Miguel Ángel Torres, Presidente de la Comisión de Contitución y Reglamento del Congreso de la República
El Comercio, 2 de octubre de 2016
Cada cierto tiempo el Congreso de la República debe decidir entre compartir o no con el Ejecutivo su facultad legislativa. En esta oportunidad, dicha decisión era especial, pues el 8 de setiembre, el gobierno de turno presentó un solo proyecto de ley de delegación de facultades legislativas, el mismo que no podría dejar de calificarse como temerario y algo irresponsable (considerando la forma de su presentación) al contener 33 materias.
Desde la Comisión de Constitución y Reglamento, he sido testigo de excepción de todo un proceso en el cual, si bien comprendíamos la necesidad de la solicitud efectuada (teniendo en cuenta la desastrosa situación que ha dejado la administración Humala), debíamos administrar y darle viabilidad al pedido efectuado, siendo cautelosos con los intereses de los más necesitados y de la ciudadanía en general.
El reto era inmenso, lo que obligó a que el Parlamento en pleno se abocara casi en exclusiva a esta labor. Apenas llegó el proyecto, se tomó la decisión de derivarlo a la Comisión de Constitución, inmediatamente después, por unanimidad (pero con bastante escepticismo), se enviaron solicitudes de opinión a diez comisiones ordinarias; se recibió a gran cantidad de ministros y no se dudó en desarrollar sendas y maratónicas sesiones extraordinarias, con el objeto de comprender los verdaderos alcances de la solicitud efectuada.
Luego del análisis por materias y contando con las importantes opiniones de las comisiones, se logró dictaminar un proyecto con más de 20 precisiones o “candados” que aseguraban un uso adecuado del poder. Tres semanas después (casi un récord, teniendo en cuenta la multiplicidad de los temas), se debatía en el pleno del Congreso el proyecto de ley corregido y se efectuaban las precisiones finales, para otorgar finalmente la delegación solicitada.
La forma como se ha administrado esta solicitud ha recibido el reconocimiento de los diferentes grupos políticos, pues a través de ello se ha demostrado que no existe una actitud obstruccionista por parte del Parlamento. Y que, hoy por hoy, contamos con un Congreso serio y responsable, el mismo que ejerce el control político como la Constitución Política se lo exige. Que no existe voluntad de sorprender a nadie y que el único objetivo era encontrar una fórmula que beneficie a todos, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, al Estado Peruano y, por sobre todo, a los ciudadanos peruanos.
El resultado ha sido obtenido, debiéndose resaltar que la referida veintena de ajustes realizados han sido indispensables. Dichas modificaciones pueden agruparse en tres grandes aspectos: el otorgamiento de beneficios a las mypes (cumpliendo con ello el encargo contenido en nuestra Constitución de promover la pequeña empresa); el fortalecimiento de instrumentos que permitan lograr finalmente una eficaz y eficiente seguridad ciudadana, sin que ello implique la afectación de derechos constitucionales de las personas; y la habilitación de nuevas formas de desarrollo de infraestructura, salvaguardando la participación de los mecanismos de control del Estado.
La labor ha sido tan importante, no solo por lograr los tres aspectos indicados, sino porque limitando el eventual marco legislativo a desarrollar por parte del Poder Ejecutivo, se ha asegurado que la misma se desarrolle dentro de un marco plenamente constitucional y con ello que se emitan normas que perduren en el tiempo.
Precisión aparte merece el hecho de que luego de una larga discusión se optara por votar en bloques macrotemáticos, lo que, sin duda, ha evidenciado una voluntad democrática y de respeto a las minorías del Congreso. No obstante ello, resulta indispensable advertir que si bien resulta válida la existencia de posiciones diferentes, Fuerza Popular optó por el otorgamiento de facultades en los cinco bloques y no en cuatro como lo hizo el Frente Amplio, pues desde la bancada fujimorista hemos sido conscientes de que negar la opción de legislar en materia económica habría sido un terrible error. En efecto, debe advertirse que si se desea normar en temas relacionados con la seguridad ciudadana, ello no se agota en la tipificación de delitos, infraestructura penitenciaria o transparencia en la información, sino que obliga a atender uno de los principales motivos del crecimiento de la delincuencia: la falta de oportunidades.
Se ha reiterado, y creemos que es importante seguir haciéndolo, que la delegación de facultades no constituye un cheque en blanco. La delegación lleva implícitos el compromiso y la responsabilidad del Ejecutivo frente a los 30 millones de peruanos y frente al Congreso para conseguir los efectos deseados en beneficio del país.
Por ello, debe quedar claro que el Parlamento, como representación del país y guardián de la Constitución Política, será muy riguroso en la revisión de los decretos legislativos que el Ejecutivo promulgue cuando retornen ellos a la Comisión de Constitución.
