Por: Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 7 de agosto de 2018
En un giro diametral, el presidente Martín Vizcarra ha pasado de ser un líder opaco al mando de un gobierno solo preocupado en durar, a convertirse en el gobernante que ha propuesto quizás dos de las reformas más urgentes que necesita el país: la reforma del sistema de justicia (para erradicar la corrupción y asentar el imperio de la ley) y la reforma política (para fortalecer la democracia). Se trataría de la mejor noticia en décadas. Con su actitud y la forma de presentar sus propuestas, el presidente pretende cambiar de facto la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso. Ambas reformas bien ejecutadas tienen el potencial de generar un salto cualitativo institucional con implicancias insospechadas, incluyendo el crecimiento económico de largo plazo.
Consciente de su exiguo apoyo congresal, el mandatario ha sintonizado con la indignación de la ciudadanía que estalló una vez develada la corrupción masiva y generalizada en el sistema de justicia, y ha decidido llevar sus iniciativas a decisión popular mediante la convocatoria a un referéndum. Al mismo tiempo, se ha erigido como el gestor de las reformas frente a un Congreso que tendrá difícil negarse a un importante grado de cooperación. Pues es el Congreso el que tendrá que aprobar por mayoría simple (66 votos) las iniciativas del Ejecutivo antes de que estas sean sometidas a decisión popular.
En su discurso de 28 de julio, Vizcarra solo ha esbozado sus propuestas sin entrar en detalles. La idea de cambiar la designación de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) era de extrema necesidad, ya que la manera corporativa como se venían designando ha sido un total fracaso. El nombramiento por concurso de méritos, en el que se juzgue no solo la trayectoria profesional de los candidatos, sino su calidad moral, traerá predictibilidad y confianza en la justicia. Además, la propuesta de la creación de una autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público puede ayudar a cimentar la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia.
En el caso de la restitución de la bicameralidad, la propuesta solo habla de la introducción de un Senado. No se ha especificado si las funciones de esta cámara serán las mismas que tuvo en años anteriores, o si serán modificadas para adaptarlas a un mejor funcionamiento de la labor legislativa en una democracia moderna. Pero en definitiva, la existencia de un Senado dará al Parlamento mayor calidad, estabilidad y autorregulación. Y fundamentalmente, su restitución es hoy más importante que nunca para restaurar el carácter unitario de la nación, que ha sido mellado por un proceso de regionalización fallido que viene balcanizando al Perú, convirtiéndolo en ingobernable. Es sobre todo por esta última razón que la elección del nuevo Senado debe, de manera imprescindible, llevarse a cabo en un sistema de distrito único, en el que sus miembros sean representantes de un Perú unitario, y no de una región determinada.
De otro lado, la Cámara de Diputados sí debe identificarse con cada circunscripción. Pero, a diferencia de lo que sucede ahora, su elección debería realizarse en distritos uninominales de tamaño mucho menor. Esto otorgará a provincias densamente pobladas como Santa, Sullana o San Román, y a distritos como La Victoria, Comas o San Juan de Lurigancho, un representante que el pueblo conozca y fiscalice. La restricción del número de parlamentarios que el presidente propone está claramente influenciada por la actual desafección que la población manifiesta por el Congreso vigente. Sin embargo, una Cámara de Diputados de 120 miembros y un Senado de 30 miembros es totalmente compatible con la población actual del Perú. Lo que sí se deben limitar son los gastos del Parlamento, restringiendo, por ejemplo, a una sola plaza la asesoría de cada parlamentario, e introduciendo un cuerpo común de asesoría disponible para la representación nacional en su conjunto. La excesiva discrecionalidad en el gasto y la ausencia de límites al mismo son vicios que deben corregirse.
La reforma debería contemplar seriamente la introducción de la elección de los parlamentarios en la segunda vuelta para evitar que existan legisladores que resulten, como ocurre hoy, elegidos con votaciones insignificantes.
Una propuesta que sí parece fuera de cualquier lógica es la de impedir la reelección de los congresistas. No solo porque atenta contra el mejoramiento de la calidad del Parlamento, sino porque recorta la facultad ciudadana de reelegir a un buen congresista. Solo podemos imaginar esta propuesta presidencial como una carta de negociación frente a una mayoría parlamentaria que no está dispuesta a aceptar la no reelección, y con la que se deberá negociar intensamente.
