Por: Janice Seinfeld
El Comercio, 7 de octubre de 2021
En el 2020, aproximadamente 92.000 personas murieron por el COVID-19 en el Perú, según el Ministerio de Salud. Es decir, el equivalente a dos veces la capacidad de nuestro estadio nacional de fútbol. La economía cayó tras 22 años de crecimiento sostenido y la pobreza monetaria aumentó en diez puntos porcentuales, hasta caer a los niveles del 2010, de acuerdo al INEI.
En esta tragedia, los niños fueron particularmente afectados. Una investigación de Laura Rawlings y Susan Hillis publicada en “The Lancet” estima que, por cada dos adultos muertos por COVID-19 en el mundo, un niño se ha quedado sin un familiar que lo cuide. Además, el cierre de escuelas y la prohibición del uso de los espacios públicos, incluso de aquellos al aire libre, no solo impactan en su aprendizaje, sino que perjudican su salud mental y su desarrollo socioemocional.
En el Perú, a esto se le suma el cierre de la atención en los establecimientos de salud del primer nivel, lo que limitó los controles de crecimiento y desarrollo (CRED). Estos chequeos periódicos permiten vigilar el progreso de los niños para, de manera precoz, detectar riesgos o enfermedades y facilitar su diagnóstico e intervención oportuna. Incluyen acciones como la evaluación física y neurológica, el dosaje de hemoglobina y el descarte de parasitosis. El año pasado, solo uno de cada diez menores de 36 meses tuvo CRED completo para su edad; un retroceso de más de ocho puntos porcentuales en comparación con el 2019, que ya presentaba cifras preocupantes.
En este escenario, los niños pueden padecer anemia, desnutrición u otras afecciones, y sus cuidadores no saberlo. Esta desatención se traduce luego en estudiantes con bajos logros de aprendizaje y en trabajadores poco productivos. Es decir, una crisis en cámara lenta.
Otro componente clave que se vio afectado fue la cobertura de inmunizaciones. Según el Tablero de Mando de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, la cobertura de la vacuna pentavalente (contra la tos ferina, difteria, tétanos, haemophilus y hepatitis B) cayó en 16 puntos porcentuales en el período 2019-2020, la SPR (contra el sarampión, paperas y rubéola) en 14 puntos porcentuales, y la antipolio en 16 puntos porcentuales. Esto, partiendo de que las coberturas eran relativamente bajas en los años anteriores, ya de por sí preocupante en términos epidemiológicos. Como suele suceder, esta caída fue heterogénea en el territorio. En Ucayali, por ejemplo, apenas la mitad de los niños recibió la vacuna pentavalente y la antipolio, y la SPR se administró solo a tres de cada diez pequeños.
Esta baja cobertura de vacunación podría ocasionar el resurgimiento de enfermedades prevenibles, como ocurrió en noviembre pasado con un brote de difteria luego de 20 años. Su saldo final fue de 19 casos notificados y un fallecido: una niña sin pauta completa de vacunación.
Este contexto aplica presión adicional sobre un sistema de salud congestionado por la pandemia y genera costos por hospitalización, cuidados intensivos y recursos humanos que son evitables. Por eso, es urgente actuar rápidamente para revertir la caída de los CRED y de la cobertura de vacunación en el Perú. ¿Cómo? Mediante brigadas de salud y apoyo comunitario, empleando los sistemas de información existentes y aplicando estrategias de trazabilidad de la población objetivo y comunidades en riesgo. Atender adecuadamente a nuestros niños es asegurar(les) un mejor mañana.
