Por las apreciaciones que consigna en su artículo “La víctima” (La República, 02-07-2014), se nota a leguas que el señor Antonio Zapata no es abogado. Además, es evidente que no ha consultado el temacon algún letrado medianamente informado. Si lo hubiese hecho, sabría que la decisión jurisdiccional que determinó la Prisión Preventiva de Gregorio Santos se encuentra ajustada a derecho y ha sido tramitada respetando –escrupulosamente – el debido proceso.
Ante la falta de información jurídica, el señor Zapata utiliza tan sólo su sentido común para descalificar una medida coercitiva establecida por el artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal, y que establece comoPresupuestos Materiales de la Prisión Preventivalos siguientes: a) Existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al autor (Santos) como autor o partícipe de los delitos cometidos; b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c)que los antecedentes del imputado permitan colegir que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
La Prisión Preventiva dispuesta contra Gregorio Santos, no es pues ninguna “detención injusta” como erróneamente señala Zapata, pues se cumplierontodos los presupuestos materiales señalados en la norma procesal penal. Adicionalmente, durante la Investigación Preparatoria, el Ministerio Público ha conseguido demostrar que Santos formaba parte de una organización delictiva que operaba al interior de Pro Región; permitiendo la concurrenciadel presupuesto material adicional establecido en la parte in fine del precitado artículo 268° del NCPP, el cual, taxativamente, expresa: “También será presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva (…)la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva(…).
El señor Zapata pretende atribuirle status de “preso político” a Gregorio Santos, ignorando que losdelitos que determinaronsu detención no tienen ninguna connotación política, sino otras de índolecriminal. También equivoca su apreciación al calificar la medida contra Santos como un “exceso” en contra de un “rival político” –y electoral- por parte de “losabusivos del gobierno quieren impedir que corra en igualdad de oportunidades”.Nada más ajeno a la realidad.
Los“rivales políticos”de Santos son sólo aquellos que postulan a la presidencia de la Región Cajamarca y ninguno de ellos tiene poder suficiente para “disponer” maniobra alguna desde el Poder Judicial o el Ministerio Público.Presentar a Santos como “rival político” deHumala, es una grosera alucinación y presumirla existencia de móviles políticos detrás de su encarcelamiento es poco menos que un disparate.
En cuanto a la Presunción de Inocencia de Gregorio Santos, es preciso señalar que ésta ha sido quebrada casi por completo por la prolija labor desplegada por Ministerio Público durante la Investigación Preparatoria. De modo tal que, al ordenar su prisión preventiva, el Estado sólo está ejerciendo su potestadconstitucional de persecución penal. Reclamar o sugerir medidas procesales menos gravosas por tratarse de un “candidato en carrera”, comocuriosamente lo hace el señor Zapata, es ubicarse enuna frontera conceptual – y ética- entre el privilegio y la impunidad.
La posición expresada por Antonio Zapata en su artículo “La víctima”parece formar parte de una estrategia de protección mediática a Gregorio Santos, que no es nueva en este medio de comunicación. En setiembre del 2012, a pocas horas de haberse difundido los primeros “GOYO AUDIOS” que descubrieron a la mafiaque controlaba las millonarias licitaciones públicas en PRO REGIÓN; el señor Ángel Páez, conspicuo periodista deLa República, salió “al quite” pretendiendo descalificar la denuncia de Perú 21, a través desendostweets que a continuación reproducimos:
“Según el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), la empresa del presunto amigo de Gregorio Santos facturó entre 2005 y 2012 sólo 60 mil soles. ¿De dónde saca el periódico los 90 millones?
Y el Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas indica una cifra similar de los contratos de la empresa Servicios Múltiples del Norte: 79 mil 246 soles. Y no 90 millones de soles. http://ofi.mef.gob.pe/proveedor/Consulta de Proveedores del Estadoofi.mef.gob.pe
Como en política no hay casualidades, es posible que el señor Zapataforme parte de un frente mediático que buscará, por todos los medios, sacar a Gregorio Santos del penal de Piedras Gordas…por la “puerta grande”.
