Leonardo V. Vera
Infolatam, 28 de junio de 2016
A lo largo y ancho de su geografía Venezuela está siendo sacudida por una explosión de protestas y saqueos protagonizados por sectores de la población que reclaman desesperadamente acceso a los alimentos. Durante los primeros días de junio los medios de comunicación contabilizaron 7 personas fallecidas y 37 heridos en saqueos y protestas por comida en 10 estados del país. Cumaná, una ciudad de 374 mil habitantes al oriente del país, tuvo que ser militarizada después de una ola que dejó 76 locales comerciales saqueados. La ciudad está bajo un toque queda presumiblemente amparado en el polémico Decreto de Estado de Excepción aprobado por el Presidente Maduro semanas atrás.
La gente siente que el acceso a los alimentos está bloqueado. Al creciente desabastecimiento se suma la imposibilidad que tienen la mayor parte de los ciudadanos de cubrir el precio de las pocas existencias con sus menguados ingresos. La inflación en alimentos en Venezuela es tan galopante que las familias requieren hoy día 16 salarios mínimos para tener acceso a la canasta alimentaria. Por eso, la búsqueda de alimentos a precios regulados por el Estado se ha convertido en una faena imperiosa, interminable y frustrante para las familias, especialmente para aquellas de más bajos recursos. Los estudios de opinión indican que 4 de cada 10 venezolanos están haciendo menos de tres comidas al día.
¿Cómo llegó Venezuela a esta crisis alimentaria? ¿Qué dejó a Venezuela, un país rico en superficie para el desarrollo de la actividad agrícola y animal, en este increíble estado de precariedad? La respuesta es, sin ambigüedad: un conjunto de pésimas decisiones y políticas gubernamentales no corregidas a tiempo.
Por más de una década la cadena de alimentos en Venezuela ha sido masivamente intervenida por el Estado y sometida a rígidos y crecientes controles. El primero de estos controles, el control de precios (que corre desde el año 2003) que presumiblemente ayudaría a los consumidores finales, resultó en un desincentivo mayúsculo para producir. En la medida que el control de precios fue afectando la rentabilidad y mermando económicamente a los productores primarios, el gobierno se ideo entonces un subsidio al productor. Pero el subsidio nunca fue suficiente para contra-restar otras fuerzas más amenazantes promovidas por las políticas gubernamentales.
A partir del año 2006 el gobierno de Hugo Chávez, utilizando la figura del “rescate”, intervino y expropió casi 4 millones de hectáreas de fincas y unidades productivas en un formato similar al emprendido en Zimbabwe años atrás. La mayor parte de estos “rescates” terminaron siendo abandonados por sus propios beneficiarios y la caída en la producción nacional comenzó a cubrirse con importaciones. Los verdaderos productores agrícolas que pudieron seguir trabajando fueron obligados paulatinamente a vender sus cosechas al Estado que a ritmo vertiginoso y apalancado en la bonanza petrolera comenzó también a intervenir y expropiar empresas en la industria agroalimentaria, al tiempo que propiciaba, a través de la política cambiaria, un grosero abaratamiento de las importaciones de alimentos.
El gobierno se reservó entonces las importaciones de alimentos, que al poco tiempo se convirtieron además en un lucrativo negocio para un grupo de importadores aluvionales. Las importaciones de alimentos llegaban de países con los cuales se establecieron acuerdos de preferencia, sin aranceles, y a una tasa de cambio preferencial. En medio de la bonanza petrolera el Estado importaba lo que fuera, tanto así, que en el año 2010 una denuncia emplazada por un Consejo Legislativo regional puso al descubierto la existencia de miles de contenedores estacionados en distintas partes del país con alimentos descompuestos.
Cerca de 120 mil toneladas de alimentos en absoluto estado de descomposición habían sido importados por la red pública de alimentos PDVAL sin posibilidades de ser despachados. Ese mismo año, el gobierno compró entonces la cadena de hipermercados Éxito para distribuir al detal los alimentos importados por el Estado y empaquetados por las empresas expropiadas. Seis años más tarde el experimento llamado “Abastos Bicentenarios” terminaría en la quiebra y en otro escándalo de despilfarro y corrupción.
Mejor destino no han tenido las empresas procesadoras de alimentos expropiadas por el Estado. Las hay en todos los rubros: procesadoras de café, de harina de maíz blanco, azúcar, carne, leche, leguminosos, y aceite pero sin inversiones y sin insumos, cuando no en un estado de absoluta paralización.
En muchos de estos casos el Estado se ha quedado con el mayor porcentaje nacional de la capacidad instalada, sin que con ello pueda cubrir la demanda interna. En cultivos tradicionales como el azúcar el Estado es propietario de 10 de los 16 centrales azucareros del país, pero por la poca eficiencia en su gerencia, estos producen sólo el 22% de la azúcar procesada en el país. Como la producción de caña de azúcar es hoy apenas dos tercios la que se producía 10 años atrás, el Estado abandonó los centrales y ha tratado de cubrir el déficit importando masivamente azúcar de Brasil, Honduras y Nicaragua que llegan con un subsidio cambiario y sin aranceles. Desde luego, al propiciar esta destrucción masiva de la producción nacional, se incrementa la dependencia externa en el siguiente ciclo.
El problema es que la capacidad de mantener ese ritmo creciente de importaciones de alimentos depende del buen manejo y la disponibilidad que se tenga de las divisas y Venezuela ha quedado atrapada en un descomunal déficit de divisas que no le permite hoy cubrir el déficit de alimentos con importaciones baratas. Ahora volcamos la mirada a la producción interna y el panorama es desolador. Entre el año 2011 y 2014 el valor bruto de la producción de alimentos por habitante en Venezuela cayó 22%. Por su parte, el gobierno de Maduro no se hace nada por remover los obstáculos y recoger los errores dejados por del intervencionismo feroz e irresponsable de los últimos años. Por el contrario, su gobierno asecha aún más a las empresas agrolimentarias privadas haciéndolas ver como las responsables de la debacle cuando todo ha sido el resultado de una visión obtusa, por no decir ciega.
A los riesgos propios de la actividad, al acecho destemplado del control del Estado y su resistencia al cambio, se le suma ahora a los productores agropecuarios una situación donde no tienen autorización ni acceso libre a un mercado de divisas donde puedan importar fertilizantes, semillas, agroquímicos, sembradoras, asperjadoras, maquinaria y repuestos esenciales para la producción. Los que han vivido del subsidio ahora deben esperar meses, y cuando el recurso llega es sal y agua. No puede ser de otro modo en un país con inflación de tres dígitos.
En perspectiva, el déficit de alimentos se irá haciendo más grave en Venezuela. Recuperar la superficie agrícola, promover las fuerzas productivas del sector de alimentos y reconstruir las cadenas tomará tiempo. En el entre-tiempo Venezuela necesita urgentemente activar mecanismos de ayuda internacional, activar lo que aún queda en pié y en capacidad de producir, y cubrir el déficit con importaciones y todo esto depende en gran medida de la ayuda que pueda dar la comunidad internacional.
Lampadia
