Por: Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y Finanzas
Gestión, 19 de marzo de 2020
De cara a la elevada tasa de propagación de este virus que vemos en nuestro país, se pueden identificar al menos cuatro desafíos críticos que nuestra sociedad, incluidos gobernantes, empresarios, consumidores, y la ciudadanía en general debemos enfrentar.
Thomas Malthus escribió en 1798 una de las obras más polémicas hasta el día de hoy en la que concluía que la prosperidad de las naciones propiciaría un incremento demográfico insostenible al agotarse eventualmente la provisión de alimentos. El consiguiente “ajuste malthusiano” predecía la inviabilidad de la supervivencia de la población humana de persistir su crecimiento. Este escenario catastrófico da importantes luces para entender la realidad que enfrentamos como sociedad de cara a la pandemia global del coronavirus. Este shock global sin duda constituye el primer gran desafío global del siglo XXI y ya está poniendo a prueba la capacidad de nuestros gobiernos y sociedades de lidiar con esta grave situación.
Hay un símil entre las presiones demográficas malthusianas del siglo XIX y la propagación del COVID-19 de la actualidad. La insuficiente oferta agrícola de Malthus de hace más de dos siglos equivale a la eventual escasez de medios para hacer frente a las situaciones críticas que hoy experimentamos. De cara a la elevada tasa de propagación de este virus que vemos en nuestro país, se pueden identificar al menos cuatro desafíos críticos que nuestra sociedad, incluidos gobernantes, empresarios, consumidores, y la ciudadanía en general debemos enfrentar.
Primero, la capacidad que tengan las fuerzas del orden de imponer la cuarentena ante una población no del todo consciente de los riesgos a los que está sometida (aunque esta situación pareciera estar mejorando por una creciente consciencia ciudadana). Ante una elevada tasa de propagación del coronavirus, parecida por momentos al patrón que se observó en Wuhan hace seis semanas, se haría imprescindible endurecer las medidas de orden interno, de ser el caso. Esto efectivamente viene siendo anunciado por las autoridades con la adopción del toque de queda y la imposición de resticciones vehiculares. Esto debe ser logrado por una activa y efectiva campaña informativa liderada por el Gobierno con la finalidad de sensibilizar a la población de los riesgos a los que está expuesta y las medidas a emprender, usando de manera activa métodos tradicionales como el contacto directo con la población a través de perifoneo desde camionetas, entre otros. Al mismo tiempo, se tienen que adoptar sanciones que sean lo suficientemente creíbles para ser disuasivas y efectivas en su aplicación. Sólo así podrá lograrse que las medidas recientemente dictadas de cuarentena, trabajo remoto y otras mantengan su eficacia en las semanas venideras.
Segundo, las eventuales dificultades de brindar servicios de atención de salud para la población contagiada. Esto se torna particularmente complicado dados los problemas estructurales de la salud pública de nuestro país. Pese a la notable expansión del gasto y la cobertura de los últimos años, no existen suficientes especialistas ni servicios médicos para atender a la población que demande atención urgente, esto sin contar con el elevado número de pacientes afligidos por otras dolencias. El déficit de infraestructura, equipamiento y de personal médico y asistencial del MINSA y EsSalud deberá ser complementado con la provisión privada a través de redes de atención utilizando el marco legal generado en el año 2013 como parte de la Reforma de Salud y que ha venido siendo retomado en el contexto de los recientes decretos de urgencia emitidos por el Gobierno. Una cuestión esencial es generar contratos, cuando menos de mediano plazo, entre el Estado y operadores asistenciales privados, además de procurar la rápida adopción de nuevas tecnologías de información y telemedicina. Hay una importante agenda pendiente en esta materia.
Tercero, ante potenciales problemas de abastecimiento de artículos de primera necesidad (alimentos y medicinas) es necesario contar con una fiscalización efectiva ante el posible acaparamiento y la especulación que tiende a ocurrir en estas circunstancias. Esto dependerá de una coordinación estrecha entre los entes rectores y las entidades reguladoras como Indecopi, SuSalud, Osinergmin, entre otras a fin de aprender de las lecciones derivadas de hechos dolorosos como la explosión de una cisterna de gas en Villa El Salvador.
