Por: Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía
IPE, 11 de junio del 2020
Las últimas proyecciones de destrucción económica en Latinoamérica a causa del COVID-19 publicadas por el Banco Mundial (BM) esta semana colocan al Perú -el país que era considerado el más sólido para enfrentar la crisis- con la peor caída entre sus pares de la región. El BM proyecta para el Perú una contracción del 12% en su PBI, muy superior a la de países como Chile, Colombia, México e incluso la atribulada Argentina. Más aún, ese estimado no toma en cuenta el daño hecho y por hacer desde el Congreso. El Instituto Peruano de Economía proyecta -15%. Al iniciarse la lucha contra la pandemia, sabíamos que se tendría una caída en el crecimiento e incluso crecimiento cero. Pero ahora que ya avizoramos una catástrofe económica, resulta imperdonable aceptar que la caída sea descomunal en comparación con la que sufrirán nuestros vecinos. ¿Quién es responsable de esta calamidad?
Al declararse la necesaria cuarentena inicial de 15 días, señalé en este mismo espacio que las características de la economía peruana hacían imposible atacar el tema sanitario y económico separadamente (ver “Salud y economía: la indivisible realidad”, 19/3/20). Debieron mantenerse operando importantes sectores de la economía tal como se ha hecho en la mayoría de países en cuarentena. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que ya en abril la minería mostrase una caída de más del 42% cuando esa actividad en Chile o Australia viene mostrando un crecimiento sostenido? Evidentemente, sectores como minería, construcción de proyectos mineros, el cemento, la siderurgia, el vidrio, la reparación de calles en todas las ciudades y otras actividades con poca densidad de mano de obra y gran contribución al crecimiento debieron permanecer abiertas trasladando a la empresa la responsabilidad del cuidado de los trabajadores y su entorno. Ello no hubiese comportado un riesgo en contagio superior al de un supermercado.
Ahora que el Gobierno ha tomado la decisión de abrir la economía, vemos que finalmente ha escuchado muchas de las sugerencias expresadas públicamente por ciudadanos y gremios independientes. Pero, nuevamente, el propio Gobierno debe enfrentar a una burocracia, en el mejor de los casos, temerosa o ignorante y, en el peor, torpe y frenética en su propósito ideológico de obstruir o destruir la actividad privada. Un ejemplo claro de esta actitud ha sido el intento del Ministerio de Salud para invalidar de facto el Decreto Supremo 101-PCM, que permite que los sectores de la llamada fase 2 puedan operar al momento de presentar su protocolo de sanidad. Lo hizo usando una disposición transitoria del mencionado decreto. En otros ministerios y municipios es fácil detectar similar voluntad de obstrucción.
Es preciso que el Gobierno reaccione tomando conciencia de que, mientras la gran mayoría de la fuerza laboral se encuentra en el sector informal, este contribuye con menos del 20% del total de la producción nacional. Estos trabajadores de facto no acatan ya la cuarentena. Por lo tanto, la porción de la economía que contribuye mayoritariamente a la producción está en el sector formal y congrega aúna fuerza laboral muy inferior a la informal. Por lo tanto, es urgente abrir por completo la totalidad del sector formal siempre cuidando de restringir aquellas actividades que congregan aglomeración de consumidores. La reanudación de la actividad formal es además imprescindible para que todas las pequeñas empresas y microempresas, mayoritariamente informales, aumenten su producción, dada la relación simbiótica entre sector formal e informal. Ello ayudará además a paliarla disminución en la demanda producto de la caída en los ingresos de la población.
Debe también tomar conciencia el Gobierno de que está al timón de un Estado disfuncional que no controla de manera coherente las directivas hacia una administración ineficaz. Desde que se decretó la cuarentena por la pandemia del COVID-19 el 15 de marzo, la economía entró en un profundo coma inducido. De manera ciega se ordenó la parálisis total sin tener plan ni gestión. Ahora después de más de casi tres meses, el Gobierno se da cuenta de lo evidente: no existe un Estado que funcione, ni equipo capaz de conducirlo. Ha llegado el momento de que todos ayudemos al Gobierno, particularmente al presidente Vizcarra. Él debe finalmente aceptar que la sociedad y la empresa cuentan con individuos y equipos con conocimientos particularmente potentes para afrontar procesos complejos. Los avanzados procesos logísticos que hoy emplean algunas empresas privadas pueden ser particularmente útiles y adaptables en el control de la pandemia para asistir al país en esta hora difícil. En esa tarea todos debemos despojarnos de intereses y orientaciones ideológicas particulares y cooperar con ideas y, sobre todo, con acciones concretas. No existe ningún país que haya avanzado contra esta pandemia sin estrecha participación del sector privado y la sociedad civil.
