Por Marcial García, Socio de Impuestos de EY Perú
Diario Gestión, 22 de Marzo de 2017
Los últimos resultados del sector minero son alentadores. El año pasado la minería metálica registró un crecimiento de 21.2%, la mayor tasa de los últimos 25 años, por el aumento de los volúmenes producidos de cobre, oro, plata, hierro y molibdeno (38.40%, 4.21%, 6.65%, 4.68% y 27.80%, respectivamente, en relación al 2015). De hecho, la minería fue la base del crecimiento de nuestra economía en el 2016, aportándole 1.9 puntos porcentuales al PBI, que creció 3.9% ese año.
El cobre constituye nuestro principal producto de exportación al concentrar el 27% del total exportado y el 42% de las exportaciones mineras. En el 2016 la producción nacional alcanzó el récord histórico de 2.35 millones de toneladas métricas finas (TMF), en tanto que en Chile se extrajeron 5.5 millones de TMF. Este nivel de producción situó al Perú, por primera vez desde el 2010, como el segundo productor mundial de cobre, por delante de China, que obtuvo 1.74 millones de TMF.
Las cifras son importantes, si se toma en cuenta que en el 2014, es decir, hace apenas tres años producíamos 1.37 millones de TMF, y que solo en ese periodo la producción cuprífera aumentó en más de 70%.
Este crecimiento responde a proyectos de gran envergadura que iniciaron o consolidaron sus operaciones el año pasado, como es el caso de Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, y a una mayor producción de Antamina. Estas tres minas explican el 55% de nuestra producción del metal rojo.
Estos resultados se dan mientras la cotización internacional del cobre viene registrando un significativo repunte. En los últimos 12 meses ha subido alrededor de 30%. Actualmente está en cerca de US$ 2.70 la libra, su nivel más alto desde mayo del 2015, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de ejecutar un shock de inversiones en infraestructura y las paralizaciones en tres de las principales minas del mundo: Escondida en Chile, Grasberg en Indonesia y Cerro Verde en Perú
Sin embargo, no todas las noticias son buenas. La inversión minera muestra una acentuada desaceleración desde que alcanzó su pico de US$ 9,940 millones en el 2013 y por ahora no se vislumbran en el horizonte nuevos proyectos de fuerte impacto en la producción. Pese a que tenemos una larga lista de proyectos mineros, como Quellaveco, Michiquillay o la Granja, cuyo monto bordea los US$ 47,000 millones, no todos tendrían realmente posibilidad de desarrollarse bajo las actuales condiciones.
El Gobierno tiene que consolidar las reformas iniciadas e implementar medidas de mayor calibre para asegurar el ingreso de nuevos proyectos mineros. Ello pasa por resolver la conflictividad social y eliminar las trabas burocráticas, pero también por actualizar el marco tributario aplicable a la actividad minera, pues en muchos aspectos ha quedado desfasado. Necesitamos reglas más claras y predecibles a fin de generar mayor seguridad jurídica y evitar costosas controversias con la Sunat.
