Los filósofos, y también los investigadores, decimos que las buenas preguntas son más importantes que las buenas respuestas. Hoy que la reflexión debería primar en la discusión sobre la ley de acceso al empleo formal de los jóvenes, conviene hacerse algunas preguntas que ayuden a entender mejor el problema.
Convendría que los opositores a esta ley se cercioren de haberla leído, y de cuánto realmente la conocen. Y si su respuesta es “quita derechos”, convendría que enumeren qué derechos que hoy tienen están perdiendo. Si lo que muestran las encuestas es un buen indicativo, resulta que las personas le atribuyen cosas que ella no dice, como que los jóvenes serán despedidos a los 25 años o que perderán el trabajo quienes ya están en planilla. No la apoyemos si es nociva, pero estemos seguros de entenderla para no malograr lo que podría ser útil.
Y así como se hacen encuestas del tipo “está usted o no de acuerdo con la ley ‘pulpín’, que recorta los derechos de los jóvenes…”, implicando que hay un recorte de estos y usando el nombre peyorativo de la norma, sería bueno que se preguntara en el otro sentido: “¿Está usted o no con la ley XX, que les otorga ciertos derechos a los jóvenes que hoy no tienen trabajo formal…”? Seguramente, las respuestas serían distintas y nos darían otro punto de vista.
Además, los universitarios, que tienen todo el derecho de oponerse a lo que temen que recortaría sus muy probables beneficios, podrían preguntarse si esa ley podría convenir a los millones de jóvenes con menor formación cuya única opción hoy son los empleos precarios e informales. Si su análisis es que es mala para todos, sigan con su oposición total. Pero si puede servir a los que menos tienen, no les quiten derechos que ellos sí necesitan.
Convendría también que los políticos opositores a la ley se pregunten de qué manera pueden mejorar la imagen que se han formado ya con los jóvenes al dar su apoyo y voto inicial por la norma, y luego cambiar radicalmente de opinión. Quizá lo mejor sea que piensen ya en presentar iniciativas realistas para facilitar el acceso de la juventud al empleo formal que ellos piden. Con esta ley mejorada o en vez de ella. No subestimen la memoria de los jóvenes.
Y en el caso de quienes crearon y sostienen la ley, ¿no sería conveniente pensar en una disculpa a los jóvenes por los errores que cometieron al lanzar una ley sin haberla consultado e informado adecuadamente a quienes pensaban beneficiar? Por cierto, ayudaría mucho que se pregunten cuánto están dispuestos a ceder, para aceptar las muchas mejoras que los opositores responsables podrían tener a su propuesta.
Finalmente, queda la pregunta quizá más importante. La que debemos hacernos todos que queremos cumplir la formalidad en uno de los países más informales del mundo. La que debemos plantearnos empresarios grandes, pequeños y ciudadanos formales e informales que en decenios, sin ser escuchados, hemos pedido que disminuyan las trabas para formalizarse. ¿Somos conscientes de que esta ley, con sus muchas imperfecciones, es el primer paso dado por algún gobierno para disminuir el inmenso peso de la informalidad en el país? Cualquiera que sea la decisión, de revocación o de mejora, ¿no merece por ello una reflexión más informada y profunda?
