Leonie Roca, Presidenta de la AFIN
Gestión, 6 de mayo del 2025
La reforma propuesta en la ley recientemente aprobada por el Congreso representa un cambio de paradigma en la forma en que concebimos y ejecutamos los proyectos de infraestructura en nuestro país.
Al concentrar las responsabilidades de diseño, adjudicación y ejecución en una sola entidad para proyectos del Gobierno Nacional, se eliminan las tradicionales disputas entre ministerios”.
Las Asociaciones Público-privadas (APP), que prometían ser una solución ágil para cerrar brechas, quedaron atrapadas en la telaraña de procesos interminables, opiniones técnicas contradictorias y capacidades institucionales limitadas, que acompañados de casos puntuales de corrupción y adendas oportunistas, generaron soluciones reactivas. Más entidades opinando (11 instancias en el MEF, por ejemplo, o una Contraloría opinando sobre ingeniería), procesos que involucraban idas y vueltas para revisión de ministerios con una altísima rotación de personal, entre otros. Ello sin mencionar la absoluta inoperancia en la ejecución una vez ya licitados y la recurrencia costosa y absurda a arbitrajes para que un tercero avale lo que el funcionario debe decidir.
Lo que se hizo con las reformas sucesivas los últimos años claramente no funcionó y nos llevó a recurrir al mecanismo de Gobierno a Gobierno que trae consigo más riesgos fiscales, de sostenibilidad de las infraestructuras y supervisión adecuada.
La reforma propuesta en la ley recientemente aprobada por el Congreso representa un cambio de paradigma en la forma en que concebimos y ejecutamos los proyectos de infraestructura en nuestro país. Con una brecha de infraestructura que supera los US$ 100 mil millones, necesitamos medidas audaces que transformen radicalmente el sistema. La propuesta aprobada en el Congreso, con poca discusión, pero con bastantes antecedentes de propuestas que históricamente fueron descartadas por una burocracia que se resistía al cambio, trae bastante de esto.
El punto más revolucionario de la reforma es la consolidación de Proinversión como unidad central y rectora de las APP. El cambio no es cosmético: al concentrar las responsabilidades de diseño, adjudicación y ejecución en una sola entidad para proyectos del Gobierno Nacional, se eliminan las tradicionales disputas entre ministerios y se establece una clara línea de responsabilidad. Es un modelo que han aplicado otros países como el MOP en Chile o comunidades autónomas como la catalana, donde el sistema funciona.
No menos importante es el fortalecimiento de los mecanismos de solución de controversias como las Juntas de Resolución de Disputas en todos los contratos –nuevos y ya suscritos– que permitirá resolver conflictos de manera temprana, evitando costosos y prolongados arbitrajes que han paralizado obras importantes.
Los beneficios podrían ser inmediatos, pero hay que cuidar los riesgos que apareja. Primero, Proinversión requerirá precisiones importantes sobre el rol de su instancia colegiada, el Consejo Directivo, y tendrá que reforzar sus cuadros con personal experimentado. Segundo, la disciplina fiscal tiene que ser respetada y cuidada al extremo, y no podemos seguir anunciando proyectos gigantescos que no tienen ni siquiera análisis finos de costos y riesgos. Tercero, debe establecerse algún mecanismo de rendición de cuentas periódico de lo que se planifica, lo que se estructura, lo que se ejecuta. Avancemos, con cautela, mejores formas y transparencia.
