Por: Richard Webb
El Comercio, 10 de octubre de 2021
El COVID-19 ha sido un curso acelerado en la ciencia de la diagnosis médica. En cada rincón del país, ahora se entiende de antígenos, de pruebas moleculares y de la necesidad del chequeo frecuente. Esa misma educación diagnóstica y preventiva se ha venido desarrollando en la economía mediante el trabajo de calificadoras. Empresas como Moody´s, Fitch y Standard & Poor se dedican a evaluar el riesgo crediticio de un prestatario, mientras que diversas entidades emiten calificaciones más generales sobre el estado de salud económica de un país. Un reciente escándalo relacionado con esas calificaciones sugiere que es hora de evaluar a los evaluadores.
El escándalo se refiere a una acusación de favoritismo en el cálculo de puntajes nacionales para Doing Business, un índice que el Banco Mundial publica anualmente. Concretamente, se acusa a dos directivos principales de esa entidad de haber influido para elevar el puntaje de la China: el entonces presidente del Banco, Jim Yong Kim, y la entonces ejecutiva principal, Kristalina Georgieva, quien hoy ostenta el cargo de directora principal del Fondo Monetario Internacional. La confirmación de esa influencia, incluyendo intervenciones irregulares del gobierno chino, ha llevado al Banco Mundial a cancelar la publicación de Doing Business, mientras que el escándalo ha significado una pérdida de prestigio para ambas entidades. La historia del Banco Mundial publicada en 1997, y del cual fui coautor, registra un caso similar cuando se favoreció a México publicando una evaluación que hacía caso omiso a los peligros de un nivel exagerado de deuda externa. En esa oportunidad, un joven funcionario, quien se negó a firmar el reporte, fue destituido por presión del gobierno mexicano.
El indicador Doing Business es solo uno de los muchos índices similares que pretenden evaluar algún aspecto de la realidad económica o social de una sociedad, incluyendo índices de corrupción, de libertad económica, de desarrollo humano y el índice de felicidad, entre muchos otros indicadores calculados y casi siempre publicados por entidades que no son negocios, pero que aspiran tanto a informar como a ejercer una influencia sobre el comportamiento de las sociedades. Una categoría separada de tales mediciones son las encuestas de preferencia política. Estas juegan un papel central en los procesos electorales, pero, por la selección de las preguntas que formulan y la forma de divulgación, terminan ejerciendo importante influencia sobre los electores.
Lo que tienen en común la gran mayoría de estas distintas mediciones es la casi total ausencia de fiscalización pública así como una incompleta divulgación de metodologías y definiciones a pesar de la importante influencia que pueden ejercer sobre la actividad económica, social y política de una sociedad. Ciertamente, la mayoría sí pone sus metodologías a disposición, pero la complejidad de los cálculos y el número de variables deja gran margen tanto para el error como para la manipulación. La publicación de un “margen de error” al final de las encuestas es, más que un despiste, una divulgación. Esto, porque ese margen se refiere solamente al resultado global de los encuestados, mientras que dicho margen es mayor para los resultados referidos a subgrupos, como son las distintas categorías socioeconómicas o regionales.
El episodio de la incorrecta evaluación de la China en el reporte Doing Business debería ser aprovechado como alerta. La información que viene siendo producida y divulgada públicamente por tales indicadores constituye un nuevo recurso para mejorar la vida colectiva, pero también un instrumento para la manipulación si no ponemos atención a las fuentes, definiciones y metodologías de su formulación.
