Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 9 de agosto de 2019
El Comercio, 9 de agosto de 2019
El adelanto de elecciones es una arbitrariedad que no debe pasar. Por un lado, no hay razones válidas. Es cierto, como hemos señalado, que el Congreso obcecadamente incluyó dentro de la inmunidad medidas limitativas preliminares que antes no estaban cubiertas, pero neutralizó eso estableciendo un plazo perentorio de 45 días para resolver al cabo del cual, si no lo hace, “la Corte Suprema podrá presentar la solicitud ante el Tribunal Constitucional para que este la resuelva”.
Esto es un avance importante. No solo eso, añadió lo siguiente: “La inmunidad parlamentaria no puede ser invocada para suspender ni paralizar los procesos penales iniciados con anterioridad al acto de su elección”, algo que no estaba ni siquiera en el proyecto del Ejecutivo y que, según Víctor Andrés García Belaunde, cubre el 95% de los casos. El Congreso ya no podría ser un refugio de procesados como en parte es ahora.
No es lo que el Ejecutivo pidió, pero atiende el problema. El presidente debió reconocer el avance. En lugar de eso, destruyó la posibilidad de concertar una agenda de reformas interesantes –incluidas varias laborales– ya contenidas tanto en el Plan Nacional de Competitividad publicado el 28 de julio, como en el discurso de Pedro Olaechea, desairando la rama de olivo que le extendió el presidente del Congreso para trabajar juntos, algo que hubiese cambiado las perspectivas del país.
Y convierte al presidente en un ‘lame duck’ al que nadie le hará caso porque los funcionarios ya no tomarán decisión alguna. Además, enfrentado al Congreso, menos podrá manejar Tía María, proyecto clave para el futuro nacional.
Para no hablar del aborto penoso de la tan proclamada y necesaria reforma política. La única manera de tener mejores candidatos al Congreso es con distritos electorales más pequeños para conocer mejor a los postulantes, y con más tiempo. Ahora –si se aprueba el adelanto– se escogerá apuradamente a cualquiera para llenar la lista. El próximo Congreso será aun peor.
Tampoco es cierto el argumento de que hemos tenido tres años de enfrentamiento y que ya no podemos seguir dos años más en esta agonía. El Congreso actual no tiene nada que ver con el belicoso Parlamento de los dos primeros años.
Fuerza Popular ya no tiene 73 congresistas sino 54; ya no actúa como bloque opositor sistemático sino que está internamente dividida; el sector duro, que mantiene actitudes recalcitrantes, es muy minoritario dentro de la bancada; hay un sector propositivo y concertador que quiere construir un diálogo para sacar adelante reformas; la mayoría provinciana desea tener buenas relaciones con el Ejecutivo para llevar obras a sus pueblos; y una eventual salida de Keiko Fujimori, que habría aprendido de sus errores, probablemente consolidaría la decisión colaboradora de la bancada.
Por supuesto, no sería un lecho de rosas tampoco, pero una democracia jamás lo es, y habría condiciones para un trabajo conjunto. Si realmente es cierto que el umbral de tolerancia del presidente a la discrepancia política es tan bajo, tiene en todo caso dos caminos, estos sí claramente constitucionales: la renuncia o la cohabitación, a la francesa. Llamar a un primer ministro de la oposición y reservarse los sectores Defensa, Relaciones Exteriores e Interior. Quizá sería hora de probar esa salida.
