Jaime de Althaus
El Comercio, 12 de octubre del 2024
Salir de esta grave situación reclama un pacto social o un acuerdo político, o una opción muy clara el 2026 que obtenga mayoría en el Congreso, algo altamente improbable.
El paro de transportistas apoyado por asociaciones de comerciantes, mercados y bodegueros es novedoso porque se trata de una acción de fuerza para que el Estado cumpla con su tarea esencial, que es brindar seguridad (y justicia). El redescubrimiento de cuál es la razón de ser fundamental del Estado debe llevar al Gobierno a tomar la decisión política de concentrar recursos presupuestales en la seguridad y la justicia, dejando de lado gastos no prioritarios y desactivando regulaciones imposibles de cumplir con multas exorbitantes que funcionarios e inspectores usan como arma de extorsión burocrática, precursora de la delictiva.
Todo esto debería servir, entonces, para consolidar en la conciencia popular la idea de que la función prioritaria del Estado es la seguridad y la justicia, y que todo lo demás es secundario. Sobre todo, si se deja crecer a esta economía trabada para que todos puedan progresar por sí mismos.
No es casualidad que meses atrás organizaciones empresariales y sindicales se juntaran, superando barreras ideológicas por primera vez en la historia, para elaborar y proponer un conjunto de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Incluso organizaron dos marchas para exigirles atención al Gobierno y al Congreso. Pero poco se ha avanzado en la aplicación de esas propuestas.
Lo interesante aquí es que estamos ante el embrión de un pacto social que puede ir más allá, para devolverle al Perú la viabilidad que ha perdido. Porque el avance de la criminalidad y las extorsiones no hace sino agravar la percepción de un país impredecible que perdió el rumbo y en el que, como consecuencia, la economía ya no crece a la velocidad suficiente para reducir la pobreza, que se agrava año a año.
Pero la crisis produce sus soluciones. Salir de esta grave situación reclama un pacto social o un acuerdo político, o una opción muy clara el 2026 que obtenga mayoría en el Congreso, algo altamente improbable. Los actores políticos, por lo demás, están deslegitimados e híper fragmentados. En cambio, estas dirigencias empresariales y laborales que lograron firmar un pacto por la seguridad y marchar conjuntamente se van convirtiendo en actores válidos.
El jueves, en un evento en el marco del Excon 2024, Luis Villanueva, presidente de la CGTP y secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que mantiene un diálogo social muy fructífero con Capeco hace más de 20 años, planteó que ese comité de organizaciones empresariales y sindicales que había alcanzado acuerdos contra el crimen organizado debía ya pasar a vislumbrar un pacto por el crecimiento con equidad y desarrollo social. A mi juicio, eso implica la tarea mucho más difícil de discutir y acordar qué decisiones y reformas se necesitan para volver a crecer a tasas altas a fin de reducir la pobreza. Y qué hacer para reducir la informalidad y mejorar la salud, para que haya equidad y bienestar social.
Ese comité de empresarios y trabajadores hará una presentación en este CADE. Allí profundizará en la propuesta contra la inseguridad y tal vez anuncie avances hacia ese pacto económico y social. Sería revolucionario.
