Entrevista a José Luis Sardón
Por: Karem Barboza Quiroz
El Comercio, 8 de noviembre de 2019
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Sardón sostiene que la próxima sentencia que emita el pleno de su institución sobre la demanda competencial interpuesta por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea contra el Ejecutivo, por la disolución del Congreso, “será intrascendente”.
En entrevista con El Comercio, Sardón de Taboada, explica también que acoger la medida cautelar de Olaechea podría haber restablecido la separación de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo.
— ¿Se publicó la resolución de la admisibilidad de la demanda competencial y se confirmó que las elecciones no serán interrumpidas?
En mi voto singular señalo que se ha quebrantado el principio de separación de poderes, por cuestiones de forma y de fondo. Efectivamente, se quebrantó el principio de separación de poderes. Lo que ha pasado acá, desde el punto de vista de las formas, es sumamente grave. Además, la competencia de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una decisión exclusiva del Congreso, yo sí creo que el Ejecutivo podía hacer propuestas de mejora del procedimiento, pero no podía tratar de imponerlas.
— Cuando se anuncia que se presentará una cuestión de confianza, el 27 de septiembre, es porque ya se habían suscitado algunos casos que estaban vinculadas a personas cuestionadas por el caso Los Cuellos Blancos. Entonces, la opinión pública criticaba la selección y la rapidez que impidió que la población conociera quiénes eran los candidatos a magistrados al TC…
Debemos tener reglas muy claras al respecto y no tratar de imponer consideraciones subjetivas. Lo que hizo el Congreso se ajustaba a las reglas que establece la ley. Que se pueda mejorar las reglas, sí, pero esas reglas han regido desde el 2012, así se hizo la elección de nosotros el 2014 y la elección de (Augusto) Ferrero en el 2017. Había 11 candidatos para 6 asientos. Yo sí creo que alguno de ellos, probablemente, no era conveniente que llegaran acá, estoy de acuerdo. Pero algunos otros eran excelentes.
— Pero el 27 (de setiembre) ya se anunciaba una cuestión de confianza por los cuestionamientos precedidos hacia los candidatos al TC…
Todo eso es muy subjetivo, no puede funcionar así el país. Tiene que haber reglas muy precisas (…) pero el Ejecutivo, si quería mejorar el procedimiento debió hacerlo muchos antes, debió proponer eso el 28 de julio, por ejemplo. ¿Cómo es posible que el día 29 de septiembre se le ocurra hacer propuestas para algo que iba a realizarse el 30 de setiembre? Eso ha sido un pretexto para disolver el Congreso.
— Doctor, el 28 de julio no se sabía que César Hinostroza, por ejemplo, iba a tener un audio con la señora Carmela de Orbegoso, o llamadas con otros dos postulantes que si bien no hubo audios, sí registros de llamadas, no se podía prever que estar personas iba a ser cuestionadas por tanto no se podía plantear el 28 de julio …
Los representantes del pueblo iban a tener que escoger de entre los 11 a seis. No sabemos si iban a escoger a los que usted menciona, probablemente iban a quedar fuera.
— Teniendo en cuenta que era un tema prioritario, que se pedía paralizar la elección ¿Lo más saludable era que se atienda el pedido? El Congreso le daba la cuestión de confianza y seguimos adelante…
Si vamos a tener esa opinión del Congreso de la República mejor no tengamos Congreso de la República, elijamos un rey, un rey absolutista.
El tribunal le ha enmendado la plana dos veces al Congreso. A cada rato el Tribunal Constitucional corrige al Congreso. (Ahora) el presidente de la República dice qué hacer, entonces no tengamos Congreso y tengamos una monarquía absoluta, es lo que quieren los peruanos. Algunos, por lo menos.
— (Enrique) Chirinos Soto en el análisis de la cuestión de confianza sostiene que muchas veces ambos poderes deben ceder y que el Legislativo y el Ejecutivo coordinen por más que tengan puntos dispares…
Enrique nunca se refirió a que se puede hacer cuestión de confianza de reformas constitucionales, ni de competencias exclusivas del Congreso. Ahora, que en algún debate se haya entusiasmado mucho y haya dado una frase que da lugar a malos entendidos, seguramente. Pero no era ese su pensamiento.
