Uceda / Luna Victoria / Torres
Briceño y la Confiep
Ricardo Uceda
El Comercio, 8 de diciembre del 2024
“Briceño dice no comprender completamente por qué Speziani le atribuyó el manejo de los fondos donados por Odebrecht, cuando no era cierto”.
Una reciente decisión de la Corte Suprema ha producido un giro en el proceso que afecta al empresario Ricardo Briceño. Fue acusado de lavado de activos en el denominado Caso Cocteles, que se origina en donaciones supuestamente ilícitas a dos campañas electorales de Keiko Fujimori. La iniquidad destacó por las fuertes evidencias de que no donó dinero ni fue intermediario para tal fin. El título del libro que Briceño presentó hace unos días –”¿Qué hago yo aquí?” (Aguilar, 2024)– responde precisamente al sinsentido de haber sido llevado a juicio sin pruebas o, mejor dicho, con pruebas de que está siendo imputado falsamente.
Ahora, por orden de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, se abre el camino para que el juez responsable examine las evidencias que no quiso ver, en contubernio con la fiscalía. Pero una revisión de lo que ocurrió revela que no solo hay magistrados en la parte fea de la historia.
La imputación a Briceño se origina en declaraciones del representante de Odebrecht, Jorge Barata, ante el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez y el procurador brasileño Orlando Martello. Barata sostuvo que en el 2011 dio US$200.000 a la Confiep para apoyar la campaña de Keiko Fujimori. La donación, dijo, se debió a un pedido que le hizo Briceño, entonces presidente de la confederación, en presencia de los principales empresarios del Perú. En la coyuntura se decidía la segunda vuelta electoral entre Fujimori y Ollanta Humala, al que se consideraba enemigo de la inversión privada. En el 2018, en un allanamiento a la Confiep, el Ministerio Público encontró un comprobante de donación de Odebrecht por la cantidad que indicó Barata. Era para una “campaña de medios sobre el proyecto de inversión privada II”, y llevaba la firma de Briceño.
Cuando la fiscalía le abrió investigación, dentro del contingente de 46 personas comprometidas en el Caso Cocteles, añadió un nuevo elemento. Dijo que Briceño había donado S/11.100 de su peculio a Fuerza 2011, que era como se llamaba Fuerza Popular en aquel entonces. Este dinero, sostuvo, no había sido declarado a la ONPE. Además, le atribuyó haber organizado en su casa de Las Casuarinas, un coctel de recolección de fondos para la candidatura.
Al comienzo, a Briceño no le pareció difícil aclarar todo. Había muchos testigos de que en la reunión de la Confiep no le solicitó a Barata fondos para Fujimori. Luego, la donación de Odebrecht fue para una campaña de imagen que destacara el rol de la inversión privada. Suscribió el convenio cuando ya no era presidente de la confederación, porque su sucesor, Humberto Speziani, aún no estaba habilitado por los registros públicos. Por otra parte, no era cierto que en el 2011 donó dinero personal a Fujimori sino a la campaña de Kuczynski, conforme figuraba en la ONPE. Finalmente, no organizó ningún coctel en su casa, la que tampoco quedaba en Las Casuarinas. La dirección que señaló la fiscalía pertenecía a otra persona.
¿Por qué, entonces, terminó incluido en el requerimiento acusatorio, en el 2021? En entrevistas y comentarios periodísticos aparece en primer plano, como maligno protagonista, el fiscal José Domingo Pérez, pero esa figura no refleja toda la verdad.
Efectivamente, el Ministerio Público tuvo los elementos para comprobar que hacía una imputación falsa. Contaba con los documentos probatorios de que la Confiep gastó la donación en una campaña publicitaria institucional. El dinero no ingresó a Fuerza 2011 para ser pitufeado, como ocurrió con otros casos. Cuando Barata fue interrogado por segunda vez, cambió los términos de su declaración respecto de Briceño: dijo no recordar quién habló ni qué le pidieron, solo sabía que entregó la donación. La evidencia de que Briceño no era fujimorista resultaba incontrastable. Los funcionarios de la Confiep interrogados dijeron que no tuvo control sobre la forma en que se gastó la donación. En un acta de consejo directivo, del 31 de mayo del 2011, que tuvo más de 40 asistentes, se recogen las palabras de Speziani, el presidente en funciones, quien sostuvo que la campaña en medios −financiada con la donación− debía mantenerse y mejorarse, previa evaluación. Speziani estaba, pues, al timón. No obstante, declaró a la fiscalía que fue Briceño y no él quien manejó los fondos que llegaron de Odebrecht, pese a que ya no presidía la Confiep.
