El Comercio, 14 de Marzo de 2017
Soy docente universitaria, así que trataré de aplicar mi máximo esfuerzo para explicar el proceso de control político que me tocó coordinar sobre los 112 decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.
En setiembre del 2016, como recordarán, el Ejecutivo había solicitado facultades delegadas para legislar en cinco ejes temáticos: (i) reactivación económica y formalización, (ii) seguridad ciudadana, (iii) lucha contra la corrupción, (iv) agua y saneamiento, y (v) reorganización de Petro-Perú S.A.
En ese momento se tildó a nuestra bancada de “obstruccionista” y otros adjetivos calificativos, nunca más alejados de la verdad. En un plazo récord de 20 días, la Comisión de Constitución y Reglamento que preside mi colega Miguel Ángel Torres (de destacada labor) emitió el dictamen correspondiente, donde se otorgaron las facultades solicitadas.
Me detendré aquí para expresar un juicio de valor sustentado. Me causó profunda decepción que la solicitud presentada no incluyera temas esenciales para el ciudadano de a pie, como por ejemplo la tan ansiada reforma de salud. Sentí mucho desconcierto, pues el plan de gobierno (PdG) de PPK señaló que este tema era fundamental, pero hasta hoy el Ejecutivo no ha presentado un solo proyecto de ley al respecto. Extraño, ¿no?
Tampoco solicitaron facultades para introducir reformas educativas pese a que el PdG incluía el eje temático denominado “Educación pública de calidad” e informaban sobre la permanencia de un “equipo de lujo”. Sin embargo, las únicas modificaciones trabajadas son la deducción de gastos en el Impuesto a la Renta y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Inclusive, en este paquete hubo normas como el Decreto Legislativo 1337, que flexibilizaba el ingreso del “personal altamente calificado”, cambiando el requisito de título profesional o maestría por el grado de bachiller. No nos dejemos confundir, no es que los bachilleres no podrán trabajar en el Estado, sino que hoy, habiéndose derogado esta flexibilización, solo podrán pertenecer al cuerpo de élite denominado “altamente calificado” aquellos profesionales que además de experiencia reúnan las calificaciones académicas necesarias. ¿Acaso la flexibilización propuesta por el Ejecutivo no desincentivaba la capacitación por parte de los profesionales? ¿Acaso ello no contradice el discurso donde la educación es un eje importante?
Entre los 112 decretos legislativos aprobados hasta el 7 de enero no existe ninguna reforma estructural. Sí hay, sin embargo, reformas importantes a destacar, como la formalización de las licencias de pequeñas embarcaciones artesanales (D.L. 1273) o la estandarización de requisitos y eliminación de barreras para obtener licencias de funcionamiento (D.L. 1271), que sin duda contribuirán con el desarrollo de las actividades económicas, pero nuevamente, ¿acaso estos son los principales temas que nos agobian? Creemos que no.
Asimismo, hemos observado 34 decretos legislativos porque consideramos que exceden las facultades delegadas y otros porque contravenían criterios constitucionales establecidos por el propio Tribunal Constitucional. Se observó poco más del 30% de las normas emitidas.
Este grupo de trabajo de control constitucional envió el correspondiente informe a la Comisión de Constitución, donde el debate se amplía, a efectos de emitir un dictamen aprobatorio, modificatorio o derogatorio. En los dos últimos supuestos, nuestro trabajo incluyó la propuesta de una fórmula legal que corrigiese los aspectos observados, propuestas sujetas a la aprobación de la Comisión Permanente o el pleno, según corresponda. Es la primera vez que este Congreso realiza un control político efectivo y deja ser una mera mesa de partes. Es más, hemos ido mucho más allá del tecnicismo derogatorio para emplear medidas propositivas.
Un ejemplo claro es el Decreto Legislativo 1329, que crea el fondo Turismo Emprende. Aquí surgió la discusión sobre la viabilidad de crear un fondo con las transferencias presupuestales, pues ello podría significar una materia presupuestal prohibida de delegar, por lo que optamos por aplicar una categoría jurídica apropiada que evite tal discusión y ocasionar la derogatoria de toda la norma. Así, propusimos calificar dicho fondo como un programa, lo que fue respaldado por la Comisión de Constitución.
Ha sido un proceso complejo y enriquecedor, que nos ha permitido mostrar una nueva dinámica entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero sobre todo, creer en un nuevo Congreso, con parlamentarios dispuestos a trabajar sin apasionamientos políticos en beneficio del país. ¡Tarea cumplida!
