El Comercio, 4 de Abril de 2017
La desolación y muerte que vienen causado los desastres naturales ha llevado al gobierno y a la población a una positiva movilización pocas veces vista. Ello ha dado un necesario respiro político después de un período marcado por un ambiente de confrontación, abriendo a la vez un espacio de cooperación política cuya duración dependerá de la eficacia en que se siga manejando la crisis y la eficiencia con que se enfrente la reconstrucción.
Terminada la crisis se harán patentes otros problemas como las demoras en las obras, las emergencias sanitarias o los efectos en el crecimiento de la economía. Pero también, al desnudar de manera dramática errores del pasado, la crisis ha abierto una enorme oportunidad para enfrentar problemas de larga data.
No es del todo correcto llamar ‘desastre natural’ a la situación actual. Gran parte de la penuria por la que pasan hoy centenas de miles de peruanos es producto de la ignorancia, la indolencia y el desinterés de un Estado débil, ausente y muchas veces corrupto. Se culpa a ‘la gente’ de irresponsable al asentarse en lugares peligrosos, pero no se dice nada de la inexistente política de desarrollo territorial, ni el hecho de que en el Perú son los traficantes de terrenos y los acaparadores de tierras quienes obligan a los ciudadanos más pobres a asentarse en los lugares más expuestos.
A los primeros, el Estado deberá enfrentarlos con la misma dureza que se debe enfrentar al narcotráfico. A los segundos, deberá imponerles impuestos a la tierra que acumulan con fines puramente especulativos, sin plan alguno de desarrollo.
Tampoco es correcto llamar ‘natural’ a un desastre causado por obras de prevención mal hechas en el pasado. Existen innumerables ejemplos de obras, como aquellas efectuadas después del fenómeno de El Niño de 1983, que siguen cumpliendo su cometido al lado de otras efectuadas con increíble incompetencia.
Para que el siguiente evento natural no sea tan devastador, la tarea de la reconstrucción debe partir de un plan con visión de futuro donde se ponga énfasis en la oportunidad para remediar males endémicos de nuestras políticas públicas. Esta es la oportunidad para empezar a planificar ciudades, terminar con el tráfico de terrenos, reconstruir carreteras y puentes de manera técnica, rápida y eficaz, reformar de raíz a decenas de empresas de agua y saneamiento de todo el país, y apoyar de manera inteligente al pequeño agricultor.
Esta reconstrucción debe marcar también el inicio de una tarea de largo aliento para mitigar el otro enorme riesgo que enfrenta nuestro territorio: el riesgo sísmico. Un sismo de gran magnitud puede fácilmente causar mil veces más pérdidas de vidas que el actual fenómeno.
Afortunadamente, siendo hoy los daños equivalentes a los de circunstancias anteriores, el Perú los enfrenta con una economía cuatro veces más grande que la que tuvo durante El Niño de 1998, y más de diez veces mayor a la de 1983. Cuenta, además, con una disponibilidad de recursos y acceso a crédito inexistentes en aquellas situaciones.
La idea de designar un zar encargado es una idea facilista sin ningún sustento operativo práctico. La reconstrucción debe estar conducida por un equipo multisectorial compacto, empoderado, y preferentemente asentado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tal equipo debe tener el asesoramiento de una empresa internacional especializada de primer nivel que actúe como brazo técnico –tal como se hizo exitosamente en 1998–.
Se debe estimar el costo total de la reconstrucción y el monto que se ejecutará durante cada año, creando para tal fin una partida presupuestal única. Cada obra grande, cada conjunto de obras y cada transferencia de recursos deben ser rápidamente validados con ayuda técnica del MEF.
La ejecución debe ser rápida y eficiente, para ello se debe abandonar la idea de asignar partidas presupuestales (cheques en blanco) sin especificidad o control estricto. Los recursos deben fluir al sector encargado después de validar cada conjunto de obras haciendo prevalecer el criterio técnico sobre el político.
En el caso de los caminos, por ejemplo, se deben establecer paquetes de obras buscando una nueva manera más rápida, eficiente y transparente para contratar. Para la asistencia a los pequeños agricultores, el Ministerio de Agricultura debe encargarse del levantamiento de la información para un plan razonable de refinanciamiento de deudas. Para el caso de soluciones de vivienda, deben considerarse soluciones temporales a cargo del Estado. Y para la reubicación y edificación permanente, se pueden utilizar sistemas de transferencias condicionadas.
Reconstrucción con visión de futuro. Ese debe ser el lema y el principio básico con los que el Estado y el sector privado enfrenten la reconstrucción.
