Por: Patricia Teullet
Perú21, 14 de diciembre de 2020
Alguien me dijo: una ley se evalúa, no por sus intenciones, sino por sus resultados. Desafortunadamente, sobre leyes, tenemos un “camino al infierno empedrado de buenas intenciones”. Tal es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional que, en lugar de compensar con una indemnización, obliga a reponer trabajadores despedidos. Esto ha ocasionado que se reduzcan los contratos a tiempo indefinido y sean sustituidos por contratos temporales que crean incertidumbre en el trabajador, que no está seguro de que su contrato sea renovado, y desincentiva en las empresas la inversión en la capacitación laboral porque estas suelen dar frutos en el mediano y largo plazo y les hace poco sentido capacitar a alguien para que sea otra empresa la que aproveche estos conocimientos.
En el sector agroexportador podemos hacer un análisis distinto: teníamos, hasta hace días, una ley que incorporó a la formalidad a cientos de miles de trabajadores, con una remuneración por encima del mínimo de ley, que redujo la pobreza prepandemia de 70 al 20% y que permitió al país convertirse en el primer productor de espárragos, quinua, alcachofa, banano orgánico y pimiento piquillo. Un sector que pudo operar y crecer en la pandemia, mientras otros cerraban y despedían trabajadores.
Manejadas por la calle, sin evaluación, las autoridades derogaron la ley del agro. Si bien todo es perfectible y habría habido en ciertos ámbitos, prácticas indebidas que, empresas formales y autoridades fiscalizadoras debieran haber corregido, si una nueva ley no recoge las condiciones que generaron los logros del sector, corremos el riesgo de perder los éxitos cosechados con mucho esfuerzo y por ya varios años.
