Por Luis Carranza
(El Comercio, 29 de septiembre de 2015)
La actual desaceleración del crecimiento está dominada por la fuerte caída de la inversión privada, que se contrajo -1,7% en el 2014 y, según el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva, estaría cayendo en -5,5% para este año.
En el debate político se reconoce, desde todas las perspectivas, la importancia de la inversión privada para el crecimiento de largo plazo. En estas circunstancias, por lo menos en el discurso, el gobierno dice que está haciendo todo lo posible para que la inversión se reactive. Sin embargo, en la práctica ocurre todo lo contrario y las decisiones de política siempre parecen estar destinadas a frenar la inversión privada. Existen varias razones para esta esquizofrenia entre el deseo que se incremente la inversión y las medidas que damos que terminan ahuyentando la inversión.
La primera razón es quizá la más importante y parte de una gran contradicción política entre lo macro y lo micro. A escala macro, queremos anunciar que existen grandes inversiones pero, por otro lado, a escala micro, no nos gustan las altas tasas de ganancia. Esto es un contrasentido porque los flujos de capitales siguen a las tasas de ganancia.
Si en un sector existen altos retornos, entonces vendrá más inversión. Si regulamos para limitar directamente las altas ganancias, el primer efecto será ahuyentar a la nueva inversión, que es la única garantía que el consumidor terminará pagando menos y con productos de mejor calidad en ese mercado.
El gobierno debe hacer lo imposible para que exista más competencia en todos los mercados y eliminar las barreras de entrada que pudieran existir. Esa competencia generará innovación en productos y procesos para tratar de mantener cuotas de mercado y tasas de ganancia en medio de nuevos ingresantes a los mercados. Las tasas de ganancia altas en mercados competitivos son buenas porque reflejan dinámica de inversión e innovación. En contraposición, las tasas de ganancias altas en mercados no competitivos son muy malas porque reflejan sobreprecios para los consumidores, mecanismos de corrupción instalados (creados para mantener las políticas que protegen el mercado de la competencia) y la ausencia total de innovación. Edward Prescott, premio Nobel de Economía 2004, demostró que lo que más daño le hace al crecimiento de largo plazo es la existencia de monopolios en un país.
La segunda razón es la falsa necesidad de protección social a través de políticas intervencionistas. Existen múltiples ejemplos de esto en todo el mundo. Así, en Japón se prohíbe la instalación de grandes superficies comerciales en determinadas zonas para proteger a las pequeñas bodegas, lo cual termina afectando a una inmensa mayoría de consumidores y pequeños productores.
También tenemos leyes y regulaciones que protegen a informales, tanto en zonas rurales como urbanas, y que perpetúan prácticas poco eficientes al ofrecerles subsidios directos e indirectos. Así, evita que se consoliden operaciones rentables que aprovechan costos medios decrecientes y que por tanto pagarían salarios bastante más altos que el volátil ingreso que perciben actualmente. Esto se ve claramente en el agro peruano.
La tercera razón es la falta de foco en las políticas públicas para atraer inversión. La labor del gobierno debería ser de apertura total de los mercados, facilitar la competencia y facilitar el acceso, sin premiar ni castigar a algún sector en particular.
Usualmente queremos “promover” algo y terminamos creando severas distorsiones o no resolvemos los verdaderos problemas de fondo. Cuando se analizan las series de inversión y su impacto sobre crecimiento económico, lo único que importa es el tamaño de la inversión y su consistencia en el tiempo. No interesa si esta inversión es en manufactura o si es en recursos naturales o si son capitales nacionales o extranjeros.
En la medida en que la inversión privada genera crecimiento económico y está demostrado que el mayor crecimiento lleva a mejoras en el desarrollo social de un país, lo mejor que puede hacer un gobierno preocupado por la inclusión es promover la inversión privada. El único problema es que eso no tiene rédito político en el corto plazo.
