Por: Pedro Olaechea, presidente del Congreso de la República
Correo, 22 de setiembre de 2019
Los intereses políticos, por sí solos, no pueden cambiar la realidad de los hechos. Querer decir que ocurrió una cosa, cuando sucedió otra, es simplemente faltar a la verdad. Eso es lo que viene ocurriendo con algunos congresistas y algunas minibancadas que se han visto rebasadas por las circunstancias y por no tener candidatos para el Tribunal Constitucional. Como no los tienen, pretenden boicotear la elección de estos magistrados.
Quiero aprovechar la oportunidad para subrayar, a través de esta columna, los atributos del TC: “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica” (Ley N° 28301).
Dicho esto, es un hecho que el 14 de noviembre del año pasado el presidente del TC, Dr. Ernesto Blume Fortini, remitió al Congreso de la República una solicitud para iniciar el procedimiento de selección de los nuevos magistrados; ya que en junio de este año culminaba el mandato de seis de los siete magistrados. Cinco días después, el 19 de noviembre, la Junta de Portavoces de ese entonces acordó la conformación de la Comisión Especial encargada de la selección y que la modalidad de la elección sea especial, es decir, por invitación. Esto último es lo que dispone el numeral 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica del TC. El 22 de noviembre -8 días después de la carta del Dr. Blume y 3 días luego del acuerdo de la Junta de Portavoces- el Pleno del Legislativo aprobó -por 86 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención- la propuesta de la mencionada Junta.
El 11 de setiembre de este año, la Junta de Portavoces aprobó reconformar la Comisión Especial, presidida por el titular del Congreso, que era yo. Dos días después, dicha Comisión Especial se reunió para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como a los acuerdos de la Junta de Portavoces. Luego de cinco días, el 18 de setiembre, se determinó, por mayoría, proponer ante el Pleno del Congreso a 11 candidatos para cubrir las seis plazas vacantes del TC. Los nombres y los currículums vitae han sido entregados y son de público conocimiento. Estamos actuando en el estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley.
A quienes señalan que existe una inusual celeridad es bueno recordarles que este proceso comenzó, y extrañamente se encarpetó, durante meses. A quienes sostienen que es poco transparente también debo reiterarles que el Pleno, durante la anterior presidencia de la Mesa Directiva, aprobó todo el proceso.
A quienes afirman que no tenemos legitimidad les digo que el 28 de julio del 2016, en elecciones democráticas, el pueblo peruano eligió a este Ejecutivo y a este Legislativo; y así nos dio legitimidad para gobernar durante cinco años. Ese es el mandato sagrado que emana de las urnas y que todos estamos obligados a cumplir hasta el 28 de julio del 2021, ni un minuto antes, ni un minuto después. El Legislativo, que me honro en presidir, no teme hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es más, exige a todos los peruanos sumisión a estos preceptos republicanos. Las sociedades que progresan no necesitan llamar a los cuarteles, recibir dictados de oenegés, obedecer a turbas en las calles, atender al odio en los corazones y menos a campañas mediáticas para decidir su destino; por el contrario, se someten al imperio de la ley, respetan el Estado de Derecho y punto. El Tribunal Constitucional será renovado, según lo acordado por el Congreso de la República, el 30 de setiembre y yo haré cumplir ese mandato. Ese es mi compromiso.