— ¿No le parece extraño que la elección empezara por el primo de Pedro Olaechea tiendo en cuenta que el orden empezaba por otras personas y siempre se eligió de manera alfabética?
Eso sí es cierto. Debió seguirse el orden alfabético, como fue en el año 2014. La explicación que da el presidente del Congreso es demasiado práctica quizá y es que Acción Popular dijo que solo iba a votar por los candidatos que ellos habían presentado.
— Pero eso es también hacerle el juego.
Sí, eso no estuvo bien. Debió seguirse el orden alfabético. Sería bueno que se norme eso y que queden elegidos los que obtienen más votos, si es que superan los dos tercios requeridos.
— ¿Ahora solo queda el debate de fondo de la demanda competencial y la sentencia sobre el pedido de Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente?
Si no se ha acogido la solicitud de la medida cautelar (aunque fuera adecuándola como propongo en mi voto singular), la sentencia ya será intrascendente. El Tribunal Constitucional se demora, en promedio, 300 días en resolver las demandas competenciales. Por lo tanto, se estaría cumpliendo a finales de julio del 2020. En ese momento, lo que ocurrió el 30 de setiembre de 2019 ya estará consolidado fácticamente.
— ¿También sería intrascendente los efectos de la sentencia?
Claro, porque a la hora que se evalúe todo lo que ha hecho el Tribunal Constitucional; si bien se harán una serie de exhortaciones, no se habrá restablecido el principio de separación de poderes. Vamos a tener una situación muy riesgosa.
— ¿Por qué la situación sería riesgosa?
Porque puede dar normas muy equivocadas. Por ejemplo, esta ley de control de fusiones y concentraciones que se ha dado, yo no sé si ha tenido suficiente análisis y debate.
— ¿Usted está en contra de esos decretos dados?
No, sino que se den normas sin la supervisión del Congreso. La Constitución sí permite al presidente disolver el Congreso, pero siempre y cuando se cumpla con claridad la condición que ella establece, que era negarle la confianza a dos gabinetes. Acá no se ha cumplido la condición con claridad.
— ¿En el TC existe -como en el Congreso- una fragmentación de opiniones políticas?
Como en cualquier corte de justicia los magistrados, como seres humanos que son, tienen ideologías, tienen sus ideas ordenadas bajo ciertos principios o creencias, eso no es nada malo. Lo malo es que haya visiones partidistas a favor o en contra de determinados partidos o líderes políticos específicos.
— ¿Y existen?
Yo no quisiera calificar la conducta de mis colegas. Obviamente uno esta acá actuando de buena fe. Siempre escuchando a los demás y pensando en que puede ser escuchado por los demás.
— ¿Con la disolución del Congreso el Ejecutivo le ha hecho un daño al país?
Nos ha llevado a una situación riesgosa que puede tener consecuencias muy serias a largo plazo. La consecuencia es que nos acostumbremos a tratarnos los peruanos de esa manera, recurriendo a interpretaciones forzadas de la Constitución.
— ¿El análisis de la negación fáctica de la confianza usted la considera dentro de los marcos legales?
No. Fue arbitrario que el Ejecutivo asumiera que le denegaron la cuestión de confianza solicitada, porque continuaron la elección de los magistrados constitucionales. Esa votación había sido programada el 18 de setiembre. El Congreso tenía todo el derecho a continuar con su agenda.
— Se le ha cuestionado a usted por el uso de los viáticos durante su representación en el extranjero ¿estamos frente a un caso como en el Congreso donde se estaría haciendo mal uso de estos?
Son totalmente falsas esas acusaciones. Se dice que yo, en el viaje de marzo del 2017, no habría respetado el itinerario oficial. Que no pernocté en Madrid el 12, pero yo estuve en Madrid. Es un campaña en mi contra porque justo sale el día que yo iba a emitir mi voto sobre la demanda competencial. Mucha coincidencia.
