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Martín Naranjo

La inclusión financiera como política de gobierno

Por: Martín Naranjo

Lima-Perú, 02/08/2021 a las 11:08am. Por Martín Naranjo

Por: Martín Naranjo
Perú21, 2 de agosto de 2021

Cuando el presidente Castillo nos dice que “el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles”, está, sin duda, definiendo una mayor y mejor inclusión financiera como una prioridad en su intención de política, lo que tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que en el Perú tenemos uno de los más bajos indicadores de penetración de servicios bancarios entre los países de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente Castillo está considerando solamente una de las instituciones públicas en capacidad de acompañar esos esfuerzos y un solo tipo de instrumentos.

En nuestro medio operan poco más de 500 intermediarios en total. Así como operan 16 bancos y 10 financieras, también lo hacen 7 Cajas Rurales, 9 Edpymes y más de 430 Cooperativas de Ahorro y Crédito. En el sector público, además del Banco de la Nación, operan 12 Cajas Municipales, Cofide, Agrobanco y Mivivienda. Es decir, para acompañar en la inclusión financiera como prioridad de política, hay una clara necesidad de compatibilizar, complementar y unir esfuerzos con el sector privado y con el resto de los intermediarios públicos.

Evidentemente, el rol de la banca pública en el sector financiero puede ser repensado, puede ser ampliado, especialmente si es que esa ampliación se realiza desde una lógica de subsidiariedad entendida como una de complementariedad, fomento, estimulación, coordinación o integración. Los avances tecnológicos más recientes, que permiten mejor registro, mejor separación de componentes, mejor trazabilidad, mejores ambientes de control y mejor gobierno corporativo, también pueden permitir que este tipo de ampliación se lleve a cabo de una manera eficiente, segura y prudente.

Por otro lado, los servicios bancarios no son los únicos instrumentos para una mayor y mejor inclusión financiera. En particular, la inversión pública en infraestructura configura un instrumento potentísimo para articular las prioridades sanitarias y de reactivación junto con la de inclusión financiera: mientras mejores sean los caminos, o las redes de agua, energía, telefonía o conectividad, mejor será la inclusión financiera, dado que esta infraestructura es necesaria para que los servicios y agentes financieros puedan operar con fluidez y menores costos en las zonas más apartadas del país. Asimismo, mejorar la educación, la salud, la seguridad y la justicia hará posible alcanzar una mayor inclusión financiera, debido a que la mejora en estos factores clave disminuye sustancialmente la exposición al riesgo de personas y empresas.

En este sentido, la inclusión financiera no es pues un problema exclusivamente financiero, tampoco es un problema exclusivamente público o privado, o de un solo intermediario, es un problema general de inclusión: de inclusión a las redes de infraestructura y a las redes de protección social.

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