Esta declaración fue un baldazo de agua fría para Briceño, cuya posición, pese a las evidencias favorables, quedaba debilitada. El fiscal Pérez construyó una teoría según la que, desde fuera de la Confiep, en su calidad de expresidente, había sido un agente de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori para captar fondos lícitos, habiendo logrado reunir US$2′077.500 de diversas compañías en favor de su candidatura. Lo hizo, indica, adulterando balances y estados financieros de la organización. La acusación no contenía pruebas. Tomó la cifra del total aportado por diversas empresas para promover la inversión privada, y atribuyó a los mensajes de esta campaña institucional el propósito de “generar incertidumbre, zozobra, confusión”, a fin de impedir que ganara Humala. La imputación de estafa a la Confiep fue a otra fiscalía, donde se determinaría si hubo fraude. Si este se comprobaba la acusación de lavado –que se origina en una actividad ilícita– tendría consistencia. Pero la fiscal Janine León, de un despacho penal de La Victoria, archivó la denuncia: no fue desviado un centavo de la Confiep.
El fiscal Pérez, sin embargo, continuó con su tesis. Peor aún, ello fue permitido por el juez que controlaba la acusación, Víctor Zúñiga. La deplorable actuación de este magistrado en el Caso Cocteles ha sido abundantemente documentada, y su parcialidad expuesta por un fallo judicial que confirmó la violación del derecho de defensa del abogado Arsenio Oré. No deben sorprender nuevas sentencias en el mismo sentido. Una de ellas la del propio Briceño, pues con la última resolución de la Corte Suprema, que lo favorece, es inminente que una sala constitucional superior ordene al juez que vuelva a resolver un pedido de sobreseimiento que rechazó. Pero ahora considerando la resolución de la fiscal León que fue ignorada. Al no haber delito fuente, la acusación por lavado de activos se caería.
La parte final del libro de Briceño reflexiona amargamente sobre lo que considera el silencio de la Confiep durante las investigaciones. La Confiep entregó la documentación solicitada por la fiscalía y, con excepción del expresidente Speziani, la mayoría de sus funcionarios confirmó lo dicho por Briceño. Pero este deseaba un pronunciamiento oficial, que recién se dio en el 2023, bajo la presidencia de Alfonso Bustamante. El reclamo tiene asidero desde que Briceño estuvo imputado por acciones que realizó en calidad de representante de la organización, con acuerdo de sus directivos, y no como persona que dispone de su propio dinero, en cuyo caso correspondía que bailara con su pañuelo. De hecho, así han tenido que hacerlo los empresarios que donaron dinero de sus empresas para Keiko Fujimori, como Dionisio Romero (US$3′650.000) y Juan Rassmuss (US$7′600.000).
En cuanto a Speziani, Briceño dice no comprender completamente por qué le atribuyó el manejo de los fondos donados por Odebrecht, cuando no era cierto. Afirma tener algunas respuestas, pero no las explicita en el libro. Preguntado al respecto para esta nota, Speziani dijo que en el manejo de los fondos donados por Odebrecht no hubo delito y que su administración por la Confiep fue impecable, como lo demostraron dos auditorías independientes. Pero respecto de sus dichos controversiales ante la fiscalía, no se rectificó y dijo, aludiéndose:
−Humberto Speziani no ha faltado a la verdad.
¿Qué hago yo aquí? (spoiler)
César Luna Victoria
Perú21, 8 de diciembre del 2024
«Briceño no se ha envenenado de la injusticia que sufre y dando ejemplo, a pesar del alto costo que viene pagando en paz y salud, sigue creyendo en que los peruanos unidos, trabajando, seremos una sociedad justa”.
