Por: Pedro Olaechea
Perú21, 8 de julio de 2018
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ratificó la orden de archivar la acusación constitucional que se está llevando a cabo en el Congreso contra los actuales magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Espinosa-Saldaña, Ledesma, Miranda y Ramos.
No obstante, la acusación no es gratuita ni arbitraria. Estos magistrados cambiaron el sentido del voto del magistrado Vergara Gotelli cuando este ya había dejado de ser miembro del TC, con la finalidad de alterar el fallo que declaraba que lo ocurrido en El Frontón no podía ser considerado delito de lesa humanidad.
La conducta en la que han incurrido estos magistrados, además de ser un atentado contra el Estado de derecho y la seguridad jurídica, constituye un acto de prevaricato condenado por ley. La Corte IDH actúa como cómplice de estos y asume su versión de lo ocurrido: que solo estaban “subsanando” un “error material” de conteo de votos.
No, señores. Un error material, por definición, no puede cambiar casi por completo el contenido de una sentencia. Estamos frente a la suplantación de la voluntad de un juez que votó y firmó de su puño y letra, con pleno conocimiento, cada página de la sentencia en cuestión. El argumento, en lugar de un error de conteo, parece un “cuenteo” para cambiar –a posteriori– una decisión con la que están en desacuerdo.
Al dejar parcialmente sin efecto una resolución con calidad de cosa juzgada, estos jueces infringieron la Constitución. Y a raíz de estos graves hechos es que he denunciado dicha infracción constitucional ante el Legislativo.
Al apoyar el actuar de los magistrados, la Corte IDH no está haciendo otra cosa que vulnerar nuestra soberanía y defender una causa condenable como el prevaricato. La Corte está declarando inválido un procedimiento que aún no ha concluido, con lo cual está ejerciendo su jurisdicción irregularmente, sin el previo agotamiento de la jurisdicción nacional que exige nuestra Constitución. ¿Se quiere ocultar la verdad?
El Perú no es colonia de nadie y no puede aceptar que los miembros de la corte internacional, propasándose de su rol y violando el encargo que les fuera otorgado por el Estado en la firma del Pacto de San José, traten de bloquear el uso legítimo de un mecanismo constitucional.
Los miembros del TC, a diferencia de lo que parecen expresar los magistrados de la Corte IDH en su resolución, no están por encima de las leyes que aplican a todos los peruanos ni están libres de ser fiscalizados.
Si queremos avanzar y convertirnos en un país en el que se respetan las instituciones, no podemos tolerar que se pretenda convertir en intocables a algunos ni que se pretenda ordenar a un poder del Estado que no haga uso de sus legítimas facultades constitucionales.
