Por Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 09 de enero de 2018
Comenzado el año 2018 vemos a la mayoría de expertos en economía hablar de incertidumbre política y condicionar sus vaticinios al comportamiento de factores ajenos a su especialidad. Parece que ellos quieren evitar hablar de lo que saben, y limitarse a decir que cualquier cálculo económico que propongan puede ser invalidado por ‘la política’. Se trata de un recato comprensible. El año pasado hemos vivido una situación de gradual deterioro en la esfera política hasta llegar al clímax del voto congresal para vacar a un presidente con solo año y medio en el poder, unido al inmediato indulto del ex presidente Alberto Fujimori; dos eventos que ciertamente no auguran el pronto final del actual ruido político.
Tampoco es posible decir con certeza si lo que parece ser el fin de la mayoría absoluta de Fuerza Popular en el Congreso dará mayor margen de maniobra al Ejecutivo, o si, en cambio, continuaremos viendo a un presidente acosado por la oposición y por la calle. En suma, nadie puede predecir en este momento si el grado de gobernabilidad será suficiente para adoptar políticas públicas urgentes a fin de reanimar el crecimiento y el empleo.
En tono algo más optimista quisiera recordar al lector que en el pasado reciente el Perú vivió una situación política en gran medida parecida a la actual, y en la que sorprendentemente la economía creció a una tasa promedio de 5,6%. En efecto, en el período entre el 2001 y el 2006, bajo el mandato del entonces presidente Alejandro Toledo, experimentamos un intenso ruido político, con un mandatario que tuvo que admitir haber mentido en un tema moral grave; que fue acusado junto a su esposa de varios actos de corrupción, tráfico de influencias y de montar una ‘fábrica de firmas’, que alcanzó el paupérrimo nivel de aprobación de 8%, que enfrentó permanentes protestas sociales, una tenaz oposición y que se salvó por muy poco de ser vacado.
Es razonable argumentar que la actual conformación de fuerzas políticas sumada a los estragos de una regionalización fallida y la metástasis burocrática han mellado la gobernabilidad, haciendo la tarea de cualquier gobierno tanto o más complicada que hace década y media. Pero, por otro lado, los fundamentos económicos actuales son bastante más sólidos que cuando Toledo fue presidente.
Como pocas veces, el Perú suma a su fortaleza macroeconómica una economía internacional en franca expansión. El mundo crecerá 3,7%, y observamos por primera vez en años una fase de crecimiento sincronizado en todas las economías importantes. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón están en expansión. Los países emergentes de Asia exhiben perspectivas de crecimiento mejores a las esperadas hace poco tiempo, y los países grandes de América Latina se recuperarán después de dos años bastante malos. Las exportaciones peruanas se beneficiarán de los altos precios de los minerales, y en el caso del cobre con la ventaja adicional de un aumento de casi 50% en el volumen de producción alcanzado en los últimos dos años.
El crecimiento del crédito ha empezado a acelerarse y las tasas de interés se han mantenido bajas gracias a las medidas adoptadas por el Banco Central de Reserva (BCR). Aunque se esperan subidas en la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), la bajísima inflación peruana y la tendencia del sol a la revaluación dan aún margen para que el BCR rebaje su tasa de referencia y continúe con medidas que posibiliten la expansión del crédito. Las grandes empresas peruanas pueden hoy colocar bonos que encuentran ávidos compradores locales y foráneos.
A todo esto se suma un rebote importante en la inversión privada luego de tres años y medio de caída, y una inversión pública que se expandirá de manera notable. Se observa ya un repunte en la inversión minera en labores de exploración, ampliaciones de grandes minas y entrada en operación de proyectos de mediana minería. Hay finalmente una aparente voluntad del Gobierno para sacar adelante los grandes proyectos de Quellaveco, Tía María y Michiquillay, y de acelerar la construcción de la línea 2 del metro y los trabajos de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez.
No quiero desconocer que la esfera política representa un lastre para el crecimiento, pero sin duda pequeños esfuerzos de racionalidad por parte de la clase política podrían dar a todos los peruanos un año de progreso con un crecimiento incluso mejor que el 4,2% que postula el BCR. Pensemos, por ejemplo, en el tremendo aumento en el empleo de calidad que comportaría la revisión del fallo del Tribunal Constitucional sobre la forma de compensación por el despido arbitrario, o reinstaurar una ley sobre expropiaciones que acelere la obra de infraestructura. Solo es necesario un grado mínimo de diálogo y mayor ambición de parte del Ejecutivo.
