Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 28 de noviembre de 2017
Han pasado diez años desde que se desató el mayor desastre económico-financiero mundial desde la Gran Depresión de los años 30. Los costos de la gran crisis del 2007 han sido devastadores en términos de destrucción de millones de empleos, crecimiento y vidas arruinadas en todo el mundo. Igualmente ominoso, la gran crisis ha sido el acontecimiento sociopolítico que ha contribuido al surgimiento del aislacionismo, el nacionalismo, el proteccionismo, la xenofobia y el renacimiento de las ultraderechas en todo el mundo.
La crisis empezó en Estados Unidos en el 2007 al estallar la burbuja de hipotecas ‘subprime’. Es decir, de créditos de vivienda aprobados masivamente a individuos sin capacidad de pago. La enorme expansión del crédito hipotecario fue a su vez resultado del impulso a las empresas titulizadoras de hipotecas patrocinadas por el Estado. Con ello, los gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush intentaban revivir el ‘sueño americano’ que se desvanecía ante el aumento de la desigualdad y el estancamiento de los ingresos reales de la clase media desde los años 70.
Las hipotecas eran luego adquiridas por grandes conglomerados financieros y empaquetadas para respaldar valores que luego eran vendidos en el mundo entero. No todas las hipotecas dentro de estos ‘paquetes’ eran de mala calidad, pero las clasificadoras de riesgo les asignaban irresponsablemente altas calificaciones crediticias.
Todo este esquema atraía a su vez a grandes aseguradoras como AIG que vendían masivamente seguros (‘credit default swaps’) ante el riesgo de que estos activos no fueran pagados. Ello aumentó el atractivo de originar un número cada vez mayor de estos activos.
Se trató de una típica ‘falla de Estado’ potenciada por el interés de los funcionarios de grandes bancos de inversión y aseguradoras de hacer crecer el negocio sin medir los riesgos por el incentivo perverso de cuantiosos bonos sobre sus sueldos normales. Cuando estalló la crisis, la Reserva Federal estadounidense (FED) propició la absorción de bancos de inversión como Bear Stearns y Merrill Lynch y salvó también a AIG con sumas de dinero jamás antes vistas. Pero la negativa de la FED de rescatar a Lehman Brothers en setiembre del 2008 desató el pánico financiero mundial.
En muchos países, la crisis tuvo causas adicionales y variados impactos. En España, por ejemplo, el alucinante ‘boom’ de la construcción fue el elemento central en la falencia de la banca. También es cierto que países como Canadá o Australia, con mejores estándares de regulación, pudieron evitar los efectos más graves de la crisis.
¿Cómo hizo el Perú en medio de este caos mundial para superar indemne aquello que para otros países se trató de sucesos catastróficos? ¿Qué lecciones podemos extraer de esa experiencia para el presente manejo económico?
La respuesta a la primera pregunta es simple: la fortaleza fiscal y la prevalencia de las reformas económicas permitieron tal soporte. En los tres años previos a la crisis, el Perú logró superávits fiscales promedio de 2,7% del PBI (frente los déficits de 3% y 3,5% que se esperan en el 2017 y 2018). La recaudación de impuestos se situaba en 16,6% del PBI (en lugar del 13,3% actual) y la deuda pública bajaba vertiginosamente (hoy está en aumento y podría llegar en pocos años al máximo legal de 30%).
Ante el temor global, en el 2009 se frenó una espectacular tasa de crecimiento de un promedio anual de 7,3% durante los cinco años anteriores y pasó a solo 1%. No obstante, con un aumento del gasto público de 2% del PBI e inyección de liquidez equivalente al 6% del PBI por parte del BCR, el crecimiento rebotó con fuerza y creció 8,5% al año siguiente.
Hoy el Perú enfrenta una situación fiscal complicada. Una parte del incremento programado del déficit se puede atribuir a los gastos necesarios para la reconstrucción. Pero la lección más importante que nos enseña la experiencia de los años de la gran crisis es que erosionar la fortaleza fiscal como lo vienen haciendo varias leyes promulgadas por el Congreso es suicida.
De todas esas medidas la más grave es la que perfora la reforma más importante de este siglo: la eliminación del sistema de la cédula viva. Esa reforma fue un elemento clave en cimentar la solidez fiscal. Nadie puede oponerse a demandas de mejores pensiones para policías y militares, pero el método propuesto representa un grave retroceso de política fiscal, abre una grieta que vulnera de manera inaceptable la sostenibilidad fiscal de largo plazo y puede marcar el inicio del fin de aquello que se logró con gran sacrificio de todos los peruanos.
