Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 05 de Junio de 2015)
Si el Perú tuviese un régimen parlamentarista, hace tiempo que el gobierno hubiese pasado a manos de la actual mayoría opositora, que hubiese designado a su primer ministro. Como eso no ocurre, lo que tenemos es una larga, penosa y peligrosa agonía gubernamental. En minoría en el Congreso y acosado por denuncias a su esposa, derrotas sociales y desborde delictivo, el presidente Ollanta Humala preside un gobierno extremadamente debilitado, lo que desata toda clase de especulaciones acerca de salidas extremas.
En una situación como esta, no queda más que asumir una responsabilidad compartida. A la oposición no le quedaría más remedio que ayudar a llenar el vacío de poder, por más que esta sea una conducta contra natura en un escenario preelectoral que fomenta la lucha partidaria y no precisamente las actitudes colaborativas. Es obvio que el hundimiento general no le conviene a ningún grupo político, salvo a los que medran en la agudización de las contradicciones, y menos al país como tal. Pero, claro, siempre se puede apostar por prolongar la agonía sin que el paciente muera, que es lo más fácil pues tratar de zafarse por un instante de la dinámica del enfrentamiento, de la ley de gravedad del canibalismo político propia del ingreso a una carrera electoral, supone un acto de libertad del que solo son capaces los espíritus superiores.
Sin embargo, si bien nuestro sistema no es parlamentarista, tampoco es presidencialista, sino mixto, de modo que, incluso formalmente, la oposición comparte, en cierta medida, el poder, aunque no quiera verlo ni aceptar las consecuencias de esto. Y lo comparte en la misma medida en que el primer ministro Pedro Cateriano, en razón del voto de investidura, en el fondo obedece tanto al Ejecutivo como al Congreso. Por eso tuvo que reprimir su belicosidad antiaprista y antifujimorista, lo que demuestra que los políticos no están sometidos irremediablemente al yugo de las pasiones, y aunque ya no pudo controlarla en los días de la fuga de Belaunde Lossio, cuando volvió a atacar, luego la crisis pasó y hace tres días anunció que no iba a hacer cuestión de confianza por el pedido de facultades delegadas, algo que se blandía como una espada de Damocles. Descartó así cualquier posibilidad de disolución constitucional del Congreso.
Por eso, no solo en reciprocidad por el gesto de distensión, sino para contribuir a llenar el vacío de poder, sería decisivo que el Congreso, superando los impulsos primarios de la lucha política, apruebe esas facultades, por lo demás referidas la mayor parte de ellas a mejorar la eficiencia de procesos internos del Ejecutivo, en los que el Congreso tiene poco que decir, para facilitar la inversión público-privada y volver a generar riqueza y empleo. Facultades, poderes, es justamente lo que necesita un gobierno exánime.
Tampoco sería prudente el circo de una comisión investigadora de la primera dama, un tema que se está viendo con solvencia en el Ministerio Público. Sería hora de volcar las energías a construir las propuestas para el debate electoral, no para la destrucción del rival.
