Por: Madeleine Osterling
Expreso, 6 de enero de 2020
La perversa práctica del Gobierno de recortar nuestras libertades y de dirigirnos la vida, que llegó a su máxima expresión durante la pandemia, con un costo altísimo en la salud y la economía, hoy vuelve a golpearnos: el Reglamento del DL 1434 desconoce, sin excepciones, nuestro derecho al secreto bancario previsto en la Constitución.
Finalmente, la Carta Magna ha sido tan maltratada en estos últimos cinco años, incluso por el TC con unos votos en mayoría de plastilina, que ya nada me sorprende. Si desde el Gobierno se coartan las libertades, se despilfarra el dinero público, se miente descaradamente, se compran medios de comunicación y se pagan periodistas mercenarios violando el derecho a ser verazmente informados, qué puede importar la afectación de solo el 7% de ciudadanos y empresas que tienen algún depósito en el sistema financiero de S/ 10,000 o más.
Una minoría aparentemente irrelevante; por ello los candidatos ni se pronuncian sobre el tema, ninguno quiere defender principios, en la medida que implique el riesgo de ensuciar su imagen ante un importante bolsón electoral no bancarizado, que lo interpretaría como una defensa a los ricos. La profunda ignorancia de nuestra ciudadanía da lugar a estos absurdos. Además, es evidente la complicidad de alguna prensa en los abusos del gobierno; hay medios de circulación nacional que lo informan pero que vergonzosamente no han escrito una sola línea en defensa de este derecho ciudadano.
Me indigna la posición tan cómoda de la Sunat, siempre optando por trasladarle el trabajo y la responsabilidad a terceros, igual como ocurrió con el sistema de percepciones. Los bancos van a tener que implementar toda una nueva estructura para recabar y procesar esa inagotable y dinámica información, cuyos mayores costos los asumirá el cliente. La gran labor realizada por la SBS para promover la inclusión financiera sufrirá un irreparable retroceso. Ya no solo son las normas del esquizofrénico Congreso que dificultan la bancarización (6.6 millones de clientes con créditos Mypes y de consumo que con la regulación de las tasas de interés ya no calificarán para una renovación, por su alto perfil de riesgo) sino el quiebre del secreto bancario, cuyo origen es de muy antigua data y que tiene como principal propósito reforzar la confianza del público en las entidades financieras. En un país plagado de delincuentes y extorsionadores, no nos basta el dicho de la Sunat sobre sus altos estándares de seguridad. Nuestra información confidencial pasará por demasiados ojos, un estricto control es tarea casi imposible, no nos engañemos.
Bien dice Ludwig Von Mises en La acción humana (1949) “O los clientes tienen todos fe en el banquero, o nadie se fía de él; si alguien empieza a desconfiar, el resto rápidamente lo imita (…)”.
Violar el secreto bancario no es una herramienta exitosa de control de la evasión y elusión tributaria para una economía que alcanza el 80% de informalidad sino un reflejo de la mediocridad profesional de nuestros carísimos funcionarios públicos, que no tienen la capacidad para analizar costo-beneficio que las recomendaciones de la OCDE, cuya realidad hoy nos es ajena y absolutamente inalcanzable, son contraproducentes para el Perú.