No es una pregunta para los demás, sino para uno mismo. Dante Alighieri se la hizo al empezar su Divina comedia: “… en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida, (…) no podría explicar cómo allí entrara, tan soñoliento estaba en el instante, en el que cierto camino abandonara”. Como quien se pregunta desorientado: “¿Dónde estoy?”. Pero hay desconciertos más complejos. En diciembre de 2001 se había decretado el ‘corralito’ en Argentina. Nadie podía retirar de los bancos más de 250 pesos o dólares. La moneda argentina estaba anclada al dólar y se sospechaba, con razón, que se venía una superdevaluación y, con ella, desaparecería esa convertibilidad de un peso por dólar. Protestas, saqueos, heridos y muertos. Mientras Argentina se iba al diablo, Hernán Casciari estaba de madrugada en un bar de Barcelona viendo por televisión cómo, después de 34 años, Racing volvía a ser campeón. No le gustaba el fútbol. Se había hecho hincha del Racing por su padre, porque de lo único que podía hablar con él era de eso. Había muerto hace poco y, al duelo, Casciari agregaba el no poder celebrar lo único que hubiese podido celebrar con su padre. Los parroquianos veían indiferentes la televisión, en la calle no había caravanas ni bocinazos, la gente caminaba en silencio y abrigada mientras la barra, en Buenos Aires, celebraba con bulla y a pecho calato. Se sintió en otra parte, donde Racing no era nada ni nadie era de Racing; lejos del dolor y de la fiesta, fuera de lugar, como en la regla del fútbol, la del off side, ‘orsai’ en español chapuceado. Le pondría ese nombre a la revista que lanzaría poco después.
¿Qué hago yo aquí? El 1 de julio de 2024 Ricardo Briceño también se lo preguntó. Era la primera audiencia del juicio contra Keiko Fujimori por haber recibido, supuestamente, aportes ilícitos para su campaña electoral de 2011. Con ella, estaban procesados un medio centenar de partidarios y simpatizantes, acusados, supuestamente, de ser una banda criminal organizada para lavar esos dineros sucios. Briceño nunca había simpatizado con el partido de Fujimori, sino con el de Kuczynski. Pero lo más importante era que el fiscal encargado de evaluar el “delito fuente” del lavado de activos había concluido que los hechos que se imputaban a Briceño no eran delito y que, por si hubiese dudas, tampoco los había realizado. Ignorando ese dictamen, sin prueba, ni evidencia, ni indicio, el fiscal Domingo Pérez incluyó a Briceño en la acusación. El juez Víctor Zúñiga tampoco realizó el control de legalidad, no lo sacó del juicio, se lavó las manos para no complicarse la vida y sopló la pluma a las cortes para que sean ellas quienes reconozcan su inocencia. Briceño también se sintió fuera de lugar; no le correspondía estar en el banquillo de los acusados.
¿Qué hago yo aquí? es el título que Briceño ha puesto a su relato de 200 páginas y a dos voces: la de su autobiografía, exitosa por donde hubiese caminado, y la de su testimonio en ese absurdo calvario judicial. No se hizo la pregunta para provocar alegatos de defensa, ni para generar simpatías, ni para levantar apoyos para vencer la mala leche de los fiscales y la cobardía de los jueces, porque habrá pronto quien lo absuelva, con toda razón. Se hizo la pregunta porque, cuando tuvo adversidad, no se compadeció de las desgracias ni se lamentó de las injusticias, sino que se rebeló contra ellas para vencerlas. Por eso, a pesar de ser un rehén de fiscales ideologizados que vienen utilizado la acusación como extorsión para que los empresarios sientan miedo de apoyar las ideas liberales que promueven la inversión privada, Briceño ha utilizado su propio caso como un alegato para defender el derecho de todos a participar en política, casi una obligación como vienen las cosas. Es de los pocos que no se limitan a pagar impuestos, sino que imaginan, proponen, trabajan y apuestan por un país mejor. Briceño no se ha envenenado de la injusticia que sufre y dando ejemplo, a pesar del alto costo que viene pagando en paz y salud, sigue creyendo en que los peruanos unidos, trabajando, seremos una sociedad justa. Apuesta a disfrutarla en paz, con libertad, con sus nietos, aquí en el Perú. Que así sea.
