Luis Carranza, Ex ministro de Economía y Finanzas
El Comercio, 30 de agosto de 2016
Se acaba de presentar el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el período 2017-2019. La relevancia de este documento es que describe la política fiscal del gobierno para los próximos años. Más aún, siendo este un nuevo gobierno, se presentan las reformas estructurales que lo acompañarán.
En ese sentido, la gran apuesta que hace esta administración va por el lado de los ingresos fiscales y el impulso relativo a la inversión privada. En esa línea, tal como lo han anunciado el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el ministro Alfredo Thorne en repetidas oportunidades, se espera que el conjunto de medidas de reducción de impuestos –junto a otras– impulsen la formalización de la economía, permitiendo así que se mantenga constante la presión tributaria (ingresos tributarios relativos al PBI) y se dinamice el crecimiento económico.
Así, en el caso del IGV se estima que, pese a las reducciones de tres puntos porcentuales anunciadas, la recaudación sería equivalente al 8,1% del PBI. Asimismo, por el lado del impuesto a la renta, se estima que se mantendría en torno al 5,5% del PBI con las medidas de flexibilización que se han anunciado, pero de las cuales se conoce poco todavía.
Por el lado del gasto, hay menor claridad sobre las cosas que se quieren hacer más allá de los aumentos de sueldos ya anunciados. Lo que sí queda claro es que el gobierno anterior infló el gasto corriente de manera irresponsable. En términos relativos al PBI, se pasó de un consumo público de 10% a 13% en cinco años. Parte de este aumento se acomodó con menor inversión pública y parte con mayores déficit fiscales. Si bien es cierto que cualquier reforma estructural podría llevar a aumentos en el gasto corriente o disminuciones de ingresos, se espera que en el mediano plazo el impacto sobre la productividad más que compense en términos fiscales los desequilibrios temporales. Pero claramente ese no ha sido el caso del gobierno anterior.
A pesar de este incremento sustancial del gasto corriente, en el MMM 2017-2019 el porcentaje de consumo público respecto al PBI se mantiene en torno al 13%. ¿Acaso no se puede hacer un mayor esfuerzo para reducir el gasto superfluo que se ha encontrado? Esto permitiría no solamente acomodar los mayores gastos asociados a las mejoras en salud y educación que se quieren lograr, sino también bajar el nivel del consumo público respecto al PBI. Este espacio fiscal que se ganaría se podría usar en inversión pública, donde hasta ahora se nota una total falta de ambición. Solo se estima un crecimiento de la inversión pública apenas por encima del crecimiento del PBI, con lo cual al 2019 se estaría en un nivel de 5,5% del PBI.
La brecha de infraestructura que tiene el Perú es de aproximadamente 30% del PBI y deberíamos tener una agenda más agresiva para reducirla. Este enorme déficit lo vivimos todos los días. Allí está el tiempo que perdemos por el deficiente transporte público en las principales ciudades del país, pero también los mayores índices de enfermedades causados por la mala calidad del agua y los altos costos logísticos que hacen menos competitiva nuestra economía, entre otros muchos ejemplos.
Si falla la gran apuesta de la formalización, ¿cuál será la variable de ajuste? Por un lado, se tendrá que renunciar a continuar bajando impuestos, pero, ¿bajará el gasto corriente? La oportunidad política para reducir gasto corriente se da en medio de una crisis o cuando recién se inicia un gobierno, por lo que la variable que se terminará ajustando será la inversión pública, lo cual sería muy negativo para el crecimiento de largo plazo.
¿Qué cosa tiene mayor impacto sobre el crecimiento, una reducción del IGV o un programa masivo de infraestructura? ¿Qué disminuye más la informalidad, una reducción del IGV o irrigar 200.000 hectáreas en la costa generando medio millón de nuevos puestos directos de trabajo? Si queremos acelerar el crecimiento de la economía necesitamos una gran apuesta. Esa gran apuesta debería ser la infraestructura.
Lampadia
