Comentario de Lampadia
En Lampadia estamos de acuerdo con el último artículo de Steven Levitsky en el que califica de autoritarismo a la forma en que César Álvarez viene gobernando la región Ancash. Coincidimos en que es imperioso que este tema se convierta en problema de alcance nacional para que podamos abocarnos a su solución inmediatamente.
Este tema va más allá de Ancash. Ya hemos tenido problemas similares en otras regiones. Por ejemplo, en Cajamarca (ver: Bajo la “dictadura” de Santos), los periodistas locales son hostigados de igual o similar manera a la que denuncia Levitsky. Los ataques impiden que los corresponsales de medios capitalinos informen sobre muchas acciones que afectan a Santo o a sus aliados.
En el año 2011, hubo un caso dramático. Los radicales cortaron los tubos de agua y desagüe de Celendín. Un periodista independiente nos alertó de este hecho. Lo compartimos con otros medios limeños, pero ninguno lo publicó (salvo Jaime de Althaus), pues sus corresponsales, amedrentados, no quisieron confirmarles la noticia.
Fritz Dubois, en su columna del último domingo, refiriéndose a lo que ocurre en Anchash manifestó: “(…) el Estado ha dejado que algunos gobiernos regionales se conviertan en feudos donde ´el que no transa no avanza´ y que están siendo saqueados. (…) Las transferencias a los gobiernos municipales y a las regiones (…) han pasado de 3 mil millones el 2004 a 29 mil millones el último año. (…) Estando a seis meses de las próximas elecciones regionales y locales, sería fundamental empezar a actuar de inmediato para intentar transparentar ante el electorado quienes son los que más han pecado, con la esperanza de que no sean retornados. (…) Los casos más dramáticos serían (…) el de Alvarez en Ancash, (…) luego viene Cajamarca, y finalmente está el caso de Tumbes”.
Artículo original
El Autoritarismo Peruano
Por: Steven Levitsky
(La República, 06 de abril de 2014)
Varios miembros de la elite peruana –políticos, columnistas, Asia Sur– se han convertido en fervientes defensores de la democracia en Venezuela. Me parece bien: la represión del gobierno chavista debe ser condenada.
Pero ¿cómo es posible que un régimen igualmente (o más) autoritario dentro del propio Perú ha recibido mucho menos atención? ¿No debería haber un movimiento SOS Áncash?
Áncash ha caído en un autoritarismo parecido al régimen fujimorista de los noventa. El gobierno de César Álvarez construyó un estado paralelo que operaba, hasta hace poco, desde su propio SIN –La Centralita. En el mejor estilo montesinista, el gobierno soborna a jueces, fiscales, políticos, y medios. Según fuentes periodísticas, aproximadamente 20 periodistas cobran, como mínimo, unos 1,500 soles mensuales. Pagado por el gobierno, programas de varios canales de televisión (15, 25, 31, 47, Leal TV) y radio (Studio 99) buscan desprestigiar a los rivales de Álvarez a través de la “guerra sucia.”
No existe la libertad de prensa –elemento básico de la democracia– en Áncash. Los periodistas independientes son reglados, chuponeados, y amenazados de muerte, y uno ha sido asesinado. Por lo menos cinco periodistas han sido querellados. Al parecer, Álvarez ha sido un buen alumno de Fujimori y Montesinos.[Ver comentario de Lampadia].
Pero ni siquiera Fujimori mató a sus rivales políticos. Se han denunciado DIEZ asesinatos políticos desde 2010, incluyendo el presidente regional interino Luis Sánchez Milla, dos alcaldes (Pedro Tapia y José Montalván), un fiscal (Luis Sánchez Colona), un periodista (Pedro Flores Silva), una testigo clave (Hilda Saldarriaga), y hace un mes, el principal opositor a Álvarez, Ezequiel Nolasco. Han sido amenazados de muerte la fiscal Nancy Moreno, el candidato opositor Juan Calderón Altamirano, el alcalde Valentín Fernández Bazán, y la ex alcaldesa de Chimbote, Victoria Espinoza. Ni Nicolás Maduro utiliza tanta violencia contra sus rivales.
Áncash no es el único caso del autoritarismo subnacional en el mundo. El autoritarismo subnacional también existe en Argentina y México, y existió por muchos años en el sur norteamericano. Varios factores facilitan el autoritarismo subnacional. Uno son las rentas controladas por los gobiernos regionales. Según el politólogo argentino Carlos Gervasoni, cuando el gobierno local controla una vasta cantidad de recursos no generados por sus propios ciudadanos (por ejemplo, el canon minero), la democracia local peligra.
