Por: Rolando Arellano, Presidente de Arellano Consultores y Profesor de Centrum Católica
El Comercio, 23 de setiembre de 2019
El Comercio, 23 de setiembre de 2019
Además de los 3 actores que participan en el tema minero peruano, se necesita que participe más activamente uno que hasta hoy se ha mantenido al margen, la sociedad en general. Veamos.
Hasta hace unos años, cuando no se sabía de la fragilidad del medio ambiente y había muchas brechas en la justicia social, las actividades extractivas solo interesaban a inversionistas en busca de rentabilidad. En muchos lugares el resultado fue pésimo, dejando graves deterioros ambientales y rencores sociales que subsisten hasta hoy.
Ante ello los ciudadanos de las zonas mineras exigieron un trato más justo por sus propiedades y por los cambios a su forma de vida. Así, sin ser ideal, con acuerdos sobre derechos de uso de tierras y aguas, cuotas de trabajadores y aportes a la zona, la industria extractiva tuvo un gran avance.
Luego, aunque siempre recolectó impuestos y divisas, el Estado comenzó a exigir una parte mayor de las utilidades y a regular más la protección del medio ambiente y las relaciones con las comunidades. Con controles más estrictos y aportes de canon, la actividad creció, siendo fundamental en la disminución de la pobreza y el desarrollo reciente del Perú.
Hoy, cuando crecen las fricciones entre empresas y comunidades, y el gobierno tiene dificultad para lograr consensos, se necesita la intervención de la sociedad toda. Como una cuarta pata en la mesa de acuerdos, porque lo que ocurra con la inversión minera no solamente concierne a los pueblos cercanos, sino a toda la población del Perú.
Ciertamente todos los peruanos perdemos si se maltrata al medio ambiente y si no se respeta a los vecinos de las minas, pero también perdemos si los proyectos se paralizan por la falta de acuerdo entre las partes. Porque los impuestos y divisas que generan los minerales sirven para pagar a los médicos y los policías que se necesitan no solo en Islay y Cajamarca sino también en Chimbote, Iquitos o Villa El Salvador. Eso, de la misma manera que la anchoveta chimbotana, los espárragos trujillanos y la manufactura de Chincha ayudan a mejorar las escuelas de Andahuaylas y de Tumbes. Todos debemos aportar al bienestar de todos.
Y por eso en lugar de ser espectadores, los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir que se logren acuerdos que generen los recursos que todo el Perú necesita, incentivando la inversión futura y mejorando la calidad de vida de las comunidades cercanas. Y también de pronunciarnos para evitar que dirigentes deshonestos, empresarios inconscientes o autoridades ineficientes impidan que aprovechemos los recursos de los que todos somos dueños.
Y si no lo hacemos, no nos quejemos luego de lo poco que avanza el país. Que tengan una buena semana.
