Uri Landman
Para Lampadia
La leyenda de El Dorado, una ciudad con inmensas riquezas de oro, surgió con la llegada de los conquistadores españoles a Sudamérica. Existieron muchas versiones de esta leyenda, sin embargo para la mayoría de historiadores, estuvo basada en la ceremonia del indio dorado de la laguna de Guatavita, en el Virreinato de Nueva Granada, actual Colombia.
Parecería que otra versión de “El Dorado”, estuvo ubicada en la región de Madre de Dios en nuestro país, por la gran cantidad de oro que se encuentra allí.
Lamentablemente la extracción de oro en Madre de Dios es ilegal y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso.
Según estudios del Proyecto Prevenir de USAID, existen alrededor de 50,000 mineros ilegales en esta región de nuestra selva. En el periodo del 2001 al 2022, se han destruido 301,775 hectáreas de bosques amazónicos, un área superior a toda la ciudad de Lima. La deforestación en esta zona es tan grave y extendida, que se puede ver desde el espacio.
Lo más grave de todo, es que esta masacre ecológica no es nueva y ocurre a vista y paciencia de las autoridades. El boom de la minería ilegal en Madre de Dios, se dio en los años 2007-2008 durante el gobierno de García y se acentuó en el gobierno de Humala. Con el transcurrir de los años, el gobierno ha dado una serie de leyes que han dado un velo de legalidad a la minería informal e ilegal en esta zona.
La minería ilegal ha crecido a tal nivel en nuestro país, que hoy en día representa la primera economía ilegal, encima del tráfico ilícito de drogas. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el año 2023, se exportaron 77 toneladas de oro ilegal, lo que representa cerca de 4,800 millones de dólares. En Sudamérica, el Perú ocupa el primer lugar, exportando el 44% del oro ilegal del continente. Según algunos estimados la minería ilegal representa el 50% de toda la minería de oro en nuestro país. Los tentáculos de la minería ilegal están metidos en todos los niveles de la política y la justicia.
La semana pasada se conoció la noticia que el tristemente célebre presentador de televisión, Andrés Hurtado, estaría involucrado en una trama de tráfico de influencias y corrupción.
Según declaraciones de Ana Siucho, Hurtado habría cobrado la suma de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, la devolución de 200 kilos de oro que habían sido incautados por el Ministerio Público.
Según este testimonio, el señor Javier Miu Lei, primo de la primera, les solicitó a sus hermanos el contacto con el presentador Hurtado, en vista que este se jactaba de sus influencias con jueces y fiscales. Según Ana Siucho, el cargamento de oro incautado, finalmente fue devuelto a su primo en el año 2022.
Este es solamente el último escándalo, de una larga lista de oro ilegal, que se conoce en nuestro país. Hace unas semanas se conoció el caso de los mineros ilegales de Pataz, que llevan una vida de lujos, que difícilmente se puede explicar con las actividades declaradas. La policía detuvo a Gregorio Palermo, el cabecilla de una organización criminal dedicada a la minería ilegal, que desde el 2020 al 2024 amasó una fortuna de 500 millones de soles por dicha actividad criminal.
Una de las mayores trabas a la lucha contra la minería ilegal es el REINFO, Registro Integral de Formalización Minera, creado en el año 2016 durante el gobierno de Humala. Supuestamente el REINFO era un proceso para la formalización de miles de mineros artesanales pero que en la realidad ha servido para que cientos de miles de mineros ilegales operen bajo la fachada que supuestamente están en proceso de formalización.
Se necesita cambiar radicalmente la legislación para la extracción, comercialización y exportación de oro, si queremos acabar con las mafias, pero sobre todo con la minería ilegal que está destruyendo nuestra riqueza natural y biodiversidad.
Al igual que se hace en otros países, el Banco Central de Reserva, debería ser el único autorizado para comprar y exportar oro en el país. Esta medida atacaría el problema en todos sus niveles. Las empresas grandes y legalmente constituidas, no tendrían mayores inconvenientes en vender su oro al BCR, el cual pagaría el precio internacional del mismo. Los mineros artesanales que verdaderamente están en proceso de formalización, tampoco tendrían mayores trabas para vender su oro, con la ventaja que de esta manera obtendrían un precio mucho mejor al que obtienen actualmente, ya que tienen que venderlo a intermediarios que cobran comisiones altísimas.
Los mineros ilegales, no podrían vender ni exportar su oro, por lo que se verían obligados a entrar, esta vez de verdad, en un proceso de formalización, con el cual se podría controlar los verdaderos orígenes del oro (ríos de la Amazonía) y las fuentes de financiación. Se acabarían la mayoría de las mafias que actualmente controlan los miles de millones de dólares del negocio del oro ilegal.
Nuestra riqueza natural debe ser protegida por todos nosotros y no podemos aceptar que sea destruida de manera impune, ya sea por mineros ilegales o por la complicidad de nuestras autoridades.
No todo lo que brilla es oro. Lampadia
