Por Otto Guibovich Arteaga, Ex comandante general del Ejército
Para Lampadia
La estabilidad en la vida diaria es contributiva a la zona de confort de personas Y de muchas instituciones del estado que viven en estado latente. Con la velocidad de los cambios actuales pensar en estabilidad es un desafío al absurdo. La reacción del estado frente a los desastres en Piura nos confirma que somos un estado en espera, y reactivo, con la salvedad que algunos entes siguen esperando. ¿Todo cambia, menos el estado?
En las Fuerzas Armadas la rápida transición de la vida de cuartel a la de operaciones es una cualidad que se conoce como aprestamiento o alistamiento. Es decir la capacidad de estar listos en breves instantes para afrontar cualquier contingencia con efectividad. Ello demanda planes de contingencia y entrenamiento en su ejecución. Antes, esta era una cualidad casi excluyente de las organizaciones castrenses, pues los cambios en el mundo eran lentos, fácilmente digeridos Y los vaivenes climáticos eran esporádicos.
Hoy, los ministerios y otros entes del estado no pueden vivir y gestionarse permanentemente como si la zona de confort fuese ilimitada y las rutinas eternas sino entender que deben tener la capacidad de tensar músculos en cualquier momento y hacer la rápida transición a gestionar situaciones inesperadas, diversas y hacerlas de manera efectiva.
Recuerdo dos episodios, que particularmente marcaron mis memorias, de la forma como el estado peruano trastabilla cuando la situación normal se rompe súbitamente. Entiéndase por normal un estado de cosas donde se trabaja por ejemplo de 9 a 5, el entorno es el mismo, los recursos no faltan, todos hacen su rutina sin juzgar si lo hacen de manera eficiente y eficaz, pero ahí están, cada uno en su ámbito de confort.
El primero en 1980, cuando irrumpe Sendero Luminoso y quema las urnas, votos, y demás registros con los que se elegían nuevo gobierno en el Perú. Chuschi se hizo conocido por ese lamentable hecho. Las primeras reacciones fueron clamorosamente timoratas a pesar que al gobierno central no le faltaba datos de inteligencia y era evidente por las pintas en muros y cerros que el «inicio de la lucha armada» tan cacareado por los extremistas, estaba en las puertas del estado. Conocido el atentado la reacción fue de casi parálisis.
Algunos ningunearon el hecho, otros lo tomaron como un incidente menor en el marco de elecciones nacionales que habían cumplido su propósito. Lo patético vino cuando desde el propio palacio de gobierno se tipifico luego, a los autores de hechos de sangre como abigeos. Una década más tarde y con más de 20 mil muertos, las Naciones Unidas tipifico a los delincuentes como Organización Terrorista.
El estado no supo hacer la rápida transición de tiempo de paz a uno de guerra contra el terrorismo Y esas dudas le dieron dos años impunes al extremismo para asesinar y reforzar la motivación de sus integrantes y los de sus potenciales seguidores. Cuando se desplegaron a las FFAA en Ayacucho los terroristas habían abierto otros frentes y aceptarlo tomó otras discusiones y más tiempo perdido Tardía la reacción, que vino de la mano con otras decisiones erradas en cascada. Como los políticos no querían asumir el rol que la situación les imponía, se designó a militares como Jefes Políticos Militares. Luego como los fiscales eran asesinados o amedrentados por el terrorismo, la brillante idea fue designar fiscales militares y más tarde jueces militares. Es decir las FFAA debieron hacer su tarea militar, pero también tareas políticas, fiscales, judiciales, sociales. Es decir, se pusieron el estado al hombro y hoy lograda la pacificación, faltaba más, son perseguidas con el estado puesto de perfil.
El segundo episodio inolvidable y ligado a esa inaptitud para adecuarse rápidamente a las variaciones de las circunstancias, se produjo con ocasión del terremoto de Pisco. Empecemos mencionando que cerrada la jornada del día 15 de Agosto de 2007, nadie sabía con precisión donde fue el epicentro y al amanecer del día 16, Pisco tenía todas las autoridades del ejecutivo juntas y a las FFAA por cierto. El Presidente condujo muy temprano un Consejo de Ministros Y recuerdo la orden: «hágase cargo de las acciones de respuesta al terremoto». Nada más.
Tras ello, innumerables tareas. Algunos ministros recibieron responsabilidades territoriales: lea, Chincha, Cañete, etc. Lo cual fue acertado. Los problemas aparecieron cuando los ministros que quedaron en Pisco buscaban involucrarse en las soluciones y con frecuencia colisionaban con las tareas de alguno de sus pares. ¿Qué sucedía?, no tenían un plan de contingencia sectorial y por lo tanto, algo debían hacer y en ese afán recuerdo esfuerzos extraordinarios que merecían ser mejor canalizadas si cada sector estuviese preparado para hacer lo suyo en situaciones no normales. Las tareas de reconstrucción fueron otro cantar y si en la etapa inicial se extrañaba mejor coordinación, en esta ya sabemos el desenlace.
Existe una Ley del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres (Ley 29664) que establece estándares de Continuidad Operativa que debe hacerse cultura y cada sector tiene que organizarse, formular planes de contingencia y continuidad, ensayarlos y cuando el desastre o emergencia se presente, la capacidad de apresto para abandonar la rutina y asumir tareas complejas como las que deben desarrollarse hoy en Piura, Tumbes y alrededores no puede ser tardía. Lo mismo aplica para los gobiernos regionales y locales y es en base a estos planes que se deben asignar los recursos. El estado debe estar listo para reaccionar y no ser una rémora mientras la población literalmente se ahoga y las soluciones no llegan a tiempo. Adicionalmente la presencia de los decisores en el lugar de los hechos no tiene sustituto. En casos de emergencia, la realidad virtual no sustituye a la presencia física.
Continuidad operativa, planes de contingencia sectorial e institucional, capacidad de apresto. Necesitamos un estado alerta y listo es decir con capacidad para dejar su zona de confort y mostrarse al servicio de los damnificados. Ya no es una opción, es una responsabilidad legal que debe poner fin al estado latente.
