Entrevista a Oscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional
La Republica, 14 de enero del 2022
Por Juan Carlos Soto
Entrevista al expresidente del Tribunal Constitucional, quien exige que el Gobierno Regional de Arequipa llegue a una conciliación con la concesionaria Angostura-Siguas. “He visto con extrañeza que, en Arequipa, muy pocos se pronunciaron para exigir a estas autoridades superar el inconveniente”, sostiene.
Óscar Urviola conoce al dedillo el proyecto Majes Siguas II, a punto de caerse y generar un millonario arbitraje al Estado peruano. Fue uno de los magistrados del TC que resolvió su destrabe en 2015 cuando Cusco lo judicializó. El fallo del TC determinó que había agua para Majes y Cusco. Urviola lamenta que, superado el impase, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) haya sido incapaz de ejecutarlo.
La concesionaria Angostura-Siguas presentó una carta pidiendo la caducidad del contrato de Majes II.
Muy preocupante. El artículo 166 de la Ley de Contrataciones permite a una empresa resolver el contrato ante el incumpliendo de la entidad. Es evidente que el GRA, pese a contar con todas las aprobaciones del Ministerio de Economía y Proinversión, no aprobó la adenda 13, que modifica el proyecto Majes. Este asunto llegó al Tribunal Constitucional (TC) y se resolvió de manera favorable para el proyecto. Después de superar esta situación que lo retrasó cinco años, no hubo una decisión del gobierno regional. La adenda se genera por una necesidad de adaptar Majes sin perjudicar a Cusco. Tiene justificación. Recuerde que ambas regiones entraron en conflicto por el agua.
El fallo del TC desencadena esta adenda. Afectó al proyecto.
El fallo permitió destrabarlo y cubrir las expectativas de Cusco y Apurímac que, si bien tienen derecho al río Apurímac, no podían oponerse a Majes II. Eso obligó a plantear una modernización del proyecto inicialmente concebido con canales abiertos (ahora será con tuberías). La autoridad regional, no solo esta, sino la anterior, actuaron con total negligencia. La situación se agravó con Cáceres Llica y los actuales consejeros. Son negligentes y advierto que están expuestos a altas responsabilidades. Repito, el contratista puede resolver. Pero eso acarreará responsabilidades directas de los titulares de estas entidades regionales.
¿Gobernadora y consejeros regionales que no firmaron la adenda 13?
Así es. El artículo 166-2 de la Ley de Contrataciones dice que, si la parte perjudicada es el contratista, que evidentemente lo es, por la desidia y falta de acción del GRA, la entidad debe reconocer la respectiva indemnización por los daños irrigados bajo responsabilidad del titular de la entidad. A esto hay que agregar las responsabilidades que por omisión señala la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hasta el Código Penal establece figuras como en el art. 377 por omisión, rehusarse o demora de actos funcionales. Es evidente que aquí hay una demora injustificada.
¿Está diciendo que pueden ir a la cárcel?
Por supuesto, genera responsabilidad la omisión de funciones. Hay un consejero (Elmer Pinto) que debe hacer el dictamen (para la adenda 13). Lo escuché y dice que debe haber parcelas de menor dimensión. Ese tema ya está superado. El proyecto está aprobado tal como está. Si ese señor no cumple con emitir el dictamen, incurrirá en responsabilidad y eso hay que resaltarlo. Tendrá que responder.
¿Qué dice la ley sobre las sanciones por omisión de funciones?
El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de la libertad. Así de claro. No es tan sencillo lo que están haciendo. Es de alta responsabilidad. Juegan con los intereses del Perú, la región y miles de peruanos.
La concesionaria plantea US$ 220 millones por daños y perjuicios. ¿Quién paga?
Para hablar claro. El Estado somos todos. Lo pagaremos todos nosotros de donde salen los recursos. Lo pagaremos todos por la irresponsabilidad del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la anterior y la actual gestión. De tal manera, exigimos que el GRA llegue a una conciliación con la concesionaria. El daño no solamente es la indemnización, también a la región por los costos de oportunidad y lo que se va a dejar de percibir. He visto con extrañeza que, en Arequipa, muy pocos se pronunciaron para exigir a estas autoridades superar el inconveniente.
Pero en Arequipa hay una corriente de opinión en contra del proyecto. Se dice que será para los chilenos.
Son los mismos argumentos cuando llegaron los malls. Majes no será para los chilenos o argentinos. El proyecto generará miles de empleos. Hay que ser obtuso para pensar así.
Hay consejeros que insisten con el minifundio y rechazan los módulos de agroexportación.
Nuestro sistema democrático permite que gente ignorante como la que acaba de mencionar haga semejante proposición. A estas alturas cuando el proyecto está estructurado. Invoco a los arequipeños a no elegir a personas que solo traen atraso.
Otros piden que lo haga el GRA.
Plantear eso es desconocer a las entidades públicas. No tienen recursos económicos ni tecnología.
¿Universidades ni colegios profesionales se pronuncian?
Están pensando en las próximas elecciones. Son las entidades más indicadas para hacerlo. El colegio de economistas, Ingenieros, Conrede ¿dónde están? ¿Por qué no se pronuncian?
Ahora, lo real en todo esto es que también llama mucho la atención el incremento del proyecto, primero costaba US$ 404 millones, luego subió a 550 millones y ahora 100 millones más, eso genera mucha desconfianza…
Sí. Eso generalmente ocurre en proyectos que tienen una demora más allá de las propias dificultades del proyecto en sí.
Me parece que los mayores costos se generan por la mala gestión, quizás hasta la mala concepción del proyecto en sus orígenes, pero ya está el proyecto así, no podemos retroceder de ninguna manera, eso le va a generar más daño a Arequipa.
Otro concepto que se percibe aquí es que la adenda es sinónimo de corrupción…
La adenda ya ha pasado por el MEF, Pro inversión, lo demás son especulaciones y por último, si hubiese algún viso de irregularidad eso está sujeto a control posterior y tendrán que pagar por esa responsabilidad, quienes hayan cometido las supuestas irregularidades. Pero detenerlo ahora será más perjudicial para Arequipa.
El arbitraje con Cobra no sería el único, no hay que olvidar que Majes tiene componente energético, se ha dado la concesión a Luz del Sur y si Majes no sale iniciaría también acciones legales contra el GRA…
Así es, por eso lo ideal es que las autoridades regionales se acerquen al concesionario y lleguen a un acuerdo. Hay tiempo para evitar un arbitraje, que dado bajo las circunstancias actuales yo creo que el concesionario tiene todas las de ganar.
Comparte la idea de que el Gobierno central asuma el proyecto
Creo, que en este momento, devolver el proyecto al Gobierno central sería otro atraso, el Gobierno regional es el que tiene en sus manos este asunto, exigimos a quienes tienen que tomar la decisión que lo hagan en bien de Arequipa y el Perú, sino van a incurrir en responsabilidades que nos vamos a encargar de señalarlas cuando se produzcan, si es que se producen.
