Por: Álvaro Monge Zegarra, Socio de Macroconsult
Gestión, 27 de abril de 2020
Uno de los debates recientes de política pública es la apertura de la economía y la forma como esta puede ser consistente con las estrategias de control del covid-19.
El reto radica en la capacidad de compatibilizar dos objetivos aparentemente contrapuestos: que las relaciones económicas vuelvan a operar, pero limitando el grado de interacción social de los ciudadanos. Lo que se quiere es que los avances logrados en contener la enfermedad no sean revertidos en un escenario de apertura.
Como sugiere Andrés Cadena y sus colegas en el documento para McKinsey “How to restart national economies during the coronavirus crisis”el ejercicio de ingeniería económica y social necesario no es menor. Y es que surgen varios desafíos.
Por un lado, desarrollar medidas sanitarias que hagan seguro volver a trabajar y, por otro, realizar inversiones en el sistema de salud que permitan calzar la oferta con la mayor demanda potencial.
Paralelamente, se trabajan cronogramas de reapertura de actividades económicas. Al inicio aquellas con capacidad de realizar trabajo remoto o cuya interacción entre trabajadores y clientes sea bajo. Luego, aquellas que no cumplan estas condiciones deberán desarrollar protocolos más estrictos a ser aprobados por las autoridades antes de reiniciar sus labores. Durante el proceso, los gobiernos deberán ser particularmente cuidadosos con actividades de alto valor agregado y mayor generación de trabajo.
Lamentablemente, esto que suena hasta cierto punto razonable colisiona con la realidad de países en desarrollo, en particular aquellos como el Perú que exhiben niveles de informalidad elevados. En dichos contextos, no solo las cuarentenas se ven perforadas por la necesidad de trabajar que tienen las personas; sino que en un escenario de apertura es difícil pensar que los protocolos puedan ser respetados por estos segmentos vulnerables.
Como sugirió Agnus Deaton en un webinar de la Universidad de Princeton, para los más pobres puede ser difícil cumplir normas de distanciamiento social si es que ello implica un aumento en el costo del desarrollo de sus actividades normales. La consecuencia sería un resultado dual: por un lado, la parte alta de la pirámide operando bajo ciertos estándares y la parte baja sin ellos. Sin embargo, en estas condiciones y dada la normal interacción que existe entre estos segmentos en el sistema económico, la eficacia de los estándares implementados será menor incluso en el segmento que los respeta.
Lidiar con esta realidad es uno de los grandes retos de la reapertura económica en el caso peruano. Por ello, la política pública debe estar preparada para complementar los programas de transferencias con esquemas de incentivos (por ejemplo, condicionalidades) que modifiquen comportamientos y posibiliten ampliar el espectro de cumplimiento esperado. Caso contrario, cualquier ejercicio parecido al descrito podría entrar en crisis rápidamente.
