Ántero Flores-Aráoz
Expreso, 13 de noviembre, 2015
Si hay algo en que estamos de acuerdo la mayoría de peruanos que apostamos por la inversión, de todo tamaño, que es la que genera los puestos de trabajo y prosperidad, es que se necesitan menos regulaciones, requisitos y trámites para obtener autorizaciones, permisos y licencias. Asímismo, estamos de acuerdo en que se requiere una gran campaña para toma de conciencia de los funcionarios estatales, en el sentido que más que “servidores públicos” son “servidores del público”, que a ellos se deben, y que su obligación es ayudarlos a cumplir con las regulaciones y dejar de lado la simple vocación sancionadora.
Las autoridades se llenan la boca sobre la necesidad de hacer amigable la administración pública con los ciudadanos, investigan sobre “tramitología” irrelevante, y claman por la formalización de los informales, pero la triste realidad nos ratifica que siguen en lo mismo, pues nada solucionan. Muchos de nuestros altos funcionarios gubernamentales se preguntan por qué baja la posición del Perú en los índices de competitividad internacional, en el de facilidades para la inversión o en los costos de transacción. No sean ciegos, si es que bajamos en la posición del país, es porque siguen complicando a las actividades empresariales que son las que mueven la economía.
La cosa va para peor, a la irracionalidad de la acción normativa gubernamental, se suma el Congreso de la República, aprobando leyes que lejos de simplificar trámites siguen complicando la vida del empresariado. Sabemos que una buena parte de las empresas se constituyen como sociedades anónimas, además de las empresas unipersonales y las empresas individuales de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas pueden tener su directorio, el que, como su nombre lo indica, es ente corporativo o plural, que conduce los destinos de la sociedad, y que por lo demás tiene, al igual que derechos, responsabilidades.
El nombramiento de los directores debe inscribirse en Registros Públicos, surtiendo efecto desde su aceptación, sea expresa o tácita, en este último caso con el ejercicio del cargo. Nuestros “informados” y “eficientes” parlamentarios, acaban de dar muestra de todo lo contrario, al sumarse a funcionarios gubernamentales que torpedean la generación de riqueza, poniendo más y más trabas burocráticas.
En efecto han aprobado una norma por la que se modifica la Ley General de Sociedades, en el sentido que obliga a los directores de sociedades a aceptar el cargo de manera expresa, por escrito e ir al oficio del notario para legalizar su firma, para lo cual tendrá que llevar su documento de identidad. Si la aceptación fuera en el acta de nombramiento o de instalación, el respectivo libro lo llevará cada director, uno a uno, al notario para la certificación de su firma, antes de gestionarse la inscripción registral.
Los directores de las sociedades no están mano sobre mano ni calentando asiento como algunos zánganos conocidos, tienen harto trabajo que realizar, por lo que sería bueno que nuestros parlamentarios piensen alguna vez para no perpetrar tanto legicidio. La cabeza no la tienen solo para peinarse
