Jorge Pérez Taiman, Abogado
El Comercio, 10 de noviembre de 2016
La recientemente promulgada Ley 30506 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de reorganizar Petro-Perú, con el fin de fortalecer su institucionalidad, operando con sus propios recursos, sin que ello implique su privatización. Estos objetivos colocan a la flamante dirección de Petro-Perú frente a una ardua tarea que debe vencer inmensos retos.
En la década de 1990, la empresa estuvo en un proceso de privatización, que se concretó solamente a medias, principalmente con la venta de la refinería La Pampilla, el lote 8 y sus estaciones de servicios. A ello le siguió un largo período de incertidumbre en el que el desconcierto reinaba entre sus ejecutivos ante la falta de una clara definición gubernamental sobre el destino final de los activos que no fueron privatizados.
Tomada ya la decisión política de no completar dicho proceso, Petro-Perú debe hoy concretar la financiación de la nueva refinería de Talara, solucionar urgentemente los problemas del Oleoducto Norperuano (que muestra los efectos de la falta de mantenimiento adecuado y que impide traer a la costa la producción de la selva), decidir si ingresa a operar el lote 64 luego de que algunas empresas privadas desistieran de hacerlo por onerosas dificultades técnicas y, a más largo plazo, si vuelve a ser una empresa integrada de exploración, producción, transporte, refino, distribución y comercialización de hidrocarburos. Al respecto se han manifestado posiciones ideológicas diametralmente opuestas, pero, al margen de ellas, será el aspecto económico el que pondrá los límites de su actuación.
En cualquier escenario, si se desea que Petro-Perú se convierta en la empresa eficiente que hoy no es, deberá ser manejada con criterio de empresa privada, evitando la injerencia política de cualquier origen –tarea muy ardua que podría ser una simple quimera pues dependerá siempre del gobierno de turno–, procurando maximizar sus utilidades y no actuando como caja chica del Gobierno Central o como un instrumento de control de la inflación mediante el subsidio de precios de los combustibles. Tampoco deberá incurrir, por lo menos inicialmente, en arriesgados riesgos exploratorios. Perforar un pozo en nuestra Amazonía cuesta alrededor de US$25 millones y, en el caso del mencionado lote 64, el último pozo superó los US$100 millones. Lamentablemente, la tecnología actual todavía no permite descubrir petróleo hasta que se perfore. En el ámbito mundial, el ratio de éxito es 1 en cada 20 pozos exploratorios.
Todo esto se enmarca en un período de precios muy bajos de los hidrocarburos en el mercado internacional. Así también, en la ausencia de actividad exploratoria privada en nuestro país debido, además del factor precio, a las increíbles dificultades burocráticas que enfrentan las empresas para obtener los permisos regulatorios y ambientales.
La calidad personal de los nuevos directivos de Petro-Perú es muy apreciable, pero deberá ser complementada con cuadros técnicos de primer nivel y, repetimos, con la autonomía que le permita operar de manera independiente, sujeta a los controles aplicables a una empresa de derecho privado y con base en criterios técnicos de aplicación internacional en la industria petrolera. Estos criterios lamentablemente se han ignorado en los últimos años, quizá por desidia, quizá por la falta de cuadros calificados, la carencia de apoyo gubernamental como accionista de la empresa o, simplemente, por un serio temor a las acciones de la Contraloría General de la República que carece de auditores que entiendan la actividad petrolera.
