Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 19 de Noviembre del 2022
“[Castillo] debería proponer un acuerdo político serio para empoderar a un primer ministro independiente y calificado”.
Es claro que Castillo ha decidido jugarse el todo por el todo para evitar las consecuencias de las denuncias que pesan sobre él. Es la fuga hacia adelante, pasar a la ofensiva para cerrar el Congreso antes de que este lo ponga en manos de la justicia. Por lo demás, la idea de disolver el Parlamento forma parte del proyecto original de instalar una asamblea constituyente. No es sino la vuelta a las fuentes.
Según “La República”, el ministro de Defensa, el Capitán FAP retirado Daniel Barragán, vinculado a Antauro Humala, “insistió en que era necesario hacer cuestión de confianza antes que el Congreso arrincone al presidente Castillo con las denuncias constitucionales y la vacancia”.
Es una jugada a varias bandas. Torres sabe que la cuestión de confianza que ha presentado es improcedente y que ni siquiera es posible la denegación fáctica que ha anunciado, porque la ley de la cuestión de confianza expresamente lo impide. Pero de lo que se trata es de confrontar con el Congreso y acusarlo de negarle derechos al pueblo, para acumular políticamente y mejorar la popularidad presidencial, con la finalidad de crear las condiciones para el cierre del Congreso, al más puro estilo vizcarrista. El problema que tiene es que ya no cuenta con el recurso de la denegación fáctica, como decíamos, y antes de una eventual segunda denegación formal de una eventual futura cuestión de confianza, el Congreso lo vacaría o suspendería. Mataría antes de morir.
Entonces, lo único que le queda al presidente Castillo para cerrar el Congreso es el golpe o la insurrección inconstitucional. Para ello, la estrategia será radicalizar cada vez más los mensajes que colocan al Congreso contra el pueblo y contra su derecho a un referéndum constitucional, algo para lo que un premier como Guillermo Bermejo, ya voceado, sería muy funcional. Al mismo tiempo, seguir entregando equipos a las rondas campesinas y beneficios a los reservistas jugando en pared con Antauro Humala, cuya demanda principal en sus mítines es precisamente el cierre del Congreso y el llamado a las Fuerzas Armadas para ese fin.
Pero las Fuerzas Armadas no apoyarían un golpe contra el Congreso, pese a los afanes del ministro Barragán. Y menos aún para que se instale una asamblea constituyente al estilo bolivariano, que es un medio para concentrar el poder y perpetuarse en él. En los recientes ascensos se logró preservar la autonomía institucional y no hubo interferencia política. Una buena noticia.
Lo que queda claro, por lo tanto, es que Castillo se ha lanzado a una ofensiva destructiva sin perspectivas de triunfo. El problema es el costo para el país. Debería entonces evaluar otra alternativa: proponer un acuerdo político serio para empoderar a un primer ministro independiente y calificado que pueda convocar a un gabinete capaz de empezar a recomponer la tecnocracia estatal y despertar la inversión privada. Esto le permitiría al presidente Castillo llegar al 2026 sin sobresaltos y le permitiría al país iniciar la recuperación nacional desde ahora, antes de que el deterioro sea irreversible.
El problema de esa salida es moral: ¿cómo cogobernar con un presidente con esas acusaciones? En todo caso, ya no podría hacer daño, pues las decisiones de gasto estarían en manos del nuevo gabinete. El hecho es que el Perú no puede seguir en este trance, que socava día a día toda posibilidad de futuro. O vamos por el acuerdo político mencionado o, de lo contrario, el Congreso debe poner término a esta situación y procurar la vacancia o la suspensión temporal del presidente para que pueda ser investigado por todo aquello de lo que se le acusa, de ser esta figura constitucional.
No podemos seguir en esta guerra de trincheras que destruye el país.
