El principal compromiso asumido por el gobierno del presidente Ollanta Humala a inicios de su mandato fue la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo y la inclusión social. Dicho compromiso fue institucionalizado como política de Estado con la creación del Midis y aterrizado en la estrategia nacional “Incluir para Crecer”. A casi dos años del fin del periodo, resulta conveniente revisar las principales metas del Gobierno en materia social, especialmente en cuanto a pobreza, salud y educación, con el propósito de evaluar la factibilidad de su cumplimiento al 2016.
En el 2011, el Gobierno se propuso reducir la pobreza monetaria de 30.8% a 20% y la pobreza monetaria extrema de 7.6% a 5%, en el 2016. Actualmente, la segunda meta ya ha sido alcanzada y la primera podría lograrse incluso antes de que finalice el Gobierno de acuerdo con el nivel alcanzado al 2013 (23.9%) y el ritmo de reducción observado en los últimos años. Es decir, si la economía continúa creciendo a una tasa promedio anual de 6%, resulta factible alcanzar esta meta al 2016 aun cuando el ritmo de reducción de la pobreza se ha ido desacelerando en los últimos años. Otras de las metas del Gobierno en cuanto a pobreza monetaria fueron reducir la tasa de pobreza y pobreza extrema usando el ingreso autónomo de 27% a 18% y de 7.3% a 4% respectivamente, y reducir la tasa de pobreza extrema en adultos mayores de 8.3% a 7%. Esta última meta se alcanzó en el 2011 y, dada la evolución de los indicadores, el Gobierno no debería encontrar mayores problemas en alcanzar las anteriores.
Por otro lado, el Gobierno se comprometió reducir la tasa de desnutrición crónica infantil de 23.5% a 10% en el 2016. Sin embargo, al 2013 la tasa es de 17.5% y, de acuerdo a las estimaciones realizadas, existe un riesgo de incumplimiento. La situación se vuelve menos alentadora en el caso de educación. La propuesta del Gobierno fue incrementar el porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel educativo esperado en las pruebas de compresión lectora de 28.7% a 51% (hoy el indicador se encuentra en 33%) y de matemáticas de 13.8% a 44% (hoy en 16.8%). Asimismo, se propuso incrementar el porcentaje de jóvenes de 18 a 25 años que culminan la educación secundaria de 73.5% a 85% (hoy en 80%). Si bien es factible alcanzar esta última meta, es poco probable alcanzar las mejoras en las competencias de lectoescritura y razonamiento matemático al 2016.
A diferencia de las metas en cuanto a pobreza, las metas en cuanto a desnutrición y educación presentan un mayor riesgo de incumplimiento por dos motivos. Primero, porque los objetivos trazados fueron más ambiciosos y, segundo, porque ambos indicadores son menos sensibles al ciclo económico. Tanto la desnutrición como la calidad educativa, al revelar aspectos estructurales de las condiciones de vida de la población, requieren de políticas públicas más específicas, articuladas y focalizadas que permitan cambios importantes. De este modo, si el Gobierno quiere cambiar la tendencia observada y acercarse a las metas propuestas en ambos casos, requiere ser más agresivo en términos de la calidad de sus intervenciones.
