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual ordenaba la liberación inmediata de Fujimori.
Como era previsible, los familiares de las víctimas, apoyados por un ejército de ONG caviares, salieron a todos los medios que les dieron cabida, para reclamar por la supuesta “vulneración de los derechos humanos de las víctimas” y para solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Corte IDH”, medidas provisionales para “garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”.
La Corte IDH, que hace años ha sido tomada por una banda de caviares organizada, hizo eco inmediato de los reclamos de las ONG y con una celeridad inusual emitió la resolución del 30 de marzo mediante la cual requiere al estado peruano, que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional que dispone la liberación de Fujimori.
La Corte IDH alega en su resolución, que no se debe liberar a Fujimori, dejando de lado sus propios derechos humanos hasta que la Corte “pueda evaluar las medidas provisionales solicitadas y que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”. Desde esta columna, pregunto a todos los ilustrados de la Corte: ¿Qué daño irremediable se puede producir al liberar a Fujimori, una persona enferma de 83 años de edad, con impedimento de salida del país?
Las víctimas de ambos casos ya recibieron justicia. El sistema judicial peruano condenó a Alberto Fujimori por los crímenes que se le imputaron, a mi modesto entender de manera injusta, pero finalmente fue condenado. En nuestro país no se dieron leyes de amnistía a los miembros de las fuerzas armadas, como sí lo hicieron en otros países. Muchos policías y militares fueron acusados injusta y falsamente por un sistema copado por caviares, quienes, en complicidad con filo terroristas, mandaron a prisión a nuestros héroes de la lucha antiterrorista. Conozco de manera personal a más de uno.
En el caso específico de Fujimori, el sistema judicial lo condenó a 25 años de prisión, los cuales ha venido cumpliendo en el penal de Barbadillo. Pero el sistema judicial peruano, también reconoce el derecho al indulto que existe en nuestra Constitución. Según el artículo 118 inciso 21 de la Constitución, son atribuciones del presidente: “Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatorio.”
El indulto presidencial en nuestro país es totalmente discrecional y no depende de la salud del procesado, de su condición judicial o de tantos otros cuentos que nos quieren hacer creer los “expertos constitucionalistas”. Es mi humilde opinión, que la figura del indulto humanitario en el caso de Fujimori fue totalmente innecesaria. Con la sola acción del presidente de la República quien en uso de sus atribuciones constitucionales concede el indulto, hubiese bastado para dejar libre a Fujimori les gustase o no a los caviares.
Pero como PPK era un presidente mediocre rodeado de caviares, quienes finalmente lo obligaron a renunciar, éste no defendió su poder presidencial a otorgar el indulto.
Para los que me digan que en una democracia el poder para indultar del presidente no puede ser discrecional, les recuerdo que en la democracia más antigua del mundo, la norteamericana, el Presidente de los Estados Unidos puede indultar a quien mejor le parezca sin tener que dar mayores explicaciones.
Como ya conocemos la hipocresía y doble moral de los caviares, no nos sorprende cuando el abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Rivera, sale en todos los medios para hablar en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional y para exigir a la Corte IDH que ordene al estado peruano no liberar a Fujimori. Pero se olvida que uno de sus compañeros de trabajo en el IDL, el sentenciado por terrorismo Gerardo López de Castilla, fue indultado por Diego García Sayán cuando era presidente Paniagua, por padecer de la grave enfermedad de “diabetes”. Allí no había preocupación por garantizar el derecho a la justicia de las miles de víctimas de los terroristas.
Ante el pronunciamiento de la Corte IDH, que ha requerido al Estado peruano a no liberar a Fujimori, deberíamos hacer dos cosas: liberar a Fujimori y acto seguido retirarnos de la Corte. Para los que me quieran acusar de Fujimorista (como si fuera algo malo) les quiero aclarar que mi postura de retirarnos de la Corte IDH nada tiene que ver con el tema de Fujimori. En artículos anteriores ya he expresado mi opinión acerca de la Corte y por qué el Perú en defensa de su soberanía y dignidad se debería retirar lo antes posible.
Por supuesto, hay quienes dirán que retirarnos de la Corte nos convertiría en “parias internacionales”, pero les recordaré, que ni Estados Unidos ni Canadá, forman parte de la Corte y el país inspirador de todos los comunistas y caviares peruanos, Cuba, tampoco.
Para aquellos otros que dirán que es obligatorio cumplir las resoluciones de la Corte o habrá “graves consecuencias”, les recuerdo que Estados Unidos ha hecho caso omiso a más de una resolución de la CIDH que contradecía sentencias de su Corte Suprema. Para muestra un botón. El 18 de marzo del año 2018 la CIDH instó a los Estados Unidos a no ejecutar a Russell Bucklew, a otorgarle una reparación efectiva, conmutar su pena de muerte y que el Estado garantice que sus condiciones de detención sean compatibles con la dignidad humana.
Bucklew quien había sido condenado a muerte por violación, asesinato y secuestro, luego de un ataque a su ex novia, su nuevo compañero y su hijo de seis años, fue ejecutado el 1 de octubre del 2019.
¿Saben que consecuencias tuvo para Estados Unidos las resoluciones condenatorias de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ninguna.
Es hora que nuestros políticos se pongan los pantalones, o lo haremos nosotros. Como decía el general Charles de Gaulle “He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”. Lampadia
