Existen tres grandes ficciones en el debate económico actual. La primera gran ficción es que las leyes y las normas pueden afectar la dinámica del mercado y proteger los derechos de los más débiles. El exceso de regulación sí termina afectando el mercado en cuestión, pero lo destruye y, paradójicamente, quienes resultan más perjudicados son justamente aquellos a quienes se intentaba proteger originalmente. Así, cuando queremos proteger a los deudores y colocamos topes a la tasas de interés, el mercado crediticio desaparece y solo unos pocos acceden al escaso crédito a través de mecanismos de racionamiento nada claros. Cualquier control de precios, en general, lleva a la escasez y aparición de mercados negros o informales. Esta lección la hemos aprendido bien los peruanos, pero todavía no nos hemos dado cuenta de esto en el mercado laboral. Si bien es cierto que se transan servicios de personas, y esto requiere una regulación especial que proteja los derechos humanos y sociales básicos, los excesos te llevan a destruir el mercado laboral y a las relaciones laborales informales. Esto es, debemos proteger la no discriminación, el respeto a la dignidad de las personas, jornadas laborales, pago de salud y pensiones. ¿Pero por qué tenemos que garantizar el puesto de trabajo? ¿Por qué la estabilidad laboral es un derecho? O, bajo otra modalidad, encarecer y complicar tanto los despidos, que terminan afectando dos cosas básicas: los incentivos a esforzar de las personas y la viabilidad empresarial cuando surgen eventos inesperados que afectan la demanda de las empresas. Cuando legislamos de espaldas a la realidad económica, terminamos generando informalidad.
La segunda ficción tiene que ver con los impuestos. Se piensa que si mantenemos impuestos muy bajos, tendremos crecimiento floreciente y todos nuestros problemas se resolverían. Los impuestos son necesarios para poder financiar bienes públicos, reducir las desigualdades y resolver los problemas de acción colectiva de toda sociedad. Todo esto garantiza altos retornos sociales y la correcta protección de los derechos de propiedad. Uno puede discutir qué modelo de sociedad o contrato social se quiere tener en el país, pero esta discusión se da una vez que se ha garantizado un mínimo de recaudación que permita tener un Estado que funcione eficientemente. Estados con niveles de recaudación baja son Estados fallidos o con serios problemas para funcionar y donde, por tanto, difícilmente se podrá crecer de manera sostenida.
Finalmente, la tercera ficción es que la diversificación productiva nos llevará a sostener altas tasas de crecimiento. Si existe alguna causalidad, en todo caso esta sería inversa. El proceso de crecimiento lo hacen las personas que trabajan, ahorran e invierten con el incentivo de generar una utilidad más alta o un salario más alto. Cualquier acción del Estado que obstruya ese proceso lo único que hace es postergar y disminuir el crecimiento. En la medida en que una empresa crece y se fortalece patrimonialmente, naturalmente intentará seguir creciendo, ya sea a través de inversiones en nuevas geografías, en nuevos sectores o en nuevos productos dentro del mismo sector. Este proceso ocurre de manera natural si tenemos las condiciones para atraer inversiones. En esa línea, las altas utilidades realizadas por las empresas en un ambiente de competencia son las señales de buena salud económica en un país. Esto es lo que promueve la adopción de tecnología, las grandes inversiones y las innovaciones disruptivas. Por el contrario, si tenemos altas utilidades en un contexto de baja o nula competencia, lo que realmente tenemos es un grupo de poder que manipula la legislación en un Estado débil e ineficiente para asegurarse una renta. Esto no genera crecimiento sino la perpetuidad de la desigualdad. Por tanto, la diversificación productiva vendrá de la dinámica y el Estado debe dedicarse a hacer su trabajo: flexibilizar mercados, proveer bienes públicos, mantener impuestos razonables y asegurar la competencia en los mercados.
El lector se preguntará si el rol estratégico del Estado en la actividad empresarial es también una ficción. Puede ser, pero para mí es simplemente una insensatez.
