Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 22 de Abril del 2023
“Morales usó los ingresos extraordinarios y efímeros del gas para consolidar su poder absoluto”.
La crisis económica y política de Bolivia ofrece una lección múltiple, que se repite una vez más, pero que la izquierda no aprende. La lección incluye los efectos nocivos de la nueva Constitución de Evo Morales.
Bolivia tuvo durante años un mucho mejor desempeño que Venezuela, porque tuvo el acierto de no embarcarse en una estatización masiva de empresas privadas, sino solo en una nacionalización sin toma de propiedad de la explotación del gas, en un momento de precios muy altos. Eso le permitió al gobierno tener ingresos fiscales muy elevados, que usó en obras y, sobre todo, en subsidios a las personas y a los combustibles. Consiguió así unas tasas de crecimiento comparables durante algunos años a las peruanas –porque no estatizó, repito, otras empresas–, pero al costo de que no hubiese más inversión en exploración y las reservas del hidrocarburo disminuyeran.
La fiesta se acabó cuando la producción y los precios del gas cayeron. El crecimiento había sido ficticio y preñado de todos los clásicos círculos viciosos. Por ejemplo, el subsidio a la gasolina, importada, fomenta el contrabando de combustible a los países vecinos (por Puno en particular), obligando a Bolivia importar más para atender su mercado interno, socavando las divisas. Ello, sumado a la menor exportación de gas, la ha dejado sin reservas.
El problema es que se ha quedado con un gasto público que, según Elmer Cuba, equivale al 36% del PBI, y con un déficit fiscal muy alto del 8,5% del PBI, ya desde hace 10 años. Para financiarlo se endeuda, pero también ha tomado ya US$7 mil millones de los más de US$20 mil millones de los fondos privados de pensiones. Y va a echar mano del resto. Es el robo estatal de los ahorros privados para financiar el déficit. Cuando esto se acabe, no quedará mas remedio que realizar un ajuste: eliminar subsidios, reducir empleo estatal. Será doloroso. Pero el gobierno tratará de alargar la agonía hasta el 2025 para que sea el próximo gobierno (quizá de derecha) quien tenga que hacer el ajuste, y echarle la culpa.
Ha sido un caso típico de la maldición de los recursos naturales. Morales usó los ingresos extraordinarios y efímeros del gas para consolidar su poder absoluto, al que había accedido gracias a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009, que le permitió, entre otras cosas, controlar el Poder Judicial –que, elocuentemente, ya no se llama Poder Judicial, sino Órgano Judicial– y el Tribunal Constitucional Plurinacional, y otras instituciones.
Con ese poder, el gobierno persigue y encarcela a los opositores, como el caso del líder cruceño de la oposición, Luis Fernando Camacho, un clásico preso político. Los gobiernos autocráticos y etnonacionalistas del MAS han profundizado la división con Santa Cruz, la región más rica y dinámica del país. Como explica el sociólogo Henry Oporto, la asamblea constituyente frustró la posibilidad de un renovado contrato social que permitiera que las tensiones entre el poder central y Santa Cruz pudieran resolverse en un marco común. Por el contrario, consolidó un gobierno autoritario afincado en una identidad indígena excluyente, en lugar de procurar un marco democrático integrador. Llevó a polarizar el país entre un partido totalitario y concentrador del poder, y una oposición democrática pero dividida.
La ausencia de ese marco impide ahora concertar una salida a la crisis económica, que implica un cambio de modelo o, cuando menos, un ajuste muy severo. Oporto reclama un nuevo contrato social para salir de la polarización destructiva y reordenar el sistema político y judicial para procurar la cohesión social y regional, el Estado de derecho y el crecimiento económico. Pero no se ve claro cómo hacerlo.
