Durante estas dos semanas en que la atención del mundo se concentrará en Lima para verificar el progreso hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el cambio climático, es oportuno considerar qué pueden aportar América Latina y el Caribe para reducir el impacto del calentamiento global.
El mayor desafío que enfrentan nuestros países, sobre todo aquellos que comparten la cuenca del Amazonas, es la deforestación. Hoy, 47% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero se debe a la destrucción de bosques, mientras el promedio mundial es de escasamente 18%.
De hecho, América Latina y el Caribe tienen la peor tasa de deforestación del mundo como resultado de la tala indiscriminada y la expansión de superficies cultivables. Entre los años 2005 y 2010 perdimos unos 200,000 kilómetros cuadrados de bosques, una superficie similar a la de Ecuador.
La destrucción de bosques amazónicos es particularmente grave ya que estos ecosistemas contienen grandes reservas de agua potable, funcionan como enormes depósitos de carbono y constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad biológica del planeta.
Es por esto que necesitamos un modelo de desarrollo diferente, que no solo garantice el crecimiento económico inclusivo y la producción de alimentos, sino que además nos permita conservar nuestra riqueza ambiental. Varios países de la cuenca amazónica ya están apostando por este nuevo modelo.
Brasil ha lanzado el proyecto ARPA for Life con el objetivo de proteger 60% de sus bosques amazónicos. Esto equivale a unos 528,000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio peruano.
Colombia se ha propuesto como meta alcanzar la deforestación neta “cero” en su región amazónica para el año 2020. Esto implica proteger 28,000 kilómetros cuadrados de bosques a través del proyecto Visión Amazonía.
Perú también está avanzando en la misma dirección, gracias a un largo proceso colaborativo y de pacientes inversiones para acumular la capacidad institucional necesaria para ejecutar ambiciosos planes de conservación forestal. El Gobierno peruano ha sido beneficiario de diversos fondos multilaterales donde el Banco Interamericano de Desarrollo actúa como ejecutor.
Por ejemplo, con recursos de uno de ellos Perú elaboró su primer diagnóstico de deforestación al nivel nacional, donde halló que 75% de la destrucción de bosques se debe a actividades de pequeños agricultores. Estos estudios de base, sumados a la larga experiencia peruana en materia de titulación de tierras, allanaron el camino para el reciente acuerdo con Noruega, que proveerá cientos de millones de dólares para financiar proyectos de conservación forestal en el Perú.
Estos recursos también servirán para manejar potenciales problemas sociales en las zonas en riesgo de deforestación, utilizando herramientas como el pago por servicios ambientales, incentivos para la conservación de bosques, el monitoreo de cobertura forestal a través de tecnología satelital y el pago por resultados medidos en función de la reducción de emisiones.
No hay que dormirse sobre estos laureles: debemos apalancar las donaciones con inversiones privadas que promuevan un desarrollo más sostenible. Para ello, en el BID estamos desarrollando instrumentos como los bonos “verdes”, que canalizan ahorros de inversionistas interesados en proyectos con objetivos ecológicos.
Además de recursos abundantes, conocimientos especializados, planes innovadores, instituciones eficaces y aliados con buenas intenciones, siempre hace falta un elemento decisivo: la persistencia.
No existen las soluciones mágicas al cambio climático. Solo nos resta trabajar codo a codo, por el tiempo que sea necesario, hasta superar este desafío.
