Por: Leonie Roca, Presidente de AFIN
Gestión, 30 de abril de 2019
Recordemos que el déficit de infraestructura en el Perú alcanza los US$ 160,000 millones. Eso significa personas sin vías ni medios para transportarse, sin conexiones de agua y desagüe, sin Internet, sin hospitales o colegios. Significa también una agroindustria que no recibe el agua que necesita, una minería que puede sufrir de estrés de abastecimiento energético, exportaciones con sobrecostos por infraestructura deficiente.
Hay planes y diagnósticos para cada uno de estos temas, aunque un esfuerzo de articularlos sería deseable. En lo que hemos sido realmente ineficaces es en ejecutarlos con prolijidad, transparencia, con seguimiento público y con una cultura de rendición de cuentas periódicas que refleje la relevancia que estos temas tienen para todos los peruanos.
Escojamos 20 proyectos para ejecutar indefectiblemente en los próximos 4 años y rindamos cuenta de sus avances todos los meses.
Por ejemplo: comprometámonos a terminar la Línea 2 del Metro, empezar las líneas 3 o 4, a cerrar el nodo aeropuerto/puerto/vías de acceso en el Callao, a iniciar dos proyectos de irrigación relevantes a nivel regional que nos permitan continuar creciendo en nuestras agroexportaciones, a introducir inversión privada en dos empresas eléctricas regionales y en una o dos empresas de agua (Sedapal es el candidato natural), a introducir dos o tres asociaciones público-privadas en hospitales del Minsa tomando la performance de las APP de Essalud y en la educación, a ampliar la cobertura de electrificación rural vía APP y liberar más del 90% del espectro radioeléctrico para estar listos para el 5G.
En paralelo, hagamos una lista de 5 reformas institucionales prioritarias. El catastro y la limpieza de la información registral es medular. El establecimiento de un sistema de autorización única que no haga que la permisología trabe los procesos, también. La revisión integral del esquema regulatorio, dotándolo de mejores procesos y la fortaleza técnica y financiera que garantice su rol del árbitro imparcial, está también en agenda.
No puede dejar de atenderse la revisión de la frondosidad de instituciones que hoy intervienen en cualquier proceso de inversión en infraestructura, crear grupos de trabajo con autonomía por proyecto en los que participen personas de cada sector podría permitir avanzar en procesos paralelos en lugar de secuenciales y disminuir tiempos y calidad de las decisiones.
Por último, pero no menos importante, fortalecer los sistemas de formulación y seguimiento de proyectos de inversión con tecnologías es un tema que debiera abordarse.
El Plan Nacional de Infraestructura debiera ayudar en el enfoque, pero debemos insistir en que la razón por la que se hace un plan es para ordenarnos y priorizar, para dedicarle la mejor gente y los esfuerzos financieros de manera prioritaria. Para orientar e informar sobre qué esperar y qué no. La actualización periódica de dicho plan es, por ende, relevante. Permite mantener un sistema actualizado de prioridades y que la inversión pública –sea hecha a través de obra pública, APP u obras por impuestos– sea previsible. No es un tema menor.
Empecemos a exigir a nuestras autoridades su lista corta y prioritaria y asustémonos cuando nos traen una sábana gigante de proyectos. No sucederá y eso lo demuestra la consistentemente pobre performance en la ejecución del gasto y la inversión pública. En resumen: prioridad, transparencia, información recurrente y pública.
