A pocas semanas de renovar autoridades subnacionales (regionales y locales), debemos meditar acerca del grave daño que el apresuramiento e impericia del proceso de regionalización ha ocasionado a la gobernabilidad del país. Debemos reflexionar seriamente sobre el porqué, hoy luego de más de una década de iniciado el proceso –según Ipsos–, más de dos terceras partes de los peruanos opinan que la regionalización ha sido negativa para su región.
Los expertos coinciden en que la legislación que desarrolló el mandato constitucional que rige el proceso de regionalización estuvo relativamente bien diseñada y que su estricta aplicación debió elevar la capacidad del Estado unitario para gobernar el país por medio de una descentralización que introdujera mayor eficacia y justicia en la provisión de servicios y bienes públicos a través de todo el territorio nacional.
En la práctica, sin embargo, la regionalización no ha logrado los objetivos y no ha conseguido los beneficios que la descentralización debió generar. Por el contrario, la regionalización ha devenido en el deterioro de la gobernabilidad del país y no ha logrado mayor eficiencia ni calidad en el gasto público al servicio de los ciudadanos. Tampoco cumplió con el objetivo de crear mayores espacios económico-administrativos que superen la antigua, y en muchos casos arbitraria, delimitación política departamental.
Pero claramente el mayor daño que la regionalización ha causado al Perú es haber dilapidado su más importante activo: su carácter de país unitario.
La regionalización ha creado todo lo contrario al intento descentralizador, fomentando en cambio el cáncer de un centralismo en pequeño. Más aun, en muchos casos el poder regional ha erosionado el poder local de municipios provinciales y distritales.
En ausencia de partidos políticos nacionales importantes, el poder regional se ha centralizado alrededor de movimientos regionales cuya formación tiene el único objeto de hacerse del poder y del botín regional. Estos movimientos son formados con asombrosa facilidad alrededor de cualquier personaje con reconocimiento local y los suficientes recursos que le permita optar y eventualmente conseguir el poder. Así han llegado a las presidencias regionales desde individuos patentemente incapaces hasta miembros de movimientos terroristas.
Existen más de una decena de estudios de diagnóstico del proceso y sus conclusiones son similares. Todos enfatizan el incumplimiento del mandato de la ley de transferir competencias de manera gradual, luego de la estricta certificación, por parte de los entes nacionales (ministerios y otros), que la unidad subnacional estaba plenamente capacitada para cumplir las funciones y administrar los recursos transferidos. Es justamente esta aplicación apresurada e irresponsable de la ley la principal causa del desgobierno, aquello que ha mellado la gobernabilidad del país unitario y ha convertido al Estado en cada vez más disfuncional. A ello se ha sumado una distribución injusta de los recursos del canon concentrada en pocas regiones y gobiernos locales.
¿Puede esta situación que entraña insospechados peligros para la nación ser remediada? Es decir, ¿hay marcha atrás? ¿Podemos rescatar los beneficios indiscutibles de la descentralización y, al mismo tiempo, restaurar las características fundamentales del Estado unitario?
Dejar las cosas como están no es una opción. El Gobierno Nacional debe enmendar los errores de su apresuramiento. Cada ministerio deberá dar marcha atrás y volver a revaluar toda la matriz de competencias delegadas, y esta vez sí certificar a las entidades subnacionales encargadas de ejecutarlas.
En el caso del canon, no basta cómo se ha propuesto redistribuirlo de manera distinta dentro de la misma región. Por el contrario, el criterio deberá incluir el análisis del radio de influencia de cualquier actividad extractiva con prescindencia de la delimitación política evitando muchos casos en que circunscripciones más cercanas al desarrollo de tales actividades que otras que pertenecen a la región no reciban estos recursos por ubicarse al otro lado de una frontera departamental.
Por último, se deben revisar los requisitos para la formación de movimientos regionales y garantizar su representatividad. Su necesaria presencia verdaderamente regional no circunscrita a un solo departamento.
