Por: Oswaldo Molina
El Comercio, 7 de setiembre del 2023
“No se trata solo de aumentar el acceso a la educación, sino también de lograr mejorar su calidad”.
La compleja coyuntura actual suele impedirnos ver el futuro con mayor perspectiva. No obstante, es necesario levantar la cabeza, dejar el entrampamiento y mirar más allá. Y, cuando se habla de futuro, no se puede dejar de discutir sobre la educación. Este tema, además, debe formar parte de nuestro debate actual; dados los nocivos efectos que ha tenido la pandemia sobre la educación alrededor del mundo, en especial en países como el nuestro. No en vano el Banco Mundial cataloga esta como la mayor crisis educativa de los últimos cien años. Para darnos una idea de la magnitud de la crisis en el Perú debemos saber que antes de la pandemia, hacia el 2019, el 34% de los estudiantes de cuarto grado de primaria tuvieron un nivel satisfactorio en matemáticas; mientras que, tras dos años de cierre de las escuelas en el país por el COVID-19, hoy este porcentaje es solo del 23%. Las consecuencias que sufrirán las generaciones jóvenes por este déficit de aprendizaje son muy duras: se estima que los estudiantes afectados percibirán en promedio un 12% menos de ingresos cuando entren al mercado laboral, lo que solo puede aumentar disparidades y problemas en el futuro.
Enfrentar con éxito esta crisis demanda poner en el centro a los estudiantes. No se trata solo de aumentar el acceso a la educación, garantizado por la Constitución, sino también de lograr mejorar la calidad de los servicios educativos brindados por el Estado. Un primer paso es saber en qué medida el Estado ha priorizado este sector, al menos presupuestariamente. Al respecto, cabe preguntarse si el Estado viene destinando más o menos recursos a la educación. Contrario a lo que seguramente usted cree, el sector educativo ha ganado en los últimos años mayor peso. Es así como, entre el 2011 y el 2021, el gasto público en educación pasó del 2,7% al 4% del PBI. Sin embargo, si nos comparamos con los demás países de la región, aún seguimos siendo los últimos de la clase (por ejemplo, en el 2019, Ecuador invertía el 4,2%; Colombia, el 4,5%; y Chile, el 5,6%). De ahí la constante discusión sobre la necesidad de aumentar el porcentaje del PBI destinado a este sector. ¿Por qué no lo hacemos? Para entender esto vale la pena recordar que, por ejemplo, en el 2019, si bien el Perú invertía el 3,8% de su PBI en educación, esto representaba el 16,9% del total de su presupuesto público, lo que lo convierte en el sector con mayor participación en el presupuesto. De hecho, esta proporción del presupuesto es mayor que la de otros países (por ejemplo, ese mismo año Colombia y Ecuador destinaban a este sector el 13,7% y el 11,6%, respectivamente). Lo que en el fondo está detrás es el bajo presupuesto público a disposición, debido a la alta informalidad y la evasión tributaria. A pesar de esto último y a la par del crecimiento de los recursos fiscales, se puede observar un importante aumento del presupuesto asignado a la educación: entre el 2009 y el 2023 se ha incrementado casi tres veces el presupuesto educativo, con un monto actual asignado de S/43,6 miles de millones.
¿Cómo se puede entender entonces la situación de la educación peruana? Una primera aproximación para intentar responder esto es que, por más que han existido mayores recursos destinados a mejorar la educación del país, la magnitud de nuestro rezago es aún muy grande. Un ejemplo de este enorme rezago es la precaria infraestructura educativa del país. Así, la brecha de infraestructura se calcula en S/152 mil millones; es decir, 3,5 veces el presupuesto anual total del sector. Un segundo punto es que el problema no solo es presupuestal. En muchos casos no hemos sido capaces de transformar esos mayores recursos en mejores servicios educativos, sea por incapacidad o por corrupción (recordemos, por ejemplo, la creciente importancia de los gobiernos regionales y locales en la provisión de los servicios de educación). Finalmente, la actual polémica por el nombramiento de profesores que no han superado las pruebas o el extendido cierre de escuelas por la pandemia son ejemplos evidentes que nos muestran que no necesariamente los estudiantes se encuentran en el centro de las decisiones. El problema es que ellos sí son los que terminarán pagando nuestros errores.
