Por: Janice Seinfield
El Comercio, 29 de octubre de 2019
Un tema de salud donde hay consenso sobre cómo avanzar es en el manejo de las enfermedades de alto costo. El Ministerio de Salud, Essalud, sanidades y los operadores privados ven la necesidad de encaminarnos hacia un fondo de alto costo, con un manejo financiero articulado y con mejoras en la gestión prestacional. Esa viabilidad política debe ser hoy aprovechada, sobre todo considerando que en nuestro país la principal causa de mortalidad son las enfermedades oncológicas, con una tasa de 109 por cada 100.000 habitantes. Son enfermedades de alto costo porque su diagnóstico y tratamiento puede desencadenar un gasto catastrófico y empobrecedor.
Mientras en Uruguay el porcentaje de personas en riesgo de gasto catastrófico como consecuencia de una intervención quirúrgica es de 1,7, en el Perú es de 9,1. ¿Cómo enfrentar esta situación? Dos dimensiones importantes a considerar: la financiera y la prestacional. Una no funciona sin la otra. Si inyectamos financiamiento a un sistema mal gestionado, los recursos no rendirán lo que esperamos; pero una adecuada gestión necesita, a su vez, de financiamiento.
El 60% del financiamiento de nuestra salud es público. Sin embargo, se siente poco por el alto nivel de fragmentación, donde la población recibe distintos beneficios en función de la filiación que tenga del seguro. Y esta fragmentación en el sistema en general se reproduce casi como un espejo en la cobertura de alto costo, también fraccionada.
Así, por ejemplo, para el financiamiento de intervenciones de alto costo existe el Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal), creado en el 2012 para proteger solo a los afiliados del Seguro Integral de Salud (SIS). Se financia vía impuestos y cubre siete tipos de cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades raras y huérfanas, y procedimientos de alto costo como trasplantes. Pero uno de sus principales problemas es que, contrariamente a lo que su nombre indica, no es un fondo. Esto complica garantizar su financiamiento, pues se financia mediante un presupuesto histórico y no a través de una prima estimada sobre la base de cuáles son los costos que debe enfrentar.
Necesitamos un fondo de alto costo que opere como institución pública no estatal y sea de carácter universal, negocie con proveedores y logre mayor cobertura a menores precios. Un buen ejemplo está, nuevamente, en Uruguay. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es el seguro público universal que financia procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de alto costo en dicho país. Entre sus fortalezas están tener clarísimos los límites de su cobertura, basar sus decisiones en evidencia y evaluar a los pacientes para saber si están en condiciones de ser sometidos a la prestación solicitada. Sus procedimientos se efectúan en los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que son prestadores públicos o privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública para realizar las técnicas cubiertas. Tiene amplia capacidad de negociación de precios con la industria porque es el único comprador de medicamentos de alto precio en el país, establece de forma transparente cuáles entrarán al mercado e instaura mecanismos diferenciados de riesgos compartidos. Apela a modelos de negociación como los acuerdos de tipo ‘risk sharing’ y, para enfermedades con alta incidencia como cáncer de mama, stents coronarios y enfermedades reumatológicas, aplica lo que llama el “modelo Netflix”, un pago fijo mensual para un grupo de medicamentos preestablecidos. Es un fondo solidario donde los más sanos apoyan a los más enfermos, los menos vulnerables a los más vulnerables, los jóvenes a los mayores. Y un tema fundamental: el FNR logra su sostenibilidad financiera, atiende a más personas y sus costos disminuyen por negociaciones fructíferas en beneficio de la población.
Por el lado de la gestión, el fraccionamiento de la red asistencial peruana lleva a absurdos como tener múltiples establecimientos de salud en poblaciones pequeñas, mientras que en otras grandes, como San Juan de Lurigancho, hay un solo hospital del Minsa y otro de Essalud para atender a un millón de personas. Necesitamos articular e integrar. Aseguramiento y prestación deben gestionar adecuadamente sus palancas de valor.
En la década del 2000, varios países de la región iniciamos reformas conjuntamente, pero nosotros nos quedamos en el partidor. Debemos recuperar el tiempo perdido.
