Luis Carranza, Ex ministro de Economía y Finanzas
El Comercio, 27 de setiembre de 2016
Existen dos reflexiones a partir de las protestas generadas por el reciente fallo judicial sobre la reducción de sueldos. La primera tiene que ver con la inflexibilidad del salario nominal a la baja. En el siglo XIX, las crisis económicas se resolvían por la flexibilidad total de los precios, incluyendo los salarios. El aumento del de-sempleo llevaba a reducciones en el salario nominal y esto restablecía el equilibrio, aumentando la contratación. Sin embargo, en la primera gran crisis del siglo XX, en 1929, el supuesto de la economía clásica de flexibilidad de precios dejó de funcionar y el desempleo se mantuvo en niveles muy altos durante mucho tiempo.
Lo que había ocurrido era que el crecimiento de la producción por la Revolución Industrial necesitaba de una gran cantidad de trabajadores, lo cual llevó a fenómenos sociales y políticos muy profundos. Las clases obreras fueron construyendo sindicatos para pelear por sus derechos y surgieron partidos políticos que representaban sus intereses.
La primera campanada de alerta de que el tejido social iba cambiando y que la dinámica económica no sería igual ocurrió en 1892. Ese año, los trabajadores de la Carnegie Steel Company en Estados Unidos organizaron una huelga ante el intento de reducir en 22% sus salarios.
John Maynard Keynes detecta la falla de la teoría clásica para explicar lo prolongado del desempleo y aboga por una política fiscal expansiva para generar demanda y resolver el problema de la desocupación.
El otro cambio fundamental fue el crecimiento de los mercados financieros y su rol en la propagación de los ciclos económicos. La crisis de 1907, resuelta por facilidades crediticias armadas privadamente para soportar los problemas de liquidez de algunas instituciones financieras, también fue una campanada de alerta que no fue escuchada.
Recientemente se ha prestado más atención a los problemas financieros que a los del mercado laboral. Así, por ejemplo, la propagación de la crisis del 2008 fue contenida gracias a la política monetaria de la Reserva Federal. Para los lectores acuciosos les recomiendo el trabajo de Nobuhiro Kiyotaki y otros, sobre cómo se evitó caer en una gran depresión en el 2008.
La segunda reflexión tiene que ver con las implicancias para la política económica de la capacidad de organizarse y luchar por sus intereses que tiene la población. Técnicamente, las reformas estructurales generan un bienestar en el largo plazo para la sociedad pero pueden tener costos para un grupo en el corto plazo. Su aprobación implica convencer a las mayorías en el Congreso de los aspectos positivos, pese a los costos políticos que pueda traer una reforma, pero si la población tiene la capacidad de organizarse, puede traerse abajo una ley (como fue el caso de la reforma laboral intentada por el gobierno anterior con la mal llamada ‘ley pulpín’).
Dado que los afectados protestan y que los beneficiados –aunque sean mayoría–, al estar atomizados y no percibir claramente los beneficios, no saldrán a apoyar, cabe preguntarse, ¿qué espacio queda entonces para hacer reformas estructurales? Si queremos mejorar como sociedad, solo nos quedan dos caminos.
Primero, al igual que Keynes, se debe tratar de compensar la realidad política con otras medidas. Por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, al no poder flexibilizarse por razones políticas, se debe trabajar en mejorar la productividad de las inversiones, facilitándolas al máximo y mejorando el capital humano y la infraestructura para reducir los costos logísticos, entre otras medidas. Y hacerlo mejor que el resto de países, para compensar la desventaja en la legislación laboral.
El segundo camino tiene que ver con la acción de los líderes políticos. Al perder en el Congreso la capacidad de representación de la voluntad popular en algunos temas tan directos y sensibles, la batalla de la aprobación política se tendrá que ganar en la opinión pública, convenciendo a la población de los beneficios generales de determinadas medidas y ganando apoyo mayoritario. Un buen ejemplo de esto es la firma del TLC con Estados Unidos, que se logró concretar en dos gobiernos distintos (Alejandro Toledo y Alan García) y a pesar de la posición mayoritaria en contra que se tenía inicialmente. En este caso, las autoridades lograron convencer a la ciudadanía de los beneficios netos positivos para el país.
Mientras esperamos al profeta político de la flexibilidad laboral, hay que acelerar la ejecución de infraestructura y la simplificación administrativa.
