Pablo Bustamante
Director de Lampadia
El gobierno habla de promover la inversión privada. Sin embargo, propone una ley de ordenamiento territorial que atentaría gravemente contra la inversión minera, entre otras.
Este proyecto fue promovido por el excura Arana cuando fue congresista y el parlamento no lo aprobó ni el Ejecutivo lo secundó.
¿Cómo puede el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola volver a la carga semejante cosa, cuando hablan de rescatar la inversión privada?
Ese proyecto tiene que ser retirado inmediatamente, de lo contrario estaríamos con un gobierno anti-inversión privada.
Líneas abajo compartimos el artículo de Miguel Cardozo:
Por: Miguel Cardozo
Presidente de Perumin 36
Gestión, 3 de noviembre
De aprobarse la norma, las autoridades regionales podrán establecer zonas restringidas para cualquier actividad económica”.
La industria minera en el Perú se reunió en el marco de Perumin 36. La presencia de más de 65 mil personas, más de 800 empresas e instituciones y nueve pabellones internacionales, representantes de empresas de los cinco continentes, 11 gobernadores regionales, siete ministros de Estado y actividades difundidas en castellano, inglés y quechua, describen la trascendencia de este encuentro.
Se trata de uno de los foros mineros globales más importante y, pese a los vaivenes de la política, el empresariado ha mostrado su compromiso con la inversión, el desarrollo sostenible, el progreso y el bienestar de los peruanos.
Como punto final de Perumin, los actores del sector suscribimos una declaración de principios, que busca establecer una hoja de ruta para contribuir a reactivar al país.
En dicho pronunciamiento queda claro el compromiso de la industria de formar parte activa de un grupo de trabajo multiactor para agilizar las inversiones privadas y dar un paso importante hacia la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De la misma manera, estamos comprometidos en proponer reformas que aseguren el uso efectivo del canon minero en beneficio de la población. Esto implica eliminar barreras burocráticas y simplificar los procedimientos, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera honesta y eficiente, logrando que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan y avancemos en el cierre de brechas y reducción de la pobreza, al tiempo que impulsamos el crecimiento económico que nos aleje de la recesión económica que nos agobia.
El pronunciamiento suscrito en el evento parece ir de la mano con el discurso gubernamental expresado por diversos ministros durante el foro: desde expresiones que reafirman el respeto a la inversión privada, promesas de no ser obstáculos para nuevos proyectos, la formación de una ventanilla única digital que ya está en marcha, el reconocimiento de que el Perú es un país minero, entre tantas expresiones aplaudidas por los asistentes.
Incluso, los gobernadores regionales, reunidos en Perumin, establecieron un grupo de trabajo para fomentar el desarrollo de la minería. Y otra vez, la decisión recibió el entusiasta aplauso de los asistentes.
Pese a estas señales, el Poder Ejecutivo envió al Congreso, en agosto, el proyecto de Ordenamiento Territorial y de creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que va en línea contraria con todo el discurso que el aparato público expuso en Perumin y que no fue mencionado ni discutido durante esa última semana de septiembre en que se realizó el congreso minero.
De aprobarse la norma, las autoridades regionales podrán establecer zonas restringidas para cualquier actividad económica, como la industria minera, aun cuando las compañías puedan contar con todas las condiciones y permisos para operar y que, como hemos visto anteriormente, el criterio ideológico muchas veces se imponga al técnico e impida el desarrollo económico y social. Esta no es la primera vez que las autoridades de este país proponen un procedimiento de espíritu excluyente, que rompe la confianza de los inversionistas.
El proyecto claramente es un nuevo escollo para la inversión, desalienta a los empresarios y otra vez es un paso atrás para crear las condiciones de confianza que, sobre todo ahora, se requieren para reactivar la economía. El riesgo es claro, hay una cartera de proyectos por US$ 53,000 millones que, de prosperar esta norma, es probable que no logren luz verde.
En el 2021, el Gobierno intentó promover una norma similar, y el propio Ministerio de Energía y Minas emitió una opinión contraria. Dos años más tarde, en julio 2023, la bancada de Perú Libre también presentó una propuesta de Ley de Ordenamiento y Gestión Territorial al Congreso, y, en el mismo mes, el premier Otárola anunció, ante el II Consejo de Estado Regional, la aprobación en el gabinete ministerial del Proyecto de Ley para el Ordenamiento Territorial señalando que el proyecto fija la rectoría de la PCM como ministerio articulador en la materia”, invocando, además, a la Mesa Directiva del Congreso a agendar la atención de dicha iniciativa. Estos proyectos no difieren en su esencia, por lo que se conservan los riesgos que constituyen un desaliento para la inversión.
En Perumin se ha reafirmado la importancia de darle impulso a la industria minera como motor de crecimiento y, sobre todo, de desarrollo para todos los peruanos. Sin embargo, nada de ello será posible si no se logran sinergias con las autoridades locales, regionales y las nacionales. Las necesidades que afronta el país, demandan diálogo y acuerdos de todas las partes.
Las necesidades del país son enormes y no aprovechar los recursos con los que contamos se traduce en indicadores sociales inaceptables en el siglo XXI, en un crecimiento que no sacará de la pobreza a los olvidados y a la postergación de las grandes obras de infraestructura. Este es el diagnóstico largamente debatido durante los cinco días del encuentro en Arequipa y el Ejecutivo debe corregir su iniciativa.