La capacidad de estos organismos no solo se garantizará con mayores partidas presupuestales (las que sin duda son necesarias) sino con encarar la inacción que caracteriza al Estado por el temor que muchos funcionarios públicos tienen de tomar decisiones. Por ejemplo, los sistemas de control interno, que son absolutamente necesarios para velar por el buen uso de los recursos públicos, tienen que seguir perfeccionándose para que prime el enfoque de gestión de riesgos y “valor por dinero” y no uno que introduzca incentivos a la parálisis en la gestión pública. Esto aplica no solo a los organismos reguladores sino que a toda la administración pública que teme por las consecuencias de tomar decisiones discrecionales. Esto es más cierto aún en el contexto de una situación para la que no estábamos preparados y para la cual no existían normas legales ni procedimientos preestablecidos; por ende, este vacío -al igual que muchas otras situaciones de interés público que el Perú viene enfrentando desde hace varios años- necesita de una toma de decisiones valiente, oportuna e integral por parte del servicio civil del Estado.
Cuarto, lidiar con problemas de liquidez de los agentes económicos es quizás el principal desafío económico que enfrentan nuestras autoridades en un probable escenario de recesión global. Esto ha conllevado a la reciente adopción de una agresiva política monetaria de la Reserva Federal con el recorte de tasas de interés en 50 puntos básicos y la inyección de liquidez al sistema financiero por US$ 198 mil millones. A esto se ha sumado una expansión fiscal en los principales países afectados como Italia (1.4% del PBI) y Corea del Sur (0.8% del PBI). Se anticipa una acción concertada entre los principales países industrializados liderados por EEUU que apunta a un estímulo fiscal sin precedentes.
El impacto inmediato de esta epidemia se da directamente a través del comercio, los precios de las materias primas y la salida de capitales externos, con una ruptura inmediata de la cadena de pagos. El país ya ha vivido circunstancias similares a fines de la década de los noventa (que fue enfrentada de manera tardía e insuficiente) y luego de la crisis financiera de 2008 en el que las medidas anticíclicas y la continuidad de la expansión económica china permitieron capear el temporal. Facilitar el comercio internacional es fundamental. El suministro de necesarias importaciones y atender la demanda por nuestras exportaciones es una tarea crítica. Aun cuando el BCR está adoptando medidas para contener las fuerte presiones a la depreciación, el tipo de cambio tenderá a estabilizarse cuando se llegue a un nuevo equilibrio en las cuentas externas consistente con las nuevas condiciones internacionales.
Se debe continuar con una estricta vigilancia del impacto del ajuste de precios relativos sobre los balances de las entidades financieras, especialmente las más pequeñas (financieras, cajas rurales y cooperativas) para que las autoridades competentes pueden intervenir de manera oportuna de ser el caso. Medidas y acciones que apuntan en la dirección correcta son las adoptadas por la SUNAT para dotar de liquidez a los contribuyentes más afectados y por las principales entidades financieras para evitar el rompimiento de la cadena de pagos, como la anunciada reprogramación del servicio de deudas.
Nuestra reconocida fortaleza macroeconómica otorga cierto grado de manejo ante shocks externos, los que presumimos serán temporales, pero una posible recesión global hará más desafiante mantener el crecimiento económico y evitar retrocesos en materia social. Medidas fiscales para inyectar liquidez a los trabajadores y poblaciones más vulnerables son bienvenidas pero siempre serán insuficientes ante la magnitud del shock externo. A esto se suma la gran informalidad que tiene nuestro país que esquiva la acción gubernamental. Este segmento de la población, que incluye a millones de ciudadanos, es particularmente complejo porque es el que menos podrá blindarse del impacto económico de la cuarentena.
Sin duda esta pandemia es un dura prueba que como sociedad peruana debemos enfrentar. Pero así como Malthus parecía apocalíptico en sus previsiones, otro gran académico británico, Charles Darwin, quien desarrolló la teoría de la evolución de la especie humana en 1864, nos da razones para ser optimistas al haber podido explicar la enorme capacidad de adaptabilidad y resiliencia del ser humano. Esta teoría resalta que la supervivencia del más fuerte (y más hábil) asegurará su continuidad. En la actual coyuntura, la hipótesis darwiniana nos permite extrapolar que es posible encarar esta crisis siempre y cuando abordemos algunas de las restricciones arriba descritas. El proverbio chino aplica hoy más que nunca: de una gran crisis surge una gran oportunidad. Afortunadamente, la solidaridad y el sentido de la colaboración está permeando en la mayoría de ciudadanos de nuestro país. Ojalá estemos todos a la altura.
