Raúl Benavides Ganoza
El Comercio, 5 de marzo del 2026
“La bancarización no es una solución mágica, pero sí un primer paso sencillo, concreto y de alto impacto”.
Tras años de reuniones, estudios y debates, el Grupo de Diálogo Minero ha logrado reunir en una misma mesa a pequeños, medianos y grandes mineros, especialistas, académicos, autoridades y ciudadanos interesados en comprender los desafíos del sector y proponer soluciones. Como participante de este espacio, valoro profundamente la apertura al diálogo y el respeto por la diversidad de opiniones que lo caracterizan.
Fruto de ese esfuerzo colectivo se han publicado documentos de alto valor técnico, entre ellos “Inclusión financiera y formalización minera” y “Trazabilidad de minerales e insumos para la minería artesanal y de pequeña escala”. Ambos recogen investigaciones, diagnósticos y múltiples perspectivas. Sin embargo, pese a la solidez de sus análisis, muchas de sus recomendaciones resultan complejas, e incluso inviables para ser aplicadas en la realidad cotidiana de la minería pequeña y artesanal.
En ese entramado de propuestas existe, no obstante, una idea clave que podría destrabar varios de los problemas estructurales del sector: la bancarización obligatoria de todas las transacciones de minerales. Una medida simple con alto impacto.
La propuesta es concreta: exigir que todas las plantas que procesan minerales de terceros realicen sus pagos exclusivamente a través del sistema financiero —ya sea mediante cuentas bancarias o billeteras digitales—. Esta misma obligación debería extenderse a los acopiadores que compran minerales para venderlos posteriormente a dichas plantas.
De implementarse, la medida forzaría a que cualquier productor que desee comercializar minerales —sea formal, informal o inscrito en el Reinfo— cuente con una cuenta bancaria o una billetera digital (como Yape o Plin), registrada a nombre del concesionario, del titular del Reinfo o del acopiador correspondiente, así como de sus proveedores.
El impacto sería inmediato. La bancarización permitiría a la SUNAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) monitorear con mayor eficacia el pago de impuestos y detectar operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos. Pero no solo eso: también se convertiría en una poderosa herramienta de trazabilidad, capaz de revelar el origen de los minerales que ingresan a las plantas de procesamiento. El rastro financiero abriría la puerta a controles más profundos. ¿Dónde se adquieren los explosivos? ¿Quién provee mercurio, cianuro u otros insumos restringidos? ¿Existen planillas de trabajadores? ¿De qué concesión minera proviene el mineral comercializado? Estas preguntas, hoy difíciles de responder, podrían ser auditadas con mayor claridad.
Asimismo, la información generada facilitaría la fiscalización ambiental y laboral, permitiendo identificar responsabilidades frente a daños ecológicos o condiciones de trabajo inaceptables.
Para que esta estrategia funcione, sin embargo, es imprescindible simplificar las normas y los procedimientos de formalización. Con el marco legal actual, a la mayoría de pequeños y mineros artesanales les resulta prácticamente imposible cumplir con todos los requisitos exigidos. La bancarización, por sí sola, no basta. Se requiere un acompañamiento real del Estado: asistencia técnica, adecuación normativa y apoyo progresivo para que estas operaciones alcancen estándares mínimos que protejan tanto el medio ambiente como la vida y la salud de los trabajadores.
La bancarización no es una solución mágica, pero sí un primer paso sencillo, concreto y de alto impacto. Puede marcar el inicio de un proceso ordenado de formalización y control, evitando que la minería siga siendo terreno fértil para la informalidad, la ilegalidad, los desastres ambientales y las tragedias humanas. Además de ser campo fértil para la criminalidad.
La pregunta final es inevitable: ¿qué espera el gobierno para iniciar este proceso y exigir, de una vez por todas, la bancarización de la minería pequeña y artesanal?