Clientelismo y meritocracia
Alfredo Torres
Perú21, 8 de diciembre del 2024
«La gestión del Banco Central de Reserva del Perú fue aprobada por 99% de los empresarios encuestados por Ipsos para CADE. En los más de 20 años que se realiza esa encuesta, nunca se había registrado una nota tan alta».
La gestión del Banco Central de Reserva del Perú fue aprobada por 99% de los empresarios encuestados por Ipsos para CADE. En los más de 20 años que se realiza esa encuesta, nunca se había registrado una nota tan alta. La elevadísima aprobación es el resultado del impecable manejo de la política monetaria, que ha permitido al Perú tener la moneda más estable de América Latina en las últimas décadas. Y el principal mérito lo tiene Julio Velarde, que preside el BCRP desde 2006; pero también es fruto de la autonomía que le garantiza la Constitución de 1993 y su ejemplar meritocracia, que destaca no solo por su solvencia técnica, sino por la completa ausencia de corrupción en lo que va del siglo.
El ejemplo viene a colación porque la corrupción es considerada, con razón, por la opinión pública peruana uno de los mayores problemas del país. Y así como una gestión meritocrática es el mayor freno a la corrupción, esta prolifera cuando el Estado sucumbe al clientelismo político; es decir, cuando las entidades públicas son capturadas para favorecer a los partidarios con puestos públicos o negociados.
El clientelismo siempre ha sido un problema, pero se volvió mucho más grave desde 2021, en que Pedro Castillo asumió el poder y empezó a repartir ministerios por “cuoteo” a las facciones de Vladimir Cerrón (Perú Libre), el Bloque Magisterial y sus paisanos de Chota. Con su fracasado golpe de Estado parecía que menguaba esta tendencia, pero lamentablemente no ha sido así. Los ejemplos abundan. Los casos de Petroperú, Osiptel y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) lo confirman.
En el caso de Petroperú, las designaciones de Alejandro Narváez y Oscar Vera no habrían sido solo una opción ideológica, sino también una reafirmación en el camino que ha seguido esa empresa desde hace décadas: engrosar sus filas y contratar proveedores vinculados al poder político. En el caso de Osiptel, Rafael Muente, el arbitrariamente suspendido presidente de esa entidad, lo ha expresado con claridad: el objetivo es tomar el control de los organismos reguladores y el primero en ser tomado “por asalto” ha sido Osiptel. El caso más reciente es la reestructuración en Ingemmet, que apunta —según denunciaron esta semana Comex y Perú21— a beneficiar a los mineros ilegales, clientela que corteja no solo el Gobierno, sino también varios partidos políticos.
El ataque a la meritocracia no solo proviene del Ejecutivo o el Congreso, sino también del sistema judicial. El fiscal José Domingo Pérez no solo se ha ganado un lugar en la próxima edición de la historia universal de la infamia con su persecución a un empresario honorable como Ricardo Briceño, sino también por su “exitosa” acusación sin pruebas a Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, dos calificados funcionarios que tuvieron la mala suerte de trabajar en Proinversión en el gobierno de Alejandro Toledo, quien tiempo después recibió una cuantiosa coima de Odebrecht por la carretera Interoceánica.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) fue creada en 2008. No ha tenido el impacto que se esperaba en impulsar la meritocracia por la resistencia de la mayoría de los Gobiernos elegidos desde 2011. En mayo de este año, la Comisión de Trabajo del Congreso, presidida por Waldemar Cerrón de Perú Libre, aprobó un dictamen para derogar la Ley de Servir. Felizmente, no prosperó. Una encuesta de Ipsos/Perú21 encontró que solo 29% de la opinión pública apoyaba ese proyecto. Para 59% de los encuestados, Servir debía ser fortalecida.
La ciudadanía la tiene clara. Otra encuesta de Ipsos/Perú21 efectuada en julio encontró que 85% de los peruanos coincidía en que “para que el Estado brinde mejores servicios se necesita promover la meritocracia”. Faltan poco más de 15 meses para las elecciones generales. Estemos atentos para votar por quienes se comprometan a impulsar la meritocracia en el Estado.
