Perú21, 10 de marzo de 2017
¿Qué pasó con el país que imaginamos el 28 de julio? ¿Ese que iba a acelerar la inversión para aumentar el empleo; dar agua y saneamiento a la mayoría y eliminar totalmente la anemia? Y, en cuanto al empleo, ya ni siquiera importa si es formal, como se prometió.
Se dio el “fenómeno Odebrecht” y, en lugar de limitar su costo al efecto de coimas, sobreprecios y decisiones erradas, permitimos que la factura siga creciendo y le cueste al país cada vez más.
Es absolutamente necesario combatir la corrupción.
La pregunta es: ¿no puede hacerse sin paralizar el país? ¿Es necesario maltratar y amenazar a los funcionarios que intentan sacar adelante los proyectos? ¿Por qué no nos damos siquiera la opción de pensar que no todos han sido ni son criminales?
Es fácil acusar sin pruebas cuando se tiene inmunidad. Algunos han de sentirse importantes paseando por programas de entrevistas que pronto podrán reemplazar a las novelas con este culebrón que tiene conflictos políticos, familiares, de negocios, y escenas de internacionales de crimen.
Pero la obligación que tienen aquellos que quisieron ser elegidos para gobernar este país, sea desde el Ejecutivo o el Congreso, es que esa familia en el arenal no pierda la que podría ser su única oportunidad de tener agua potable; que esa niña que nace hoy no muera de neumonía; que ese padre pueda alimentar a sus hijos con su salario; que ese joven homosexual no muera porque a otro le enseñaron a odiar; que esa madre no sea golpeada porque no tiene medios para vivir…
Tanto por hacer… Es más fácil insultar, acusar y perseguir.
Pero eso no le basta al Perú.
