Julio Luque, Presidente de Métrica Consultoría
El Comercio, 08 de mayo de 2016
Que la informalidad es un grave problema en el Perú es un hecho conocido y asumido por todos. Dos de cada tres peruanos no tienen ningún tipo de protección o beneficio laboral, el 87% de los hogares del país recibe algún tipo de ingreso informal y en consecuencia no tiene pleno acceso al crédito, y nos vemos obligados a mantener altas tasas impositivas para que las pocas personas y empresas que cumplen con su obligación “paguen la cuenta” de la enorme mayoría que no lo hace. La funesta consecuencia de todo esto es, por supuesto, una bajísima productividad.
Lo que ya no parece estar tan claro para todos es la urgente necesidad de atacar este problema. No hay antecedentes de países que hayan transitado hacia el desarrollo con los niveles de alta informalidad y paupérrima productividad que tenemos. Formalizar el país es un requisito indispensable para crecer y mejorar la calidad de vida de los peruanos, y sin embargo en la actual campaña electoral temas como la unión civil, los contratos del gas, la pena de muerte para violadores o el origen étnico de los candidatos dominan el debate.
Como dicen los ingleses, lo primero que tienes que hacer cuando quieres salir de un hueco es dejar de cavar. Y nosotros, en el tema de la informalidad, hemos seguido cavando con entusiasmo. El actual gobierno ha sido especialmente prolífico en promulgar leyes y decretos destinados a encarecer la formalidad y, en consecuencia, a seguir haciendo cada vez más atractivo ser informal. A juzgar por sus actos, crecimiento (poco) con exclusión, debió haber sido su eslogan.
Hay que reconocer que los planes de gobierno de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta tocan el tema de la informalidad y debemos alegrarnos de estar en la situación de elegir entre los únicos dos que por lo menos reconocen la existencia del problema, porque en los planes de todos los demás candidatos que quedaron en el camino no había una sola palabra al respecto. Hay que reconocer también que con ambos candidatos tenemos la garantía de no seguir cavando. Pero solo esto no debe ser motivo de muchas alegrías con una informalidad que ronda el 65%.
La mala noticia es que no creo que ninguno de los dos planes vaya a funcionar porque parten de una premisa equivocada: las empresas informales se volverán formales si les bajamos las barreras y les damos los incentivos adecuados. Esto no va a ocurrir. La diferencia de productividad entre las empresas formales e informales en el Perú es de tal magnitud, que estas últimas no tienen la mínima capacidad de competir sin son obligadas a respetar un mínimo de obligaciones laborales y tributarias. En pocas palabras y aunque sea políticamente incorrecto decirlo, la mayoría de microempresas y pequeñas empresas en el Perú solo existen porque nadie les exige que cumplan con la ley.
Las experiencias exitosas de formalización en otros países están siempre basadas en dos principios de aplicación simultánea: reducción de barreras y fiscalización universal. El resultado es siempre el mismo: solo unas pocas empresas logran formalizarse y la gran mayoría sale del mercado. ¿Significa esto una masiva destrucción de empleo? En absoluto. Los puestos de trabajo precarios y sin beneficios laborales son absorbidos por las empresas formales. La productividad del país se dispara y la calidad de vida de todos quienes pasan a trabajar para empresas formales se incrementa de manera significativa: acceso al crédito para comprar vivienda, seguro social, vacaciones pagadas, permisos por maternidad, pensiones, etc.
A lo mejor es iluso que un tema como este pueda tratarse seriamente en plena campaña electoral. Ha calado muy hondo aquello de que somos un país de emprendedores y ahora resulta muy duro admitir que nuestra vocación de emprender se origina en la imposibilidad de conseguir un empleo formal y solo subsiste cuando incumple la ley.
Lampadia