Otro factor clave es la relación con la política nacional. Como señala el politólogo Edward Gibson, el autoritarismo subnacional no puede sobrevivir sin la complicidad del gobierno nacional. Siempre tiene aliados en el poder judicial, el Congreso, y el poder ejecutivo. En EE.UU., por ejemplo, los gobiernos autoritarios del sur tenían aliados poderosos en el Senado y en el poder judicial. Durante muchos años, cambiaban sus votos en el Senado por la impunidad local.
El caso de Áncash confirma la tesis de Gibson. Los tres poderes del estado peruano –ejecutivo, legislativo, y judicial– son cómplices del autoritarismo en Áncash. El Ministerio Público (y sobre todo, José Peláez) ha bloqueado sistemáticamente la investigación de los fiscales independientes; el Congreso archivó una investigación basada en las denuncias del ahora muerto Ezequiel Nolasco. Y que yo sepa, los presidentes García y Humala no hicieron nada para defender la democracia en Áncash.
Dos factores adicionales refuerzan el autoritarismo en Áncash. Uno es el Lima-centrismo. La política peruana está dominada por Lima. Los acontecimientos en el interior solo entran en la agenda política si le importan a Lima (por ejemplo, la crisis de Conga). Y (por lo hasta la muerte de Nolasco), a Lima no le importaba mucho el autoritarismo en Áncash. Suena raro, pero la represión en Venezuela recibe mucho más atención en los medios limeños que una represión que ocurre en el propio territorio peruano.
El problema se agrava porque Álvarez no cabe fácilmente dentro de los conflictos políticos reinantes en Lima. Como Álvarez no está ligado ni con la DBA ni con los caviares, a nadie en Lima le importa mucho denunciarlo. Como ha señalado Eduardo Dargent, los progresistas somos muy buenos para denunciar los abusos de gobiernos de derecha (como Fujimori), y la derecha denuncia ferverosamente los abusos de los gobiernos de izquierda (un ejemplo es su extraordinario compromiso con la democracia venezolana). Pero si los abusos no son cometidos por nuestros rivales ideológicos, no nos interesa denunciarlos. Mejor escribir una columna más sobre Nadine.
¿Cómo salir del autoritarismo subnacional? Tiene que convertirse en un problema nacional.Un modelo podría ser el caso de Catamarca, Argentina, que fue dominado por el clan Saadi entre 1983 y 1991. En 1990, un miembro del clan Saadi violó y mató a María Soledad Morales, una joven de 18 años. Como los Saadi controlaban el poder judicial provincial, hubo impunidad total. Pero la sociedad respondió. Se organizó una serie de “marchas de silencio” –con la participación de sectores de la Iglesia– que conmovió al país. Con la ayuda de los medios, el caso María Soledad se impuso en la agenda nacional, y el 1991, el Presidente Carlos Menem (un amigo de los Saadi) tuvo que intervenir y remover al gobernador Ramón Saadi.[En el Perú, el Presidente de la República y las demás instancias de Gobierno carecen de esta facultad].
El asesinato de Ezequiel Nolasco podría provocar una campaña parecida en el Perú. Pero el incipiente movimiento por la justicia, liderado por su hija, Fiorela, necesita ayuda –de los medios y de la sociedad civil. La Iglesia local podría jugar un papel clave, pero hasta ahora no ejerce mucho protagonismo. (¿Acaso su misión no es proteger a los más desprotegidos?)
El gobierno nacional tiene que actuar. Los derechos básicos de un grupo importante de peruanos están siendo violados. ¿Dónde está el Presidente Humala? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde están Alan y Keiko? ¿Dónde está el cardenal Cipriani, que organiza marchas por la vida en Lima, pero no se juega para defenderla en Áncash?
Mientras en Lima se habla de bombas políticas que no son y candidaturas que no serán (Nadine), hay vidas perdidas –y otras en peligro– en Áncash.
Le pregunté a una periodista ancashina qué mensaje mandaría a Lima. Me dijo “no nos dejen solos.” La campaña SOS Áncash ya está en marcha. El gobierno empieza a actuar. Pero se necesitan medidas fuertes. Los derechos básicos de ciudadanos peruanos están en juego. No los dejemos solos.
Nota: Fiorela Nolasco, la hija del asesinado Ezequiel Nolasco, no tiene dinero para cubrir los gastos de los procesos judiciales que vienen. Si desean colaborar, pueden hacerlo a través de esta cuenta del BCP: 310-28863374-0-14.
